¿Efecto boomerang? Señalamientos electorales de AMLO en 2006 resuenan en 2024

Las dos posiciones de López Obrador sobre la intervención del presidente han saltado por su actual injerencia en el proceso.

El tema de las intervenciones del presidente en las elecciones es histórico en México, lo es desde la época de la hegemonía priista, sin embargo, a partir de la reforma al artículo 134 constitucional, la cual entró en vigor, el 13 de noviembre del 2007, los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, tuvieron un marco que los regulara y ambos recibieron dos llamados de atención de la autoridad electoral sobre posibles violaciones a esta norma. El antecedente directo es que en el año 2006, el candidato Andrés Manuel López Obrador solicitó la anulación de la elección presidencial por diversas irregularidades, entre ellas, por las declaraciones del presidente Vicente Fox al intervenir en la competencia a favor de su candidato, Felipe Calderón. Lo cual detonó en la reforma electoral 2007-2008 y con ello, en esa nueva redacción constitucional.

Las quejas de AMLO que dieron origen a una reforma En 2006, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que Fox intervino en los comicios realizados en ese año, sin embargo, concluyeron que ello no fue determinante para el resultado de la elección. “Las declaraciones analizadas del presidente de la República, Vicente Fox, se constituyeron en un riesgo para la validez de los comicios que se califican’, determinaron los magistrados. El expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, recuerda en su cuenta de X que tras el llamado del árbitro electoral, Fox “se calló la boca”. “Fox fue imprudente pero jamás intervino con la intensidad con que lo ha hecho ahora AMLO y se ‘calló la boca’ cuando el IFE se lo mandató en febrero de 2006 mediante un acuerdo de neutralidad. No obstante, fue uno de los argumentos centrales de la demanda de nulidad. “Fox argumentaba –igual que López Obrador ahora– que tenía derecho a defenderse, que México era un país de libertades. No obstante, el AMLO de entonces le gritó “cállate chachalaca”, resalta en la red social. Ugalde remarca que en 2024 el Ejecutivo Federal no solo ha intervenido más que Fox, sino de manera más abierta y, a diferencia de 2006, ahora la Constitución sí prohíbe ese activismo. Incluso, explica que hay decenas de resoluciones y sentencias de las autoridades electorales que validan que AMLO ha violado la ley. “AMLO 2024 debe callarse porque AMLO 2006 se lo exige. Y si eso no es suficiente, AMLO 2024 debía callarse para evitar que la elección se anule en perjuicio de la candidata de su partido (la que encabeza hoy las encuestas)”, remata el director de la consultora Integralia, quien condujo al IFE entre 2003 y 2006 y por lo tanto el proceso electoral 2006, que fue criticado por López Obrador. ¿Qué dice el artículo 134 constitucional? Con la reforma al 134 constitucional, el legislador estableció criterios para que los servidores públicos se abstuvieran en la etapa electoral, de promover acciones gubernamentales, hacer uso indebido de los programas sociales, y en general, para que mantuvieran una actitud de neutralidad frente a la contienda. Ello, dado que la vulneración sistemática de estos principios, hace que la equidad de la próxima elección se encuentre afectada. El artículo 134 obliga a los servidores públicos “a aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos”. Mientras que el artículo 41 constitucional establece que durante las campañas electorales “deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental”. Piden neutralidad electoral a AMLO Al día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con más de 40 “señalamientos”, indican 25 exconsejeros, exmagistrados y excomisionados, en una carta dirigida a la opinión pública, titulada “Neutralidad electoral en el servicio público”. Además, detallan que las violaciones a la norma son sistemáticas, la impunidad es evidente “y la apuesta de reventar la ley también”. “No es justo que los servidores públicos aprovechen su condición de autoridad para afectar la equidad en la contienda. No sólo no es justo, está en la ley. Hacemos un llamado enérgico para que los titulares de los poderes ejecutivos, no sólo a nivel federal, sino estatal y municipal, se conduzcan bajo parámetros de neutralidad consagrados en la Constitución”, resaltan. En el texto firmado entre otros por los expresidentes del IFE-INE, José Woldenberg, Leonardo Valdez, Lorenzo Córdova, establece que el titular del ejecutivo “insiste” en que por encima de la ley está la justicia, sin entender que la autoridad aplica la ley precisamente para procurar justicia. Reconocen que la búsqueda de la neutralidad electoral de los servidores públicos ha sido una constante, tanto en la construcción de las normas como en el accionar de las autoridades electorales. “La idea de la neutralidad surge de la inconformidad de los actores políticos respecto de las expresiones que los funcionarios públicos emitían en las contiendas electorales. La percepción era que la equidad se dañaba”, indican. También firman la carta los exconsejeros Ciro Murayama, Marco Baños, Benito