Los fijos discontinuos que cobran paro se han disparado un 160% y Fedea dice que les pague la empresa

Una media de 149.655 personas con contratos fijos discontinuos pero que no está trabajando cobra una prestación por desempleo cada mes, según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La cifra supera en un 159,9% la registrada en 2019 y alimenta la polémica sobre un tipo de contrato indefinido pero intermitente que, según denuncia el último análisis de Fedea, sirve para maquillar la precariedad. En este escenario, el think tank propone que sean las empresas las que corran con el coste de mandar a la inactividad a sus trabajadores.

Los fijos discontinuos que cobran paro se han disparado un 160% y Fedea dice que les pague la empresa

La cifra también supera en un 17% la media registrada a cierre de 2023, que se situó en 124.204 y a su vez ya superaba en un 115% la registrada cuatro años antes. Aunque la media de 2024 puede moderarse o subir en los próximos meses por la volatilidad de estos empleos, lo que parece innegable es un incremento sustancial que, sin embargo, no es suficiente para garantizar la protección social de estos trabajadores, como plantea el investigador Florentino Felgueroso.

Durante la pandemia, los fijos discontinuos inactivos sí gozaron de un refuerzo ‘extra’ de su derecho a paro, ya que se determinó que excepcionalmente el cobro de la prestación no consumiera el derecho, como ocurría con los afectados por ERTE. Esto explica el repunte de 2020 y 2021 de beneficiarios. Pero los que se han incorporado tras la reforma no han gozado de un apoyo similar.

Y es que Fedea sospecha que una gran parte de los fijos discontinuos que se inscriben en los servicios públicos de empleo para recibir una prestación no la perciben por no haber cotizado los suficiente (o haber agotado el derecho), a los que se suman los que ni siquiera lo intentan. Por ello, proponen reforzar la protección de estos trabajadores garantizando una “retribución mínima” que debe abonar la empresa hasta que vuelve a incorporar al trabajador inactivo.

La idea se plantea como alternativa al ‘bonus malus’ o penalización para las empresas que ‘abusen’ de los fijos discontinuos sustituyendo los temporales de corta duración por indefinidos que, en la práctica, solo trabajan durante escasas ocasiones al año, por periodos de corta duración y un tiempo de trabajo total por persona reducido. Un problema que ha llevado al ministerio de Trabajo a movilizar a la inspección, pero que, a juicio de Fedea, exige mayor contundencia no solo para castigar a los empleadores, sino para mejorar la protección social.

Además, Felgueroso plantea que se aborde la cuestión de la escasa protección social de estos trabajadores desde el mismo momento del pase a la inactividad. Cuando esto se produce son dados de baja a la afiliación y dejan de percibir el sueldo. Pero a diferencia de los temporales que finalizan su contrato y perciben una indemnización de 12 días por año trabajado, en el caso de los indefinidos, sale gratis.

Además, no son considerados parados porque su contrato no se ha extinguido, sino está inactivo a la espera de un nuevo llamamiento. Solo percibirían una compensación si son despedidos, como los indefinidos ordinarios (y los temporales, por cierto, cesados antes de concluir su contrato).

Aunque el resto de las condiciones de los fijos discontinuos son, sobre el papel, idénticas a las de los indefinidos ordinarios, esta volatilidad entre periodos de actividad e inactividad impide a muchos profesionales generar derechos suficientes para percibir la prestación. Algo que Fedea achaca a la reforma laboral, que ha flexibilizado el uso de estos contratos antes acotados a actividades turísticas o estacionales. Pero, ¿hasta qué punto tiene base esta denuncia?

La contradicción de Díaz

Más de dos años después de la entrada en vigor de la nueva regulación del mercado de trabajo, nadie se pone de acuerdo sobre cuántos fijos discontinuos que no trabajan hay en España. Los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) señalan a una cifra de 119.400, 55.300 declarados inactivos y 64.100 considerados parados, según explicó el pasado viernes la vicepresidenta segunda ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sus cifras se aproximan a la media de beneficiarios de prestación a cierre de 2024, aunque se trata de una mera coincidencia, ya que la referencia a la EPA por parte de Díaz esconceptualmente engañosa.

