Qué ha pasado realmente con la pobreza bajo el mandato de López Obrador

Una mujer cocina en una estufa de leña en Veracruz, en 2022.

El Gobierno mexicano saliente ha elegido como uno de sus argumentos centrales para defender su gestión la mejora en los indicadores de pobreza. No ya respecto al catastrófico año de 2020, determinado por la pandemia, sino a la situación con la que inició su mandato. En la medida en que la candidata que lidera la carrera presidencial abandera esta herencia, esta precampaña es un momento óptimo para entrar a fondo en la evolución de la pobreza durante este tiempo, calibrando en su justa medida qué ha cambiado, qué podemos afirmar, qué dudas quedan, y (hasta donde lo permitan los datos) cuáles son las fuentes de este cambio.

Medir la pobreza es una tarea compleja por al menos dos razones. La primera es el tiempo: una persona o un hogar puede estar en situación de pobreza en un momento dado pero no en otro. Pero alguna referencia temporal hay que escoger. México opta por hacer una encuesta cada dos años que pregunta a miles de individuos que conforman una muestra nutrida, representativa tanto de personas como de hogares, por ingresos detallados durante los meses de referencia en ese año y luego reporta valores. Esta encuesta, la ENIGH por sus siglas, es ardua, costosa, meticulosa, produce millones de datos a depurar, limpiar, procesar. Esto introduce además un retraso inevitable entre el momento en que se mide y en el que se reporta. Actualmente conocemos los datos hasta 2022, así que solo podemos llevar nuestro análisis hasta aquí (la de 2024 se conocerá en 2025).

La segunda dificultad, que de hecho justifica lo complejo del instrumento de medición estriba en el propio concepto que nos ocupa: ¿quién es pobre? ¿Quién no? Quizás es más fácil empezar por quién no lo es. No es pobre quien no presenta dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Podríamos simplemente preguntarle a la gente si puede cubrir estas necesidades. Efectivamente, la encuesta pregunta por una serie de carencias básicas. Y mientras resulta que los dos tercios de mexicanos que presentan al menos una carencia ha bajado ligeramente, ha subido el volumen que presenta tres o más.

La carencia más frecuente es el acceso a la seguridad social (lo cita la mitad de la gente), pero la que más ha subido es la carencia de salud (del 16% en 2018 al 39% en 2022), posiblemente al hilo de la profunda reforma emprendida por el gobierno respecto al seguro de salud.

Pero no está claro que el criterio subjetivo sea suficiente. Por una parte, presentar una sola carencia en un momento puntual no parece criterio mínimo para asumir situación completa de pobreza. Además, resulta casi presuntuoso considerar que se van a lograr codificar todas las necesidades, por básicas que sean, en una encuesta. Por último, al final a estas necesidades se accede en la mayoría de casos a través del intercambio monetario. Así que parece lógico incluir también esta dimensión más fácilmente cuantitativa en la medición de la pobreza. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o Coneval, es el organismo público pero independiente que emplea la encuesta y el precio de la canasta básica para definir dos umbrales. Por debajo del primer umbral se considera que la persona está en una situación de vulnerabilidad monetaria moderada, pero hay otro más abajo todavía identificaría casos de privación monetaria severa.

Si estás por debajo del umbral y además declaras al menos una carencia, el estado mexicano te considera en situación de pobreza. Pero si solo estás por debajo del umbral, o solo declaras carencias sin ingresos por debajo del mismo, no clasificas como tal. Así, Coneval puede distinguir entre cuatro grupos: quienes disponen de ingresos suficientes y no declaran carencia alguna (los bienestantes, digamos); quienes sí declaran carencia pero la base monetaria no está por debajo del umbral (a quienes no les alcanza); los que sí lo están pero sin carencia declarada (a quienes sí les basta lo poco que ingresan); y por último los pobres.

