Pendientes de las lluvias
Editorial
Pendientes de las lluvias
Superar la alerta energética implica la cooperación público-privada, y tomar decisiones estructurales.
Editorial
Poco a poco regresan las precipitaciones a diversas zonas del territorio nacional, en medio de la incertidumbre sobre el futuro del suministro eléctrico. Tras haber sido declarada oficialmente su presencia en Colombia por el Ministerio de Ambiente en noviembre pasado, el fenómeno climático de El Niño ha desatado una fuerte temporada de sequía que, a pesar de las alertas por varios meses, despertó el fantasma de un racionamiento de energía como el experimentado en 1992.
Lo primero que hay que reconocer es lo crítica que está la situación del sistema energético nacional. Las alarmas vienen de tiempo atrás, son tanto coyunturales como estructurales y no se limitan a los coletazos de El Niño, sino que incluyen retos en los proyectos de generación y en las señales regulatorias. No obstante, el momento actual está marcado por las consecuencias de la falta de lluvias sobre las reservas de agua para producir energía y abastecer el consumo humano.
Ayer, según datos de XM, entidad operadora del mercado, el nivel útil de los embalses registró un 28,65 por ciento, esto es, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) estaba en ese momento alrededor de un punto porcentual del estado crítico. En lo corrido de este 2024 las reservas hídricas se desplomaron más de 40 puntos porcentuales. De hecho, el pasado marzo cerró como el mes con el nuevo mínimo histórico de aportes de los últimos 40 años. Esto ha llevado a la disminución de la generación hidroeléctrica y a la entrada de los aportes de las termoeléctricas, con un mayor costo.
En simultánea, los colombianos continúan aumentando su consumo de energía a pesar de la preocupante situación. También según datos de la empresa XM, en marzo la demanda de energía aumentó un 7,46 por ciento, mientras que el consumo se incrementó 5,48 por ciento y 7,87 por ciento en febrero y enero, respectivamente. En el primer trimestre de este año el consumo de energía acumula un crecimiento del 7 por ciento, frente al 1,74 por ciento del año pasado. Los hogares y pequeños negocios, por su parte, elevaron su consumo un 12 por ciento el mes pasado.
Estas tendencias confirman que, así el fantasma del racionamiento que hoy se cierne sobre el país se disipe, la discusión sobre cómo garantizar el suministro energético futuro, de forma estable, sostenible y accesible, y qué decisiones se deben tomar ya para contribuir a ello, no está zanjada. En especial, cuando las proyecciones de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme) muestran un crecimiento de 3 por ciento anual hasta 2037.
Si bien el Gobierno Nacional ha venido enviando partes de tranquilidad sobre la situación energética, recientemente tanto el Ministerio de Minas y Energía como la cartera de Ambiente han admitido que el riesgo de racionamiento eléctrico en Colombia “ha aumentado”. La semana pasada la administración Petro anunció un paquete de 15 medidas como “refuerzo estructural” que incluyen un programa de incentivos al ahorro, la disponibilidad máxima de las energías renovables, estimular la autogeneración y vigilancia a hidroeléctricas y termoeléctricas. Sin embargo, estas acciones del Gobierno Nacional se debieron haber desplegado con mayor anterioridad para impedir la llegada a estas instancias tan críticas.
La coyuntura demanda los máximos esfuerzos. El Gobierno Nacional debe aprender de los errores, aplicar las medidas sin demora, convocar a las fuerzas económicas y sociales y liderar a la Nación para enfrentar este desafío
Queda hoy en evidencia que una campaña de ahorro que redujera la demanda –con antelación, más ambición y recursos– y un liderazgo gubernamental se habrían traducido en una mayor conciencia ciudadana, como sucedió en 2016. Asimismo, la perjudicial interinidad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) no facilitó que los reguladores pudieran coordinar de mejor manera las acciones de los agentes del sistema y enviar las señales adecuadas.
Sin desconocer lo anterior, la coyuntura demanda los máximos esfuerzos públicos y privados para atajar una senda que conduzca a repetir otro apagón nacional treinta años después. De inmediato, el Gobierno Nacional debe aprender de los errores, aplicar las medidas sin demora, convocar a las fuerzas económicas y sociales y liderar a la Nación en superar el riesgo apremiante. Mientras el sector privado y los actores del sistema deben aprovechar este espacio de cooperación público-privada, que tiene que ser genuino, los hogares enfrentan la responsabilidad de racionar su consumo.
La actual incertidumbre energética debe ser el punto de inflexión para que el Ejecutivo recomponga el camino y fortalezca la institucionalidad eléctrica –con actores estatales y empresas y reguladores– tanto para superar el riesgo de racionamiento de hoy como para abordar los cuellos de botella regulatorios, financieros, ambientales y económicos con el fin de garantizar los megavatios sostenibles y accesibles del futuro.
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