Desde que un trabajador fijo discontinuo pasa a la inactividad hasta que su empresa vuelve a llamarle, la EPA puede considerarle o como inactivo, si esta persona no busca otro trabajo, o como parado, si sí lo hacen. Sin embargo, el propio Ministerio de Trabajo maneja otro baremo, que es el que definen el SEPE y los servicios públicos de empleo autonómicos.

A sus efectos, todos los fijos discontinuos que no trabajan son inactivos, no parados, aunque tengan derecho a una prestación por desempleo. Si se inscriben en una oficina pública (requisito indispensable para obtenerla) se consideran “demandantes con relación laboral” y no forma parte del paro registrado. De aquí deriva la polémica estadística, ya que estos demandantes se disparaban tras la reforma laboral mientras el paro registrado, que no los recoge, retrocedía.

Este debate se ha prolongado casi dos años, aunque tuvo su momento álgido a finales de 2022. El cruce análisis y contraanálisis estadísticos ha sido continuo y ha sido acompañado de no pocos ataques y reproches nada ‘científicos’ y sí de marcado cariz político y electoral que han apartado el foco de la cuestión de la protección social de estos trabajadores.

¿Qué dicen los datos del propio SEPE? La cifra de demandantes registra la misma volatilidad que los beneficiaros de prestaciones. Si queremos construir una métrica comparable, podemos estimar la media para lo que va de 2024, que se sitúa en 725.741 al mes. Un 180% más que en el mismo periodo de 2019, cuando la media fue de 259.855.

Si la comparamos estos datos con los de preceptores de prestaciones obtenemos que solo un 20% de los demandantes con relación laboral cobran el seguro de desempleo de los fijos discontinuos en 2024. Una proporción muy similar a la de 2019 y que apunta a que la protección de los fijos discontinuos no ha mejorado en absoluto, como denuncia Fedea.

Discrepancias con los datos de 2022

Si aceptamos que la diferencia de 465.886 demandantes medios con relación laboral entre 2019 y 2024 corresponde al incremento de fijos discontinuos provocado por la reforma laboral (que se sumarían a los que ya existían antes), y aplicamos el mismo modelo a los beneficiarios, el porcentaje sigue siendo de apenas un 20%.

La cuestión es que Trabajo se niega a clarificar cuántos de estos demandantes son efectivamente fijos discontinuos que no están trabajando. Pueden ser fijos discontinuos que han sido llamadas y, aunque dejan de cobrar de prestación no se dan de baja del paro. O incluso trabajadores de otros colectivos.

Pero las únicas cifras oficiales de “demandantes de empleo excluidos del paro registrado por causa ‘trabajador fijo discontinuo en periodo de inactividad'” las reveló el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria y elevan la cobertura media de la prestación al 43% sobre un promedio de 248.842 personas. Eso sí, con un elevado margen de volatilidad mensual, que osciló entre los 136.113 fijos discontinuos inactivos en mayo de 2022 de los que 69.865 eran beneficiarios de prestación y los 443.078 en diciembre, cuando la cobraron 268.402.

El problema de esta respuesta parlamentaria, aparte de las dudas sobre su origen que ya hemos explicado en elEconomista.es, es que los datos no coinciden con los que recoge el SEPE en sus estadística de prestaciones por desempleo. En diciembre de 2022 recoge 162.390 (aunque la media anual se desploma hasta los 90.821), casi 106.000 menos que lo que señala la respuesta parlamentaria. Un decalaje sorprendente que Trabajo ni siquiera se ha molestado en intentar explicar.

Queda por responder qué ocurre con los inactivos y sin trabajo alternativo que no se apuntan al paro. Pero l brecha no es tan pronunciada como se esperaba. Según los cálculos de Fedea, a cierre de 2022 llegaban a 518.000, ‘solo’ un 17% más que los detectados por el SEPE en el documento remitido a las Cortes