Las burbujas de la era Sánchez se rodean de agujas y la ratio fiscal que todo lo paga

Las burbujas de la era Sánchez se rodean de agujas y la ratio fiscal que todo lo paga

Hay burbujas que ven venir a la legua a la aguja que las pinchará. El Gobierno de Pedro Sánchez pasará a la historia por múltiples motivos, pero lo que nadie esperaba a estas alturas es que lo hiciese por la sombra de la corrupción de la que hizo gala y bandera en mayo de 2018 para impulsar una moción de censura contra el anterior Gobierno de Mariano Rajoy. El ‘caso Koldo‘ (Operación Delorme) ha destapado una trama de comisiones ilegales millonarias, blanqueo de capitales y malversación de dinero público que retrotrae al mismo centro de mando de Moncloa en la crisis del Covid-19 de 2020, que estuvo liderado por un comité cuatriministerial con José Luis Ábalos (Fomento), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa) y Salvador Illa (Sanidad). Es el mismo equipo de gobierno que tardó cerca de un mes en reaccionar a la pandemia tendrá que dar explicaciones ante la justicia por los presuntos delitos cometidos entonces y negligencias entonces. La falta de respeto por el dinero público trasciende al ‘caso Koldo’. No solo afecta al corrupto y delincuente sino también a todos aquellos responsables públicos que los encubrieron, miraron para otro lado o firmaron de forma negligente la compra de mascarillas a precio de oro en 2020, que luego ni siquiera se utilizaron porque nadie se encargó de realizar una mínima revisión de lo que se compraba. La salida en falso de Ábalos del Gobierno de la ejemplaridad de Sánchez tiene ahora la primera explicación con algo de sentido. Su permanencia desde entonces como diputado del PSOE y portavoz oficioso en televisión no es precisamente el “caiga quien caiga” que ha reclamado el presidente. Según su propia versión en el libro ‘Manual de resistencia’, Koldo fue una de las personas clave en reunir y custodiar los avales que le llevaron al poder en el PSOE. ¿Es cinismo eso que resuena en Moncloa y Ferraz?La gestión del dinero público es el asunto más importante en este escándalo, más allá del pillaje de una banda corrupta. A los inversores internacionales se les vendía hasta ahora un historial impoluto en la gestión de lo público que ahora comienza a tener manchas cada vez más visibles. Tendrá tarde o temprano consecuencias porque la corrupción cotiza en los mercados y la sociedad. Hace que los acreedores se hagan preguntas y toca la fibra de los contribuyentes que con su esfuerzo fiscal pagan las facturas. El Gobierno de Pedro Sánchez ha sumado desde 2018 cerca de 400.000 millones de euros de deuda pública, hasta superar los 1,5 billones de euros. El argumento principal para justificar que ese aumento de la losa que soportan las cuentas públicas es una buena noticia es que la ratio deuda / PIB se está reduciendo, desde casi el 120% al 107% de la última lectura.Teóricamente, la relación entre la deuda pública y lo que produce la economía del país a lo largo de un año mide la capacidad de repago de lo que se debe, pero los inversores están mirando también otras ratios que son las que realmente dan la medida de si el Gobierno actual está realizando o no una buena gestión del dinero público. En primer lugar, el déficit público, es decir, el nivel de desfase entre lo que se gasta e ingresa en términos operativos a lo largo de un año de presupuestos. En segundo lugar, y todavía más importante, la comparativa con la recaudación. La ratio fiscal entre los ingresos fiscales y la deuda pública sigue siendo la misma ahora que en 2018, pese a que Hacienda ha disparado un 38% lo recaudado en seis años, hasta casi 270.000 millones de euros en 2023, 74.000 millones más.La ratio deuda / impuestos se mantiene en torno al 590%, es decir, que se necesitarían siete años de ingresos para pagar toda la deuda. ¿Qué ocurrirá cuando la recaudación deje de crecer? ¿Qué pasará si hay recesión? El contribuyente no solo parece que está exhausto, sino que probablemente esté harto al comprobar cómo después de que la presión fiscal no haya parado de subir, el gasto lo haga todavía con mayor velocidad. Es una falta de respeto a todos por mucho que se disfrace de gasto social lo que no es. “Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie”. La nueva presidenta del Consejo de Estado y ex ministra, Carmen Calvo, acuñó esta declaración hiriente (29 de mayo de 2004, diario ABC), que da cuenta de la idea de impunidad e irresponsabilidad que a veces pulula en las cabezas de gobernantes, asesores y arrimados. Solo seis años después, aquel Gobierno Zapatero del que formaba parte Calvo perdió el control de las cuentas públicas que llevó en 2012 al rescate a Europa ante la incapacidad para refinanciar la deuda.Desde que Sánchez accedió a Moncloa, el esfuerzo fiscal de hogares y empresas ha sido inconmensurable. El IRPF aportó en 2023 algo más de 119.000 millones de euros a las arcas públicas, un 55% más o 42.300 millones en cinco años. En términos de Impuesto de Sociedades, el aumento es del 44% en el mismo periodo, hasta 33.400 millones. En IVA, del 30% hasta un récord de 83.000 millones. Las quejas de los ciudadanos anónimos caen habitualmente en saco roto, por eso cobra especial relevancia la queja que expresó el pasado jueves Ignacio Sánchez-Galán (Iberdrola), uno de los ejecutivos más poderosos del Ibex 35, sobre los excesos fiscales del actual gobierno: “Cuando cerramos las cuentas y vi las cifras, me quedé impresionado. Pagamos más impuestos en España que nuestros gastos de personal, costes financieros o de mantenimiento juntos… Algunos impuestos son temporales, pero otros permanecen como la tasa sobre ingresos. No tiene sentido. En cualquier caso, es algo que no tiene sentido. Pagamos 38 impuestos diferentes, 18 central y otros 20 regionales… bueno, en realidad 22″. Parece razonable pensar que tiene razón.