La Seguridad Social, el Banco de España, Hacienda, el SEPE y el INE firman un acuerdo que afectará a estos trabajadores

Un conjunto de las administraciones públicas más importantes de España se unen para lanzar una. nueva plataforma que afecta a ciertos trabajadores.

En España, las principales administraciones públicas del país acaban de dar un paso más para optimizar los recursos del Estado y que benefician a los trabajadores. La Seguridad Social, Hacienda, el Banco de España, el SEPE y el INE acaban de firmar un acuerdo conjunto en el que se permitirá el acceso “combinado e integrado” a los registros y bases de datos de ciertos trabajadores que son de “interés público”.

Consiste en todos los trabajos científicos realizados por los investigadores y pretende estar plenamente operativo en el primer trimestre de 2024. Así que la próxima primavera se podrá acceder a toda esa información de una manera sencilla. Pero este no es el único motivo para poner la plataforma en marcha.

Como exponen desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, bajo la dirección de Elma Saiz, “el acceso a los datos se llevará a cabo mediante procedimientos que aseguren la confidencialidad de la información, la protección de los datos personales, el respeto a la ley y el secreto estadístico”.

Operativa de acceso al nuevo sistema de base de datos conjunta

Esta nueva plataforma conjunta de bases de datos para trabajos científicos de investigación de interés público tendrá en marcha una operativa de acceso que deberá ser determinada por una comisión de seguimiento formada por representantes de las organizaciones públicas mencionadas. Todas deben estar de acuerdo en ceder sus datos para el buen funcionamiento del sistema.

La valoración de cada solicitud analizará aspectos como el interés social de los resultados que se pretenden obtener en la investigación, el perfil, trayectoria y publicaciones científicas del investigador principal y los asociados o el historial de proyectos de investigación de la entidad que avala el proyecto.

En función del régimen de confidencialidad y del marco legal aplicable en cada caso, podría ser necesaria la gestión de la solicitud de acceso a los datos combinados de las distintas instituciones utilizando un centro seguro en alguna de las instituciones firmantes.

Como apuntan desde la Seguridad Social, el acuerdo quedará abierto para que otros organismos públicos, si lo desean, puedan adherirse, lo que se traduce en un aumento del número y tipo de trabajos de investigación que puedan aprovechar de este sistema para el interés público.