Aquí está el dato que buscábamos: el descenso de la proporción de personas en situación de pobreza entre 2018 y 2022 en un volumen sustancial y casi completamente atribuible al cambio en la pobreza moderada, con la extrema en mantenimiento. Esos 5,6 puntos de mejora son casi idénticos a los 6,4 puntos que pasaron a cobrar más que el umbral de ingresos (de hecho, la diferencia entre ambos es estrictamente la cantidad de personas que mejoraron ingresos sin haber tenido antes carencias: 0,8 puntos). En contraste, la cantidad de personas que salieron de situación de carencia fue de 2,6 puntos. Ese es el potencial máximo de las carencias para aportar a la reducción de pobreza: como ya destacó Viri Ríos, la mejora observada en México va sobre todo de ingresos.

¿Mejoran los ingresos o la medición?

No existen instrumentos de medición perfectos, y la ENIGH tampoco lo es. El esfuerzo que se hace en su trabajo de campo para capturar los ingresos que recibe cada hogar es muy considerable: pregunta y codifica cada fuente por separado, desde lo que entra por un sueldo hasta la llegada de una beca, o de un donativo o ayuda de una institución u hogar. Son decenas. Luego, además de los datos totalmente desagregados, el INEGI ofrece unas tablas en las que agrupa estos ingresos por trimestres y categorías, en miles de pesos corrientes. Con ello produce un valor de ingresos corrientes de los hogares. Una manera de aproximar hasta qué punto esta medida de ingresos se ajusta o no a la realidad es emplear otras similares, o que la pueden contener, como referencia. El economista Rodolfo de la Torre propuso hace poco el ingreso nacional disponible que el INEGI ofrece en las cuentas nacionales, destacando que la ratio entre ambos valores en 2022 fue superior que en 2020, 2018, 2016.

Si asumimos que no ha habido cambios significativos en la recogida de las cuentas nacionales, esto podría sugerir (como señala el propio Rodolfo de la Torre) que por alguna razón indeterminada la ENIGH capturó mejor los ingresos de la población mexicana en 2022 que en años anteriores. Es cierto que la variación es pequeña, lo suficiente como para caer dentro del margen del ruido estadístico. Pero investigadores del Programa Universitario de Estudios en Desarrollo de la UNAM usaron otro punto de comparación, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (otra de las grandes fuentes del INEGI, en este caso dedicada sobre todo a seguir las dinámicas del mercado laboral) para hallar un resultado similar, centrado sobre todo en la población de menor ingreso: precisamente aquella que es susceptible de caer por debajo o por encima del umbral de pobreza.

Es posible que la foto de la ENIGH de 2022 se parezca más a la realidad que las anteriores, y de ser así la bajada de la pobreza no habría sido tal, sino que simplemente antes ésta quizás se sobrestimaba. Pero con estos datos es imposible ofrecer nada más que una nota de cautela, de tamaño además indeterminado: de haber sucedido, no sabemos qué parte del cambio de la tasa de pobreza corresponde a la mejor foto de los ingresos y cuál a un incremento real de los mismos. De hecho, que en la comparación con la ENOE la mayor mejora en la ratio de cercanía se produzca precisamente en el 20% de menor ingreso, que no es donde se concentra la mejora total de ingresos (son los grupos con ingresos inmediatamente superiores aquellos que se ubican en el entorno del umbral de pobreza moderada). Todo esto nos lleva, pues, a relativizar los resultados que ahora veremos, pero sólo hasta cierto punto, y sobre todo a esperar con especial atención los datos de 2024 para observar si el acople con los datos de referencia se mantiene o cambia junto a la evolución de la tasa de pobreza.

Trabajo, más que programas del Gobierno

Entrando ahora al meollo de la pregunta inicial: de estar sucediendo, ¿de dónde estarían llegando estos nuevos ingresos? Volvamos a la comparación entre 2018 y 2022, pero ahora observemos el conjunto de ingresos corrientes recogidos por la Encuesta y clasificados en las distintas fuentes. Hagámoslo, eso sí, dividiendo a los hogares según su nivel de ingreso total, en diez grupos idénticos. De esta manera podemos observar si los hogares más pobres presentan diferencias en el origen de sus nuevos ingresos en comparación con los más ricos.

