Modus operandi
Articulista Lorenzo Meyer. Foto: EL UNIVERSAL
Una serie de serias acusaciones anónimas que se acaban de dar a conocer contra el exministro Arturo Zaldívar. Sin pruebas, las acusaciones carecen de valor, pero en cualquier caso sí ofrecen elementos para adentrarse en un posible tipo de modus operandi dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El doctor Zaldívar fue miembro de la SCJN por 14 años, la presidió a lo largo de cuatro (2019 y 2022) y por tanto también estuvo al frente de su órgano de vigilancia interna: el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Zaldívar renunció a esa corte antes de que concluyera su encargo para unirse a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum (CS) y es más que probable que en esa decisión se encuentre el origen y razón del anónimo que lo acusa de haber presionado a jueces y magistrados para que emitieran fallos en favor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de su proyecto político: la Cuarta Transformación.
Quien o quienes redactaron esa denuncia que supuestamente llegó apenas hace tres semanas a manos de la presidenta de la SCJN, Norma Piña, y donde se detallan supuestas conductas de Arturo Zaldívar que “pudieran constituir causa de responsabilidad administrativa” no estaban interesados en lo absoluto en hacer del conocimiento público la forma en que se tejen y funcionan ciertas redes de corrupción dentro de la SCJN pero resulta que eso es lo que ya lograron aunque está por verse si realmente dañaron y en qué medida a Zaldívar, a AMLO y a CS.
Del documento que la ministra Piña debió mantener bajo riguroso resguardo y alejado de la publicidad, pero que no lo hizo, se puede deducir un modelo de corrupción —uno de varios posibles— que han hecho del poder judicial, y desde hace mucho, una estructura muy disfuncional para impartir justicia.
Según el anónimo, un modelo de red de corrupción que por acción u omisión funciona dentro del poder judicial es en realidad simple, pero puede ser efectivo y estas son algunas de sus características. A) El detonador es el nivel más alto de la pirámide de poder: el jefe del poder ejecutivo. B) El consejero jurídico de la presidencia entra en contacto con el presidente de la SCJN y de su CJF y le comunica una petición del nivel superior. C) Quien preside la SCJN inicia entonces la parte operativa del proceso a través de uno de sus subordinados de confianza, que puede ser el encargado(a) de la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativa o de otra oficina de nivel y carácter similar. D) Desde esa oficina se llama o se entrevista al magistrado(a) o al juez(a) que lleva el asunto que interesa a los niveles superiores (en el documento se da una lista no exhaustiva de poco más de 70 de esos personajes) y se le pide que resuelvan el asunto de acuerdo con los lineamientos que entonces se le dan. E) los temas que se piden a nombre del presidente de la SCJN que se resuelvan “a modo” de los deseos de cúspide del poder son muy variados: amparos que afectan decisiones tomadas por jefe del poder Ejecutivo, sentencias en contra o en favor de figuras relevantes de administraciones pasadas, asuntos que afectan a algún gran proyecto en marcha o alguna gran empresa pública o privada, etcétera. F) Los instrumentos de presión son variados y van desde los positivos, como promociones en el escalafón o dinero hasta los negativos: desde cambio de adscripción hasta amenazas de procesos penales. G) El resultado, según el documento, es que algunos de los presionados se resisten a la coacción por su sentido del deber, pero otros de entrada o a lo largo del proceso sucumben a las presiones o a las ofertas y “se doblan”.
Aunque en teoría todo acusado, y más quien lo es de manera anónima, debiera considerarse inocente hasta que se pruebe lo contrario, el exministro Zaldívar ya ha sido afectado por el tamaño de la acusación y en una coyuntura clave para su carrera lo que puede resultar en una gran injusticia. Ni duda que la política puede ser brutal y este caso lo demuestra.
Sin embargo, y desde el punto de vista del interés general y de largo plazo, el documento anónimo obliga a poner la lupa no sólo o no tanto en las personas ahí mencionadas sino en la manera y la atmósfera tan dañina en que puede llegar a operar nuestro sistema de justicia y que refuerza una visión ya muy generalizada: que nuestro poder judicial puede ser un gran poder pero que está afectado por una gran corrupción y urge limpiarlo como a los establos del rey Augías, pero ni Hércules lo lograría sin un previo acuerdo nacional, acuerdo que por ahora pareciera imposible pero que hay que empezar a generarlo desde ya.
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