Nacif, Arturo Sánchez, María Marván, Jaime Cárdenas, Alfredo Figueroa, José Roberto Ruiz Saldaña y Jacqueline Peschard, así como los exmagistrados María del Carmen Alanís, Fernando Ojesto Martínez Porcayo, José de Jesús Orozco Enríquez, entre otros. El IFE-INE actuó en su momento El exconsejero electoral Arturo Sánchez recuerda que previo a la elección federal, en diciembre del 2005, el presidente Vicente Fox realizó una serie de pronunciamientos que afectaban la contienda en marcha. “Recuerdo que en su momento el IFE habló con la Secretaría de Gobernación para que bajaran propaganda gubernamental que no cumplía la ley”, refiere en entrevista. Resalta que tras la reforma electoral del 2007, se establecieron los criterios y el Instituto atendió las quejas que presentaron los partidos políticos, pero “nunca se había llegado a una situación como la actual (con López Obrador), porque el Ejecutivo no había sido tan ostensiblemente y reiteradamente violador de lo que hoy dice el artículo 134 constitucional y no había sido necesario pasar más allá de eso”. Actualmente, añade Sánchez Gutiérrez, es evidente que el INE ha dictado cualquier cantidad de medidas cautelares contra el Ejecutivo federal y que hay una queja permanente contra él, debido a su actuación. “El INE lo que ha hecho es dictar medidas cautelares. El Tribunal lo que ha hecho es ratificar y decir que se ha violentado la ley, pero el presidente no acata este tipo de llamados”, establece el exconsejero. Arturo Sánchez refiere que en 2006, la Sala Superior determinó que en efecto, hubo una intervención del presidente Fox en la elección, pero que no fue determinante para su anulación. “Pero, lo que hizo Fox fue mínimo en relación con lo que está haciendo el presidente (López Obrador)”, establece el también académico, quien considera la intervención del Ejecutivo Federal en la contienda en curso debieran ponerse en cuenta sobre la mesa. “Si el presidente de la República insiste en hacer lo que está haciendo que es incidir en la equidad de la contienda de forma reiterada y sistemática como lo hace a través de las mañaneras podría ser considerado por el Tribunal en su momento para determinar si fue importante ese tipo de participaciones para el resultado electoral y si fue así, si debe sostenerse o no, pero eso ya lo determinará el Tribunal más adelante”, acota. Catálogo de conductas El exconsejero Sánchez Gutiérrez destaca la importancia de que la Sala Superior haya determinado realizar un catálogo de conductas violatorias a la ley electoral, para ser consideradas durante la calificación de la elección del 2 de junio. Ello, luego que el 28 de febrero, una mayoría de magistrados de la Sala Superior echaron para atrás la creación de un expediente respecto de las intervenciones del presidente López Obrador y de los servidores públicos en el marco de la elección federal en marcha; sin embargo, sí acordó impulsar un catálogo que incluya las sentencias firmes respecto de las infracciones en que han incurrido todos los servidores públicos, en cualquier elección. Seis días antes, el jueves 22 de febrero, la magistrada Janine Otálora había propuesto la creación del cuaderno auxiliar, al recordar que el presidente y los gobernadores no pueden ser sancionados directamente por la Sala Superior. Su propuesta, fue rechazada. “Mi propuesta de abrir un cuaderno de antecedentes, un cuaderno auxiliar vinculado con el dictamen de la calificación presidencial, en la cual se vayan registrando todas las sentencias, todas las resoluciones emitidas por diversos órganos y autoridades, en los que se acreditó de manera definitiva que cualquier titular de un poder ejecutivo violó un principio fundamental en nuestra democracia que es el de la equidad”, resaltó Otálora en su momento. El mismo 28 de febrero, la Sala Superior ratificó la sentencia de la Sala Regional Especializada que determinó la existencia de las infracciones relativas a promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, así como la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda atribuidas al presidente de la República, con motivo de diversas manifestaciones realizadas en el evento denominado “5º aniversario del triunfo democrático del pueblo de México”. El pleno consideró que el discurso se emitió con fines propagandísticos, cuyo objetivo o finalidad fue la “adhesión o aceptación” de la ciudadanía respecto de la administración pública federal que encabeza, por lo que no puede ampararse en un ejercicio de libertad de expresión. Y ordenó que se implemente un catálogo de sujetos sancionados, en el cual se ordenen y sistematicen aquellas resoluciones firmes que declaren la existencia de alguna infracción. PAN, presenta 70 denuncias contra AMLO Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el Consejo General del INE, resalta que su partido ha presentado cerca de 70 denuncias y quejas contra AMLO, de las cuales en más de 40 se han aplicado medidas cautelares. “Son ya cerca de 70 denuncias y quejas que hemos presentado en contra de la intervención del presidente que vulnera en todas esas ocasiones el 134 constitucional”, añade en entrevista. Hace hincapié en que ningún servidor