Para todos menos para el top 10% el trabajo subordinado es la principal fuente de crecimiento. Le siguen los beneficios de programas gubernamentales, así como (para las rentas más altas) las jubilaciones y el trabajo independiente. Esto nos ayuda a acotar el papel que pueden haber jugado los nuevos programas activados bajo el mando de López Obrador, mucho más que cualquier efecto indirecto de un gobierno en la propia actividad privada (siempre muy incierto y casi imposible de demostrar). El grupo de ingreso medio-bajo es el que más nos interesa para responder a la cuestión de qué ha aportado más para sacar a gente de la pobreza: el 50% de los hogares que más cobra tendrá probablemente a sus miembros a salvo de la misma; y el 10% que menos cae en los entornos de la pobreza extrema, que por desgracia no ha mostrado mejora alguna. Así, nos podemos quedar con el 40% entre ambos extremos, la clase media-baja. Y sí: 4 de cada 10 pesos que ha entrado en estos hogares en 2022 y no estaban en 2018 vienen, parece, de los sueldos. A renglón seguido, casi 2/10 vienen de beneficios que antes no existían. Muy por encima del peso del trabajo independiente, las jubilaciones, los donativos, o las remesas del extranjero.

En contraste, las transferencias en especie de instituciones ha restado, representando el cambio que los sistemas de apoyo público a los hogares han atravesado durante la 4T, y moderando sensiblemente el peso que le podemos atribuir al papel gubernamental. La propia Coneval ofrece una estimación sobre cómo de distintas serían las tasas de pobreza en un mundo sin ningún tipo de programas o transferencias públicas: una pobreza moderada de 36,9% se convertiría en un 39%; y el 7,1% de extrema se volvería un 8,9%. Efectos moderados, y no sustancialmente distintos a los observados en 2018, antes de la 4T.

Esto, de hecho, quizás ayuda a entender por qué no se ha reducido más la pobreza severa: si cambiamos la óptica del volumen total de ingresos a la cantidad de hogares que reciben algún ingreso, cualquiera que sea, de alguna de estas fuentes, veremos que para el 10% más pobre el acceso a ingresos del empleo solo llega a tres cuartas partes del total, y el porcentaje de los que reciben beneficios o transferencias del gobierno o de instituciones ha bajado.

En contraste, el grupo de ingreso medio-bajo ya contaba con unas tasas de recepción de ingresos por empleo notablemente altas, y sobre esto ha añadido un acceso mejorado a transferencias (beneficios) de programas de gobierno.

Aquí se empieza ver el último rasgo que vale la pena destacar sobre la evolución 2018-22: pese a la reducción de la cantidad de personas en situación de pobreza, parece claro que la mayoría de nuevos ingresos no han ido a los que menos tienen.

La ineficacia del gasto adicional

En las tablas anteriores se observaba cómo había bajado la tasa de hogares de menos ingresos que recibía alguna transferencia gubernamental mientras incrementaba sensiblemente la de ingresos medio-bajos, justo hasta la mediana de la distribución de ingresos. Pero es que para el restante 50% este porcentaje ha aumentado más todavía: si en 2018 un 18% de los hogares de la mitad que más ingresa de México recibía algún beneficio de programa público, hoy es el 30%. En consonancia, el volumen total de ingresos reales provenientes de esta fuente ha aumentado más para los perfiles de ingreso medio-alto.

Coneval pintó en su informe del año pasado esta misma gráfica pero en promedio per capita para cada nivel de ingresos, y el resultado es el mismo. Como resultado, mientras el ingreso por trabajo remunerado ha subido en proporción mucho más para quien menos tiene (apoyado con toda probabilidad por el empuje del salario mínimo), con las transferencias ha sucedido justo lo contrario.

Cabe decir que el sistema mexicano ya destinaba más transferencias absolutas a quienes más tenían según este indicador: es decir, los problemas de focalización del gasto público ya existían antes de la 4T. El gobierno saliente no le ha dado la vuelta a un sistema perfectamente eficaz y progresivo que nunca existió, pero en su afán por la producción de resultados sí ha profundizado sus problemas de falta de foco. Para un resultado que, en suma, tiene mucho más que ver con el trabajo remunerado que con las transferencias. Siendo que la pobreza extrema, aquella que necesita realmente del foco específico, apenas se modificó, quizás vale la pena aprovechar el nuevo ciclo político para reflexionar sobre el dilema entre llegar pronto o llegar mejor.

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