La Rioja pagará un bono de 80 mil pesos para estatales y va a la Corte contra Nación

La Rioja pagará un bono de 80 mil pesos para estatales y va a la Corte contra Nación

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció el pago de un bono de 80 mil pesos para los empleados públicos provinciales y de 50 mil para trabajadores municipales y contratados. El anuncio fue acompañado por la decisión de presentar una demanda contra el Estado nacional ante la Corte Suprema para reclamar el pago de una deuda de 9.300 millones de pesos, contemplada en los giros coparticipables del Presupuesto 2023, con un pedido de medida cautelar para que los fondos sean embargados al Tesoro nacional de forma inmediata.

“Venimos trabajando para poder dar respuesta a la difícil situación que atravesamos en el país”, abrió su mensaje Quintela, el gobernador peronista de perfil público más combativo contra las decisiones tomadas por Javier Milei, y cerró con otro contrapunto respecto de los políticas nacionales: “Mi prioridad son los trabajadores y trabajadoras de la provincia, que puedan recuperar parcialmente el poder adquisitivo y acceder a todos los derechos básicos”.

Quintela, en un mensaje a través de su cuenta en la red social X, aseguró que la posibilidad de pagar un bono para trabajadores provinciales y municipales es viable porque la provincia tiene “en orden” sus finanzas y también dijo no esquivar al clima de ajuste que ganó en las urnas en el ballottage presidencial, al advertir que para realizar el pago aplicará acciones “con respecto al achicamiento del Estado, y ajustes en gastos que no son de emergencia”.

En paralelo, el gobernador riojano irá a la Corte Suprema en busca de los fondos que ya había reclamado informalmente la semana pasada, cuando denunció que el Gobierno nacional hacía “oídos sordos” el reclamo del pago de una deuda de 9.300 millones de pesos, correspondientes a  los fondos coparticipables, y que el Ejecutivo riojano solicitaba para mejorar los salarios de los trabajadores provinciales.

“El Estado nacional debe garantizar que esos fondos lleguen para no seguir congelando sueldos, pues ya se siente y con más fuerza la desesperación e incertidumbre”, había denunciado la semana pasada. Sin embargo, Quintela tomó primero la iniciativa de anunciar una mejora salarial –a la par que insiste en rechazar las denuncia de malos manejos de los fondos públicos– y como contrapartida avanzar con la denuncia por los pagos adeudados. El bono, según dijo, cubrirá el impacto en la pérdida de poder adquisitivo hasta que se abre la negociación paritaria con los gremios estatales.

El primer acuerdo salarial alcanzado en la provincia había sido con la Policía riojana. “Les dije la situación que estamos atravesando (en la provincia) y lo entendieron. Acordamos una recomposición salarian en dos pagos porque no tenemos recursos”, contó Quintela la semana pasada.

La demanda de La Rioja al Gobierno nacional ante la Corte Suprema 

Los abogados que llevarán la demanda riojana ante la Corte son Andrés Gil Domínguez y ex legislador nacional y embajador Jorge Yoma. “Recursos adeudados y retenidos ilegalmente por el gobierno nacional a nuestra Provincia”, denunció el propio Yoma en un texto publicado en sus redes al anunciar que sería uno de los letrados que representaría a la provincia ante el máximo tribunal.

Según detalló Yoma, la demanda no será solamente por los 9.300 millones de pesos adeudados –“ejercicio 2023 (Art 83-Planilla 18) del Presupuesto Gral de la Nación”, aclara–sino que también se reclamará “el reconocimiento y actualización de 47.000 millones, pagados en su totalidad o en 12 cuotas mensuales que corresponden a La Rioja y fueron consolidados en la reconducción del Presupuesto 2024 oportunamente realizada por el Poder Ejecutivo Nacional”.

El exsenador riojano aclaró que los fondos reclamados por la provincia no integran deudas sobre “transferencias discrecionales”, que el ministro de Economía, Luis Caputo, prometió “reducir al mínimo” cuando anunció el plan de ajuste económico en la primera semana de gestión.  En ese sentido,  Yoma anticipó que la demanda contará con una medida cautelar para hacer efectivo el pago de lo adeudad por el porcentaje de Coparticipación Federal de Impuestos, con pedido de embargo al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), hasta cubrir las cifras adeudadas por la Nación a nuestra provincia.

“Dicho embargo se fundamenta en la difícil situación que sufren los hogares riojanos, cuyos ingresos disminuyeron dramáticamente por la inflación descontrolada que castiga la economía argentina… Y la necesidad impostergable de recomponer los salarios de nuestros trabajadores públicos”, sostuvo Yoma.

La moneda riojana y un nueva ley de coparticipación  

“Es importante que sepan que estas gestiones las podemos realizar gracias a que tenemos en orden nuestras finanzas y prontamente estará en uso la nueva herramienta financiera que nos permitirá ordenarnos mejor en un contexto difícil”, sostuvo Quintela al anunciar el bono para los trabajadores provinciales y municipales; al tiempo que confirmó su intención de avazar con una moneda provincial.

Quintela adelantó la semana pasada que llamaría a sesiones extraordinarias para tratar un proyecto de moneda provincial. “Hoy no llegamos ni a la primera semana después del cobro de los sueldos. Los riojanos se quedan sin plata. Por eso convoqué a sesiones extraordinarias para enviar un proyecto de ley que autorice a constituir un instrumento monetario, en caso de ser necesario”, había anticipado la semana pasada, en diálogo con Radio 10.

La Rioja ya tuvo una moneda propia en el año 1988 y otra durante el período 2000-2001. “La moneda funciona con un porcentaje en efectivo y un porcentaje en bono. Esos bonos se los recibe la provincia para el pago de los servicios, impuestos y tasas”, explicó el mandatario y señaló que deberán avanzar en negociaciones con la Cámara de Comercio provincial para que también sea recibida como forma de pago en todos los comercios.

Además, el gobernador riojano aseguró que inició conversaciones con otros mandatarios provinciales para proponer una nueva Ley de Coparticipación, que modifique la sancionada en 1988. “Se reparte solamente el 31 por ciento de la coparticipación. No se distribuye el impuesto al cheque y el impuesto país tampoco. Lo mismo sucede con las retenciones por importación y exportación”, adelantó Quintela.

El gobierno de Javier Milei también prometió modificar la Ley de Coparticipación, pero no para ampliar los impuestos que la Nación comparte con las provincias sino para invertir la relación. “Hay que transferir impuestos para que sean recaudados por las provincias y que el sistema se revierta, que sean las provincias las que banquen a la Nación”, explicaba Francos la idea de Milei durante los meses de campaña.

Esa idea que se sostiene desde el ahora Poder Ejecutivo favorecería a las provincias con mayores recursos económicos, en una lógica despojada de un acuerdo solidario entre las provincias. “Los gobernadores que aportan más de lo que reciben se quejan; y los gobernadores que reciben mucho más de lo que aportan están contentos y gastan a mansalva recursos públicos”, exponía Francos la idea de coparticipación de la ultraderecha.