público puede intervenir de ninguna manera, en un proceso electoral, razón por la que el INE ha tenido que tomar cartas en el asunto. Y es que el mandatario federal se ha dedicado a vulnerar la Constitución y la ley electoral y lo peor, lo hace en televisión abierta, razón por la que el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de su Comisión de Quejas y Denuncias, lo ha conminado en más de una ocasión a ajustar su conducta a la Constitución y a las leyes y electorales. Quejas contra AMLO De enero a la fecha, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, ha ordenado al presidente López Obrador modificar o retirar 12 conferencias mañaneras por la presunta vulneración a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda federal en marcha. Además, en algunas ocasiones, ha reiterado su llamado para que se abstenga de hacer comentarios sobre el proceso electoral. Este 8 de abril, luego de sendas denuncias de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), la Comisión le ordenó retirar o modificar cinco conferencias mañaneras de los días 7,11,12 y 22 de marzo, así como la del 1 de abril. Antes, el 26 de marzo, esos mismos partidos políticos presentaron una denuncia y el INE pidió al Ejecutivo Federal modificar o eliminar las conferencias matutinas realizadas los días 6, 7, 8 y 9 de enero, la del 2 de febrero y las del 4 y 6 de marzo. “Están los del INE muy estrictos, están como la inquisición. Ahora acaban de resolver que yo no hable aquí de oligarquía corrupta, no voy a poder hablar de oligarquía corrupta”, se quejó en esa ocasión el mandatario federal al inicio de su conferencia matutina.

Retiro de versión estenográfica El 27 de enero, el PAN denunció al Titular del Ejecutivo Federal y a quienes resulten responsables, por la presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así como uso indebido de recursos públicos, derivado de la difusión en la página denominada https://lopezobrador.org.mx, de los pronunciamientos realizados durante su visita a Almoloya de Juárez, Estado de México, el 10 de diciembre de 2023. La Comisión de Quejas y Denuncias ordenó a las personas vinculadas con el manejo y administración de la página de internet, a que realicen todas las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar o modificar la publicación que contiene la versión estenográfica del referido evento. Y por mayoría de votos, aprobó vincular al presidente López Obrador a dar cumplimiento a la presente resolución. Sin embargo, se negó la tutela preventiva, al tratarse de hechos futuros de realización incierta, ya que no se cuenta con elementos para asegurar que la conducta denunciada se repetirá. Algunas sentencias firmes contra AMLO En el marco del proceso electoral federal, el PRD, ha presentado 43 quejas contra el primer mandatario, 12 de las cuales han quedado firmes por las autoridades electorales: Las sentencias en las que la Sala Superior le ha dado la razón al sol azteca en contra de AMLO, tienen que ver por uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, vulneración al principio de imparcialidad y neutralidad en la contienda, así como uso indebido de programas sociales. Además, se ha acreditado el incumplimiento de medidas cautelares, por lo que se aprobó una medida de tipo inhibitorio y se le ordenó abstenerse bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales. Ello, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad. Este 9 de abril, la candidata presidencial Xóchitl Gálvez se reunió con consejeros electorales para demandar la cancelación de las conferencias mañaneras, así como emprender una campaña contra la coacción del voto, dado el uso de los programas sociales, con fines electorales por Morena, para favorecer a su abanderada presidencial Claudia Sheinbaum. Para el exconsejero Arturo Sánchez, es viable suspender las conferencias mañaneras, “ya hay precedentes al respecto” se hizo en alguna elección local, pero no debiera ser necesario si el presidente respectara su deber de no intervenir en el proceso electoral. “No veo porque no (se pueda bajar una mañanera). Están haciendo uso de recursos públicos, uso de la estrategia de comunicación política del gobierno, reiteran logros de gobierno, cuando la ley dice que no se puede hacer; se permite al presidente intervenir y comentar sobre los candidatos y la campaña electoral, incluso hasta sobre los debates”, expresa. Por ello, dice, sería muy factible que el INE tomará una decisión más drástica al respecto, porque también está el uso de los programas sociales para condicionar el voto. “Se insiste una y otra y otra vez que los programas sociales son un resultado de la política del presidente de la República, cosa que no es cierto. Además, se insiste en que la candidata de la oposición no va a respetar los programas sociales. Ese paquete de cosas está incidiendo en las preferencias electorales y eso es lo que no se vale de acuerdo con la ley”, indica. Por eso, refiere que es pertinente la solicitud de la oposición de que el INE realice una campaña para dejar claro que los programas sociales no son propiedad ni del presidente, ni del gobierno en marcha y nadie puede condicionarlos.