Xóchitl: entre AMLO y Bukele

Articulista Alfonso Zárate. Foto: EL UNIVERSAL

A finales del gobierno de Vicente Fox empezó a ser ostensible la brutalidad de las bandas criminales, por esos días (septiembre de 2006), sicarios al servicio de Nazario Moreno, El Chayo, fundador de La Familia Michoacana, arrojaron en la pista de un antro (Sol y sombra), en Uruapan, las cabezas de cinco de sus enemigos.

La Familia Michoacana ejercía su dominio sobre varias regiones de Michoacán, por eso apenas iniciando el gobierno de Felipe Calderón el gobernador Lázaro Cárdenas Batel acudió a Los Pinos en busca de auxilio: su gobierno estaba rebasado.

Calderón le ordenó al Ejército enfrentar a los criminales. Desde entonces, sus malquerientes soltaron la humorada de que había pateado el avispero, lo que parece sugerir que lo mejor habría sido la rendición del Estado, tolerar que las bandas criminales convirtieran a Michoacán en un narco-estado.

López Obrador ha repudiado la decisión de enfrentar a los criminales. Su “doctrina” en materia de seguridad pública ha consistido en “dejar hacer y dejar pasar” y cuando la descomposición detonada por los medios rebasa todo límite, ordenar un despliegue tardío y alegórico de las fuerzas públicas a las que exige no confrontar a los criminales.

Un punto crucial de su estrategia —lo repite a diario— es atender las raíces del problema, pero restaurar el tejido social no ha implicado generar las condiciones para el desarrollo de esas comunidades: infraestructura, educación de calidad, servicios eficientes de salud y seguridad, lo que incentivaría inversiones productivas que, a su vez, generarían empleos justamente remunerados; no, su idea de atender las raíces se reduce a repartir dinero. De paso, rompió los acuerdos de cooperación con la DEA, cuyos servicios de inteligencia le había permitido a las fuerzas armadas mexicanas, sobre todo a los marinos, dar algunos de sus mayores golpes.

Con su estrategia fallida, el gobierno de Andrés Manuel entrega como legado cifras espeluznantes de homicidios y buena parte del territorio nacional controlado por las bandas criminales.

Mientras tanto, en El Salvador, el pueblo harto de los maras, se volcó a las urnas para darle un apoyo aplastante a la reelección (ilegal) del presidente Bukele y a su estrategia de mano dura sin consideración a los derechos humanos.

Entre la renuncia del Estado a enfrentar a los criminales de AMLO y la mano dura sin contemplaciones de Bukele, Xóchitl Gálvez tiene que construir una alternativa eficaz que recupere experiencias exitosas tanto de México (Coahuila y Yucatán, por ejemplo) como de otros países, lo que exige enfrentar de forma integral el desafío criminal atendiendo todos los estamentos que involucran a los sistemas de procuración y administración de justicia como condición para empezar a dejar atrás esta pesadilla que, ciertamente no nació con López Obrador, pero sí se salió de madres a consecuencia de su estulticia de abrazar a esos criminales que secuestran, torturan, extorsionan y destazan, pero que pregona: “también son pueblo”.

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