José Félix Lafaurie advierte por mapa de injerencia de grupos criminales: “En lugar de acercarnos, nos alejamos de la paz”

Un preocupante panorama reveló el integrante del equipo negociador del gobierno, José Félix Lafaurie, sobre el mapa de expansión de grupos criminales en varias regiones del país.

Lafaurie señaló en un documento que, de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, 113 municipios están en riesgo extremo y 286 en riesgo alto de hechos de violencia por grupos ilegales.

El escrito lo empezó con la siguiente cita: “La guerra se acaba cuando se transforman los territorios y la vida de las comunidades”, de Juliette de Rivero, representante de la ONU para los Derechos Humanos.

“En ese contexto, en lugar de acercarnos, nos alejamos de la paz, porque en lugar de la presencia creciente del Estado en los territorios —una obvia recomendación—, el informe señala que “continúa la expansión territorial y las estrategias de control social y territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales…”, expresó Lafaurie.

José Félix Lafaurie

Y detalló que, según datos de la ONU, se logró identificar 206 municipios donde la violencia impactó los derechos de la población; “un fenómeno que se extiende a las ciudades: Cali está entre cuarto de impacto “crítico” y Bogotá entre las de impacto “Muy Alto””, señaló el presidente de Fedegán.

“Esta es, sin embargo, una versión conservadora de la realidad. En 2023, la Defensoría identificó que, por cuenta de grupos ilegales, 113 municipios estaban en riesgo extremo y 286 en riesgo alto de hechos de violencia y del ejercicio libre del sufragio”, anotó.

Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Frente al mapa de control territorial de grupos ilegales indicó que el Clan del Golfo (AGC) está en 331 municipios, el ELN en 231, las disidencias FARC – EMC en 234, Segunda Marquetalia en 65, Comandos de Frontera en 24 y otras en 34; además de grupos sin identificar en 24 y herederos de las AUC y EPL en 187.

Y añadió: “Vuelvo a la presentación del informe ONU, porque su conclusión es contundente: “La consolidación del poder de los grupos en algunos territorios representa un riesgo para la gobernabilidad en Colombia y para la protección de los derechos humanos de la población””.

José Felix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán.

“No obstante, a pesar de la “dureza” del informe, la ONU no abandona sus sesgos. Se cuentan los asesinatos de líderes sociales, ex Farc y ejecuciones extrajudiciales, pero no aparecen los derechos humanos de los policías y militares asesinados”, precisó.

Lafaurie aseguró que se debe insistir en cumplir el Acuerdo con las Farc y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, como aporte a la paz en los territorios. Pero a la ONU, aparte de tímidas alusiones a “fortalecer la capacidad institucional para mejorar la protección de la población en los territorios”, parece producirle urticaria hablar del fortalecimiento de la seguridad y de la Fuerza Pública”, detalló.

La Policía capturó a Ferney de Jesús Cardona Bello, alias Solla, presunto integrante del Clan del Golfo

“Es grande la preocupación porque los grupos armados ejercen control sobre juntas de acción comunal y organizaciones de base, pero ninguna por el ataque a la producción agropecuaria, generadora de empleo y soporte de la sustitución de economías ilícitas”, dijo.

También afirmó: “Se recomienda fortalecer la capacidad de las autoridades étnico-territoriales para hacer ‘estado en sus territorios’, pero no se habla de la cooptación de las autoridades locales del Estado colombiano por parte de los grupos ilegales”.

Tomó una pausa para concentrarse en un punto clave: “Se considera ‘esencial’ empoderar las organizaciones con ‘medidas de protección colectivas para resistir a la presión de los grupos armados en sus territorios’; pero la ONU nunca recomendaría empoderar a los gremios agropecuarios con ‘medidas de protección colectivas’ como los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz de FEDEGÁN, también ‘para resistir la presión de los grupos armados’”.

“Comparto el diagnóstico: La gobernabilidad de Colombia está en riesgo, pero rechazo sesgos omisivos e insisto en dos cosas: la urgencia de quitarle el territorio a los bandidos y el derecho de los productores agropecuarios a colaborar pacíficamente con las autoridades para su seguridad”, concluyó en el escrito.