Ojo: este es el cambio en la elección de fiscal que propone la Comisión de la Verdad

No ha pasado ni siquiera un día desde que la Comisión de las Verdad le entregó al país su informe final, en el que relata lo sucedido en 60 años de conflicto armado, y ya se ha agitado la discusión sobre las recomendaciones que contiene el documento.

El texto trae sugerencias en materia de desarrollo rural, construcción de memoria, reparación a víctimas, implementación del acuerdo de paz, lucha contra el narcotráfico y reformas a las Fuerzas Militares y de Policía.

Pero también recomienda profundas modificaciones a la estructura institucional del Estado para enfrentar la “nueva realidad del país” en materia de seguridad.

Uno de los puntos de mayor discusión es el de la elección de fiscal general de la Nación. A juicio de la comisión, el sistema actual se presta para que la entidad judicial no tenga independencia, pues los candidatos a ocupar el cargo de fiscal son nominados por el presidente de la República.

“El Ejecutivo no debería tener injerencia, para fortalecer la independencia desde el diseño institucional”, señala el informe.

De esta manera, sugiere al Congreso tramitar un proyecto para modificar la forma de elección del fiscal general de la Nación para garantizar su independencia, sobre la base de criterios de mérito y reconocimiento de trayectoria profesional, publicidad y transparencia.

“Se recomienda que en la reforma del proceso de postulación y selección se incluya la participación de la academia y mecanismos para el control ciudadano”, indica el documento conocido este martes.

En este mismo apartado, el informe también indica que se debe crear una Comisión de Investigación mixta (nacional e internacional), transitoria e independiente, que apoye el trabajo de la Fiscalía General, particularmente de la Unidad Especial de Investigación que fue creada para enfrentar la criminalidad organizada responsable de la violencia contra líderes sociales y excombatientes.

“El objetivo es que esa comisión impulse la investigación para esclarecer la verdad de los hechos del narcotráfico; de la criminalidad organizada y aparatos organizados de poder funcionando al interior de las instituciones estatales”, detalla el documento.

Fuero militar

Uno de los puntos que más ha levantado ampolla es el que hace referencia a la posible eliminación del fuero penal militar.

Actualmente, las investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública, a excepción de aquellas en las que haya una flagrante violación de los derechos humanos, van a la justicia penal militar, donde se revisa cada caso según el contexto de la actividad castrense.

Sin embargo, con el fin de evitar las violaciones a los derechos humanos en las Fuerzas Militares y la Policía, la Comisión de la Verdad propone que “la Fiscalía General asuma la investigación de todos los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Militares y que estos sean juzgados en la jurisdicción ordinaria, con excepción de los típicamente militares, es decir, aquellos que afectan la disciplina y el servicio”.

Por ello, se sugiere “realizar un debate público sobre la necesidad y conveniencia de mantener el fuero penal militar”.

También ha generado polémica la posible eliminación del sistema de informantes con el que cuentan las Fuerzas Militares. Lo que se busca con este mecanismo es que civiles entreguen datos clave que permitan luchar contra los grupos ilegales. Esto ha sido clave a la hora de planear importantes operaciones contra la criminalidad.

Sin embargo, el informe señala que se debe “garantizar, sobre la base de los principios de exclusividad, distinción y autonomía de la sociedad civil, que no se involucre a la población civil en redes de apoyo de operaciones de inteligencia o militares”.

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