Otra denuncia internacional contra Luis Petri por obstaculizar las investigaciones por crímenes de la dictadura

La diputada porteña Victoria Montenegro, de Unión por la Patria (UxP), formuló otra denuncia internacional contra Luis Petri por haber desmantelado los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) que analizaban los archivos en poder de las Fuerzas Armadas para contribuir con las causas por crímenes de lesa humanidad. En los últimos días, Petri dijo públicamente que los expertos eran un “grupo de persecución” que hacía “macartismo” entre los militares.

Montenegro hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –particularmente ante la relatoría de Argentina y la relatoría sobre Memoria, Verdad y Justicia. La legisladora describió como graves e infundadas las declaraciones del ministro de Defensa de Javier Milei y reclamó la intervención del organismo regional –que ya para el 24 de marzo emitió un comunicado recordando que no eran posibles indultos o beneficios para condenados por crímenes contra la humanidad mientras crecían los rumores de una decisión favorable para ellos por parte de la administración de La Libertad Avanza (LLA).

En su escrito, Montenegro también expresó su preocupación por lo que ocurre en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con múltiples despidos y con la decisión de desarmar el equipo que estaba al frente de la web juiciosdelesahumanidad.ar.

Días atrás, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña había hecho una denuncia ante el relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación Fabián Salvioli. Por lo que pudo saber este diario, no fue la única presentación que recibieron los funcionarios de la ONU por este tema.

Organismos de derechos humanos denuncian que la decisión de Petri de desmantelar los equipos persigue un objetivo claro: obstaculizar las investigaciones por crímenes contra la humanidad. Distintos fiscales también expresaron su preocupación ante este diario por lo que podría implicar quedarse sin los informes que hacían los expertos y que eran clave para los juicios.

Los ERyA se crearon en 2010, cuando los procesos por crímenes contra la humanidad empezaban a tomar envión. En enero de ese año, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner desclasificó la documentación de las Fuerzas Armadas referida al período 1976-1983. Desde entonces, los equipos aportaron más de 170 informes a la justicia, que sirvieron, entre otras cosas, para probar la mecánica de los vuelos de la muerte –la fase final del exterminio.

El 27 de marzo pasado, el director nacional de Derechos Humanos, Lucas Erbes, anunció el despido de diez de los trece trabajadores de los ERyA. Según denunciaron los despedidos en una conferencia de prensa, Erbes les habló de la decisión de terminar con esa política e informó que las respuestas a los requerimientos judiciales quedarían en manos de las propias Fuerzas Armadas –que en el pasado se dedicaron a “perder” documentación fundamental como el legajo de Alfredo Astiz.

En Defensa, no explican cómo piensan contribuir a las investigaciones por secuestros, desapariciones y robos de bebés. Voceros de ese ministerio hicieron saber a este diario que estaban haciendo una “auditoría” sobre los EyRA a los que acusan de haber investigado a familiares de personalidades públicas como el padre de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Los principales interesados en que no se siga aportando documentación a las causas son los imputados. En octubre pasado, durante una indagatoria, el marino Horacio Luis Ferrari –actualmente en juicio– despotricó contra la Dirección de Derechos Humanos de Defensa. Dijo que había gente de la querella entre los equipos de esa cartera. Cuatro meses después, Petri parece haber tomado nota de ese reclamo porque a Clarín le dijo que no sabía a quiénes respondían los equipos.

Desde que llegó al ministerio, Petri dijo que las Fuerzas Armadas fueron demonizadas por su accionar durante los años ‘70, se fotografió con Cecilia Pando y mandó a funcionarios –como Erbes– a la Unidad 34 de Campo de Mayo para entrevistarse con los presos de lesa. Los represores quedaron contentísimos con las gestiones.