El manual tarifario que alista el Gobierno afectaría la calidad de los servicios de salud

Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, Ministro de Salud y Protección Social

Tras hundirse la reforma a la salud, el Gobierno anunció un paquete de decretos con el que pretende realizar ajustes al sistema. Entre ese bloque, hay una iniciativa para materializar un manual tarifario que busca que el costo de servicios médicos, exámenes y radiografías sea el mismo en toda la red.

Expertos en salud aseguraron que el país ya tuvo malas experiencias cuando se quiso ejercer un control de precios; medida que, tal como lo hicieron notar, terminó por deteriorar los activos humanos e infraestructurales en clínicas y hospitales.

A partir de la Ley 100 de 1993, el sistema colombiano se descentralizó y es uno de los servicios básicos que pueden proveer actores del sector privado. La misma ley estipula que los usuarios tienen libertad para cambiar de EPS; una decisión que está muy atada a la calidad que encuentran en la atención. Ese indicador de satisfacción depende, en gran medida, de las instituciones prestadoras de salud (IPS), cuyos equipos y personal cuestan más dependiendo de sus cualidades.

Ahí radica el punto de fricción con el manual tarifario; dado que existe el riesgo de ver valores que no corresponden efectivamente al costo de los servicios. Andrés Aguirre, exdirector del Hospital Pablo Tobón Uribe y expresidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, señaló que “los manuales de tarifa son un tema bastante complejo”.

“Ya el país ha vivido las consecuencias de imponer unas tarifas que no son sostenibles para el esquema de costos y que han hecho que buena parte de los servicios de pediatría y obstetricia hayan languidecido y se hayan cerrado”, agregó.

El otro tema a tener en cuenta con los manuales de costos, de acuerdo con Aguirre, “es que el país no se comporta de manera homogénea, los salarios y los costos de vida, en general, no son iguales en toda la geografía nacional. Cuando se unifica un manual se cometen inequidades y no se reconocen estas diferencias, lo que lleva a problemas de sobrepagos en algunos servicios o a dar una tarifa por debajo de los valores en otros”.

El exdirector del Pablo Tobón enfatizó en que la experiencia ha mostrado que “en general, los gobiernos no tienen la flexibilidad ni la oportunidad para ajustar estos manuales de tarifas. Hay que tener en cuenta que las cosas van cambiando pero esos manuales se quedan rígidos y generan unas distorsiones tremendas”.

“Yo creo que se están tocando demasiados botones rojos al tiempo: reformas, liquidaciones, intervenciones y manuales tarifarios en un sistema que ya de por sí está presentando dificultades. Dudo que esto vaya a resolver los problemas y mas bien tiende a agravarlos, sobre todo cuando hay tensiones en la interlocución con un Gobierno que pareciera no escuchar a los distintos sectores”, puntualizó Aguirre.

En los riesgos asociados a esta iniciativa coincidió Katherine Flórez, docente del Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia, quien mencionó que “este tarifario único operará como un mecanismo de control de precios que suprimirá la competencia entre proveedores, prestadores, así como los estímulos para aumentar la oferta de servicios. Como consecuencia, se generará una oferta estática e insuficiente en comparación con la demanda”.

Añadió que “si el precio que se fija es inferior al mercado, se genera desabastecimiento y escasez, si el precio rígido es superior al del mercado se fomentará sobreproducción, es decir, derroche. En los dos casos se usarán de la peor manera los recursos disponibles”.

Desde el Ministerio de Salud, en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, se anunció recientemente que tiene listos ocho decretos, entre ellos el que abre paso al manual tarifario, que apuntan a diferentes componentes, como el giro directo a las IPS, movilidad, promotores de salud, territorialización, plan nacional rural y habilitación de servicios de salud.

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