Destitución de la Junta Nacional de Justicia: bancadas del Congreso empiezan a definir sus posiciones

La estocada final contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) podría darse el jueves 7 de marzo. Tras varias arremetidas contra este organismo, finalmente fue la denuncia constitucional 373, presentada por Jorge Montoya (Renovación Popular) ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), la que logró hacer llegar el informe final hasta el Pleno, en la que se recomienda la destitución e inhabilitación por diez años para todo ejercicio de la función pública contra los siete magistrados comprendidos en el proceso.

El Consejo Directivo del Congreso acordó que el jueves 7, desde las 10 a.m., se debata y se voten las conclusiones del informe aprobado por la Comisión Permanente. Se fijó en tres horas el tiempo de debate, a ser distribuido de modo proporcional entre los grupos parlamentarios.

Aunque la destitución de Antonio de la Haza (presidente de la JNJ), Aldo Vásquez Ríos (vicepresidente), Imelda Tumialán, María Zavala e Inés Tello De Ñecco parece inminente, aún hay un último obstáculo que las fuerzas dentro del Congreso de la República, que buscan debilitar a la institución encargada de nombrar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales, tienen que librar: el mínimo requerido de votos para aprobar la acusación constitucional y la suspensión.

Hay que resaltar que el proceso de denuncia constitucional involucra a siete personas. A los cinco consejeros mencionados anteriormente se le suman Henry Ávila Herrera, quien renunció tras declaraciones de Jaime Villanueva Barreto, quien lo involucraba en presuntos ilícitos. También contra Guillermo Thornberry, cesado por decisión del Tribunal Constitucional (TC), que a su vez reconoció el derecho del excongresista Marco Tulio Falconí como integrante de la JNJ, hoy ya juramentado. Estos dos primeros compartirían la misma suerte que el resto de magistrados, si la fuerza de los votos así lo determina.

Cien legisladores habilitados

En cuanto a los votos necesarios para la aprobación del informe final, un dato importante es que la Comisión Permanente está conformada por 30 congresistas, estos no pueden votar en el Pleno, por lo que solo cien legisladores se encuentran habilitados para ejercer su voto.

Para la inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública, de acuerdo con el artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, se establece que este se podría aprobar con 66 votos: “El acuerdo aprobatorio de sanción de suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional, en un juicio político previsto en el primer párrafo del artículo 100 de la Constitución, se adopta con la votación favorable de los 2/3 del número de miembros del Congreso, sin participación de la Comisión Permanente”.

En tanto, para la aprobación de la acusación por comisión de delitos, el reglamento indica que se “requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin participación de los miembros de la Comisión Permanente”. Es decir, se necesitarían 51 votos.

En su presentación del informe final, el parlamentario Esdras Medina detalló que el documento recomienda que el Ministerio Público analice la posible comisión de ilícitos penales que involucrarían al no aforado Juan Carlos Cortés Carcelén, actual secretario general de la JNJ.

Seis bancadas con voto seguro

Ya en el terreno de los votos, son seis las bancadas que votarán en bloque a favor de la destitución e inhabilitación de los miembros de la JNJ: Perú Libre (12), Fuerza Popular (22), Acción Popular (7), Renovación Popular (9), Avanza País (9) y Unidad y Diálogo, aunque esta última se encuentre cerca de su disolución tras la renuncia de Luis Cordero Jon Tay. Descontando los parlamentarios que ya ejercieron sus votos en la Comisión Permanente, este bloque duro solo alcanzaría los 46 votos.

Le faltaría cinco votos para llegar a los 51 y aprobar la acusación por la comisión de delitos.

Lo más complicado sería llegar a los 66 votos mínimos requeridos para la suspensión e inhabilitación de los magistrados. Habría una diferencia de 20 votos que obligará al fujimorismo y sus aliados a salir a buscarlos y tocar la puerta de las fuerzas que aún están indecisas y la de los no agrupados, quienes pese a ejercer un trabajo individual presentan coincidencias.

“Nuestro voto es por la inhabilitación de los miembros de la JNJ”, dejó en claro Kelly Portalatino, de Perú Libre. En tanto, el vocero del fujimorismo, Eduardo Castillo, defendió el voto colegiado que tendrán al denunciar una complicidad de los magistrados de la JNJ: “Tomaron decisiones por unanimidad, lo cual los hace a todos cómplices de sus decisiones”.

