La ley ómnibus no pone segunda y sigue trabada en el Congreso

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Memen, y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Un fantasma recorre los pasillos del Congreso y es el fantasma de la dilación del debate de la Ley Ómnibus. El cuidadoso cronograma trazado por Casa Rosada ya es historia: nadie en la oposición – ni la oposición más oficialista – considera que la próxima semana se llegará a dictaminar el proyecto. El paquete fiscal ni ingresó todavía en la Cámara de Diputados y lejos está aún de terminar de resolverse la letra chica con los gobernadores. Y la interna desatada al interior de La Libertad Avanza no hace sino sumar dolor de cabeza a propios y aliados, generando un clima de hastío que no ayuda a las negociaciones. En la oposición amigable descuentan que hay voluntad para acompañar la nueva ley de Javier Milei, pero que, en cambio, no observan el mismo interés por parte de un oficialismo “más preocupado por sus peleas internas que por llegar al 25 de mayo con una ley”. El malestar de unos, sin embargo, es provecho de otros, y allí está el peronismo observando con atención la demora, atento a voltear el DNU cuando se le de la posibilidad.

La ruptura del bloque libertario fue la gota que colmó el vaso. La oposición dialoguista – esa mezcla de radicales oficialistas, pichettistas y macristas que podrían garantizarle al gobierno la aprobación de su ley – observa con incredulidad la secuencia de la última semana, que comenzó con el escándalo por la presidencia de la comisión de Juicio Político, siguió con el descabezamiento de Oscar Zago como jefe del bloque oficialista y finalizó con el propio Zago rompiendo el bloque y yéndose a armar, con otros dos diputados del MID, un espacio propio. “En cuatro meses no metieron ni una ley, ni un gol, y ahora se ponen a jugar a la interna”, se quejaba un experimentado legislador de Hacemos Coalición Federal que, como varios dirigentes en las últimas 48 horas, expresa hartazgo por la nueva novela en la que se encuentra involucrado el gobierno nacional.

Según los planes originales del gobierno, la semana que viene, puntualmente el miércoles 17, iba a comenzar el debate en comisión de la Ley Ómnibus y el paquete fiscal. Esto incluía: la declaración de emergencia administrativa, económica, financiera y energética – con sus respectivas facultades delegadas – por un año; la privatización de 18 empresas públicas; la eliminación de la última moratoria previsional; la restitución del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores que cobren más de 1,8 millones de pesos, entre otras reformas. Pasó el tiempo y, sin embargo, la presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo de Martín Menem – que viene de liderar el levantamiento interno que derivó en la partida de Zago -, aún no convocó. Sí convocó, en cambio, a otras 15 comisiones para conformarse (entre las que se encuentra la de Juicio Político).

“A este ritmo no llegan al 25 de mayo. Ellos piensan que nosotros les vamos a dar el okey por fuera del Congreso y que después va a ser un paso exprés por la comisión, y no es así”, se queja otro diputado de la línea de la oposición amigable. En efecto, si bien reconocen que la nueva versión de la Ley Ómnibus es “superadora”, la UCR y HCF señalan que todavía hay artículos que no tienen consenso y que, de no modificarse, podrían caerse en la votación particular.

Semáforo opositor

Uno de los artículos más cuestionados del nuevo borrador de la Ley Ómnibus es el 70, que faculta al Poder Ejecutivo a derogar o modificar leyes que “generen distorsiones del mercado”. Este artículo, que es conocido en las filas opositoras como “la facultad delegada escondida”, es, hoy por hoy, “invotable” tanto para la UCR como HCF.  “Es una facultad demasiado amplia para dársela a Milei”, explican en ambos sectores, que vienen reclamándole al gobierno que limite sus alcances.

Las privatizaciones son otro capítulo delicado. Si bien el gobierno redujo de 41 a 18 la cantidad de empresas públicas a privatizar e, incluso, las diferenció dependiendo si habilitaba su privatización total – como el caso de Aerolíneas Argentinas o AYSA – o parcial – como el caso de Nucleoeléctrica -, sigue habiendo resquemor en algunos sectores del radicalismo por una en particular: el Banco Nación. El proyecto sostiene solo la posibilidad de una privatización parcial para el Banco Nación – es decir que el 51 por ciento de las acciones tienen que quedar en manos del Estado -, pero son varios los diputados radicales que no quieren saber nada con la posibilidad de su privatización y presionarán para que se quite al banco del listado.

Hay, por otro lado, otros temas que vienen con el número muy finito y que, de no  diseñarse algún tipo de rompecabezas legislativo – con ausencias estratégicas y abstenciones elocuentes -, podría derivar en un rechazo en la votación en particular. Una es el caso de las facultades delegadas, que ya habían generado dolor de cabeza durante el primer debate. En este caso, a los 109 votos negativos de base – compuestos por los 99 de Unión por la Patria, los cinco del FIT, los dos socialistas santafesinos, los dos santacruceños que responden a Claudio Vidal y Natalia de la Sota – hay que sumarle los 6 de la Coalición Cívica y, probablemente, entre 5 y 15 votos radicales.

Los votos radicales serán claves a la hora de definir qué artículos se caen y cuáles no. Y es que si bien la línea De Loredo está enfocada en permitir que la ley se apruebe, este sector representa muchos menos votos que cuando la ley se debatió en febrero. Están, por un lado, los nueve diputados críticos al gobierno que responden a Facundo Manes: Pablo Juliano, Fernando Carbajal, Pedro Galimberti, el chaqueño Gerardo Cipolini, el correntino Manuel Aguirre, los dos jujeños, entre otros. Y está, por el otro, los seis diputados que le responden a Martín Lousteau. Ambos sectores suman un total de 15 diputados radicales críticos al gobierno que podrían terminar haciendo caer algunos capítulos. Uno de ellos es el de facultades delegadas, pero también otros, como el que deroga la moratoria previsional de hace dos años.

La reforma laboral es otro motivo de debate. La UCR presentó una contrapropuesta a la reforma de LLA que se encuentra en el DNU 70/2023 – y que está suspendida por la Justicia – que, de conseguir el aval del oficialismo, se sumaría al dictamen final de la Ley Ómnibus. La propuesta del radicalismo es más digerible para otros sectores de la oposición, como HCF, pero estos insisten en que el problema es, una vez más, que el oficialismo no convocó a una mesa de diálogo institucional. El gobierno los convocó, sí, una vez en Casa Rosada, pero el debate en el Congreso aún no comenzó. Y todo indica, por ahora, que no comenzará en la brevedad.

Objetivo: voltear el DNU

Mientras el gobierno nacional amaga con dilatar los tiempos, el peronismo cuenta votos para voltear el DNU. La última semana, durante una jornada con especialistas que denunciaban la inconstitucionalidad del mega decreto presidencial, UxP dio una muestra de fuerza con el socialismo, la izquierda y el radicalismo. Proyectando las presencias de los diputados que habían participado del encuentro – entre los que se encontraban Margarita Stolbizer y algunos radicales de Manes -, UxP especula que podría sumar, más los de Lousteau, unos 122-124 votos.

“Estamos muy cerca, nos falta muy poco”, sostienen los más optimistas que insisten en que, de convocarse a una sesión para voltear el DNU, tendrá que ser en la próxima semana. Sí o sí, explican, tiene que darse antes de la Ley Ómnibus porque después será imposible.