Los radicales elevan su acoso contra los defensores del castellano en Cataluña

El domingo 16 de enero, la placa que anunciaba la sede de Sociedad Civil Catalana (SCC) en un piso del céntrico paseo de Gracia de Barcelona apareció totalmente arrancada. Es un edificio de oficinas, sin actividad los festivos y por eso resulta aún más extraña la acción. ¿Quién puede tener acceso ese día a un lugar cerrado a cal y canto y para el que es preciso tener llave de la puerta de entrada, ya que no hay vecinos que puedan abrir? “El pasado verano, nos arrancaron el distintivo de la entidad en la puerta de entrada del edificio, pero esta vez accedieron al interior, subieron al cuarto piso y quitaron la placa. No fue un acto vandálico común, sino que fueron directamente a darnos un aviso”, explica Fernando Sánchez, presidente de la entidad a El Confidencial. No es un hecho aislado, además, los actos contra entidades constitucionalistas, defensoras de la ejecución de la sentencia que establece que un 25% de las clases deben impartirse en castellano, se han multiplicado.

“Aviso a sectarios y totalitarios separatistas: no nos callaréis jamás. SCC seguirá alzando la voz con fuerza”, avisaba Sonia Reina, responsable de Valores Constitucionales y Libertades de la entidad, que también señalaba en un mensaje: “Nos podréis arrancar cosas, pero lo que no podréis jamás será arrancarnos las ganas de defender los derechos fundamentales en Cataluña”. Desde las filas independentistas, se trata con mofa el tema. “Desaparece de la sede de SCC su placa y lo convierten en un acto vandálico”, titulaba un diario digital que tiene a bien destacar el logo de la Generalitat de Cataluña, el de la Generalitat valenciana y el del Govern de las Baleares en su portal, dirigido por el exdiputado de ERC Joan Puig.

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Pero lo cierto es que durante las últimas semanas existe una campaña de acoso al no independentista que va ‘in crescendo’. Conforme baja el apoyo popular en las calles al separatismo, aumenta la violencia de los actos contra el que es constitucionalista. Tras la sentencia del catalán (la que obliga a dar el 25% de las clases en castellano) a finales del mes de noviembre, todos los partidos, entidades, plataformas e instituciones de la comunidad han alentado la crispación en contra del fallo judicial y, por extensión, en contra del constitucionalismo y del unionismo. “Visto lo visto, seguramente tendremos que tomar alguna medida de seguridad, porque ya nos han hecho ver que incluso pueden acceder a un edificio cerrado en pleno fin de semana y en un sitio un céntrico como paseo de Gracia. Eso quiere decir que pueden llegar a nuestros domicilios o nos pueden encontrar donde sea”, subraya Fernando Sánchez, dejando entrever su preocupación por la escalada de las amenazas.

Carpa destrozada

Arturo Fernández, responsable de carpas de SCC, vivió este fin de semana otro episodio de violencia contra el constitucionalismo: una carpa informativa instalada en la localidad de Sant Adrià del Besòs fue arrasada y su material, desparramado. “Normalmente, cuando instalamos una carpa informativa vienen a insultarnos y a amedrentarnos. Es frecuente oír insultos llamándonos fascistas e hijos de puta. O, en ocasiones, gente con camisetas de los CDR, en actitud provocadora, nos sacan fotografías, que es un modo de decir ‘os tenemos fichados’. Lo más sorprendente es que las mayores demostraciones de odio provienen de gente de cierta edad, no de jóvenes, lo que nos deja una cierta desazón, porque se supone que con los años aumenta la sabiduría. Aun así, no debemos olvidar que el odio es la cólera de los débiles, pero este hueso tiene mucha carne”, relata Arturo Fernández a El Confidencial.

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Este activista, que fue precisamente el que descubrió la placa arrancada de la puerta de SCC, señala que tras la sentencia del 25% la crispación ha aumentado. “Tenemos la sensación de que lo que hace el independentismo es algo así como el derecho al pataleo, porque la sentencia es firme. Pero no deja de ser chocante la cobardía de la Generalitat, que pone en manos de los directores de los colegios la potestad de obedecer la sentencia, pero que sepan que se exponen a la inhabilitación”.

Eladio de Miguel, responsable del Observatorio del Despilfarro, encuadrado dentro de SCC, también ha vivido en carne propia el embate de los extremistas independentistas. Lo mismo que le había ocurrido a la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y a su presidenta, Ana Losada, los correos del observatorio y el móvil de su responsable fueron inundados de mensaje de ‘spam’ con enlaces a páginas pornográficas. La guerra sucia soberanista ataca por todos los frentes disponibles.

Carpa prohibida

Más escabroso es un episodio ocurrido en Vic, la capital de la Cataluña profunda, donde su alcaldesa, Anna Erra, llegó a prohibir la instalación de una carpa informativa a la entidad Escuela de Todos, formada por 13 asociaciones constitucionalistas, entre ellas SCC y la AEB. Erra pidió en 2020 a los catalanes ‘auténticos’ que hablasen solo en este idioma a “todos aquellos que por su acento o su aspecto físico no parezcan catalanes”, un planteamiento racista que le valió acerbas críticas incluso desde dentro del independentismo.

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La alcaldesa prohibió la carpa en defensa del castellano “por ser contraria a la moral, las buenas costumbres y el orden público”, una excusa que tiene reminiscencias de la antigua Ley de Vagos y Maleantes. Erra, diputada de Junts per Catalunya, estuvo a punto de ser consejera de la Generalitat. Es diplomada en Magisterio por la Universidad de Vic y licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona. En 2015 accedió a la alcaldía gracias a un pacto de CiU con el PSC. En 2017 formó parte de las planchas electorales, pero no salió elegida. En las últimas elecciones autonómicas, entró con calzador en el Parlament: fue elegida diputada porque otra de la lista, Isabel Ferrer, renunció al escaño al ser nombrada directora general de Protección Civil. Ahora, desde su puesto municipal, Erra aplica a rajatabla la censura hacia otro idioma que, por si fuera poco, está reconocido como lengua oficial tanto en la Constitución como en el Estatuto de autonomía.

Francisco Javier Jiménez, militante de Ciudadanos, también se las tiene en la Cataluña profunda: denunció que el Ayuntamiento de Sobremunt (Lleida) mantiene en su fachada el logotipo que hacía servir la organización terrorista Terra Lliure. Albert Güell, alcalde de la localidad, sacó pecho ante la acusación. “Hey, Francisco Javier Martínez, máquina, machote, campeón, ¿dónde quieres que te enviemos la factura? Las únicas personas que alteran la convivencia y dañan el espacio público son los inquisidores como tú. Ah, y la persecución es vuestra, desde 1936. El victimismo de los verdugos”. El miembro de Ciudadanos le contestó escuetamente. “La puedes enviar al Consell per la República”.