El caso de Acción Popular es particular porque de las seis bancadas mencionadas, es la única que juega a declarar que aún decidirán el sentido de su voto, pero apoyaron el informe en la Comisión Permanente y cuando declaran a título personal se muestran a favor de sancionar a la JNJ. “No queremos que cada uno vote como le dé la gana, tomaremos una decisión de bancada”, declaró Darwin Espinoza.

La postura de Renovación Popular es ir en bloque: “Es obligación del Congreso velar por el cumplimiento de la Constitución. Los magistrados se creen intocables”, dijo el vocero Jorge Montoya.

Desde Avanza País, Alejandro Cavero mencionó que se debe aprovechar la eventual sanción para “una reorganización total de la JNJ”.

Unidad y Diálogo podría desaparecer, pero sus integrantes mantendrán la posibilidad del voto a favor.

Bancadas divididas y no agrupados serán claves

Los no agrupados podrían jugar un rol clave en este proceso. Si bien son congresistas que no responden a una estructura de bancada, existen coincidencias entre ellos.

En total son 17, de los cuales —de acuerdo a cálculos de La República— podrían aportar siete votos a favor, específicamente de los exacciopopulistas: María del Carmen Alva, Carlos Alva, Ilich López, Edwin Martínez, Silvia Monteza Facho, Juan Carlos Mori y Karol Paredes.

Con ello, se alcanzarían los 51 votos para la aprobación de la acusación por la comisión de delitos, pero se quedarían a 13 votos de la suspensión e inhabilitación.

Estos votos tendrían que buscarse de Alianza para el Progreso (11), Somos Perú (5), Podemos Perú (9) y Bloque Magisterial (9), de los cuales solo contando a los parlamentarios habilitados para votar se tiene 25.

De esos 25 votos, analizaremos cada caso.

Alianza para el Progreso (APP) podría no apoyar la destitución a los magistrados de la JNJ. En octubre del 2023, César Acuña sentó postura y dijo que su bancada no apoyaría la remoción de los miembros de la JNJ. Se siguió esta línea para rechazar el apoyo a la convocatoria de un Pleno extraordinario para seguir con la destitución. Sin embargo, Lady Camones ha apoyado con sus votos al avance del informe final. Aquí habría una mayoría en contra.

Somos Perú apoyó el informe a través de Héctor Valer, así consta en su votación en la Comisión Permanente. Los otros cuatro no necesariamente estarían a favor. En cuanto a Podemos Perú, en su mayoría rechazarían el golpe a la JNJ, salvo el vocero José Luna Gálvez, quien ya ejerció su voto en la instancia anterior.

Por el lado del Bloque Magisterial también habría un voto diferenciado, ya que no existe una sola postura definida: “Si se destituye a los magistrados de la JNJ, hay suplentes que los reemplazan. El proceder del Congreso es constitucional. La justicia se ha politizado, aquí no hay buenos y malos”, refiere Edgar Tello.

Los que votarían en contra

Finalmente, la bancada de Cambio Democrático votaría de forma unánime en contra del informe: “Hay una correlación de fuerzas para retirar a los miembros de la JNJ”, dijo Ruth Luque, vocera de Cambio Democrático-JPP. Desde Perú Bicentenario se tendría la misma postura: “Solo estamos debilitando la confianza de la gente en sus autoridades, no hay garantías en la vía judicial”, refirió Jorge Marticorena.

¿Cómo se procederá en el Pleno?

En la sesión plenaria, al igual como ocurrió en la Comisión Permanente, los siete magistrados comprendidos en la denuncia tienen el derecho de acudir solos o junto con sus abogados a ejercer su defensa. En la última sesión del lunes 27, solo intervinieron Antonio de la Haza (presidente de la JNJ) y Aldo Vásquez Ríos (vicepresidente), además de los abogados acreditados Samuel Abad y Omar Cairo. Se planteó una defensa institucional, más que individual.

En la Comisión Permanente, cada caso se votó por separado, pero en el Pleno solo se hará de esta forma si existe un pedido expreso para ello: “Si un congresista solicitara, como consecuencia de la pluralidad de denunciados, que una acusación sea votada por separado, el presidente accederá a su petición, sin debate”, se detalla en el reglamento.

De aprobarse la recomendación del informe, el “expediente con la acusación constitucional es enviado al fiscal de la Nación, quien procederá conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución”. En lo referido al juicio político, tienen un efecto inmediato y los magistrados no podrían ejercer cargos públicos por diez años. Con ello, se concretaría el golpe a la JNJ.