La prueba clave contra el exsenador Ciro Ramírez por corrupción. Una interceptación telefónica lo tiene a un paso del juicio
En un documento de 345 páginas, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del exsenador Ciro Ramírez: le negó la posibilidad de tener detención domiciliaria, señalado de hacer parte activa de una red de corrupción que se encargó de controlar y direccionar millonarios contratos de obras públicas e infraestructura en por lo menos cinco departamentos.
Este auto niega la libertad o prisión domiciliaria del excongresista Ciro Ramírez, y describe, una a una, las presuntas irregularidades y delitos que habría cometido con la red de corrupción en el DPS.
En el documento, conocido en su totalidad por SEMANA, se indica claramente que Ramírez, uno de los congresistas más reconocidos del Centro Democrático, utilizó su cargo para controlar contratos en el Departamento de Prosperidad Social (DPS). Pese a que ha hecho gran parte de su carrera política en el departamento de Boyacá, el senador se interesó en varios convenios en el Eje Cafetero.
Esto, según señalaron varios testigos, para aumentar su capital político y apoyo para futuras elecciones. La Sala, pese a los reclamos de la defensa de Ciro Ramírez, le dio credibilidad a lo mencionado por Pablo César Herrera, exgerente de Proyecta Quindío, cuando citó las reuniones que se realizaron en la sede tanto del DPS como de Proyecta, y en las que participó Ramírez o personas de su máxima confianza.
Entre estos se encontraban Katherine Rivera, quien laboró durante varios años en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Ciro Ramírez; y Alejandro Noreña, contratista y persona muy cercana a la empresa criminal que montó el senador liberal Mario Castaño. Ellos se reunieron en más de una oportunidad con Pierre García Jaquier, director del DPS.
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Herrera, quien se encuentra actualmente en prisión por estos hechos de corrupción, aseguró que en más de una oportunidad se habló de la entrega de millonarios sobornos para direccionar los contratos. Una parte de este dinero iban a ser enviados a Ciro Ramírez por intermedio de terceras personas.
Una interceptación telefónica entre Ciro Ramírez y Alejandro Noreña fue clave para que cercioran el interés y la entrega del contrato de Proyecta Quindío, que tenía un valor base de 167 mil millones de pesos. “¿Con cuánto quedaron al final, Alejo?”, preguntó en tono jocoso y familiar el senador al contratista, quien le respondió claramente: “Con 85 mil más 30 mil de vivienda, pero Pierre me dijo que hoy podía variar el monto”.
El reconocimiento público que tenía el senador del Centro Democrático en la opinión pública y los medios de comunicación fueron fundamentales a la hora de direccionar los contratos, pese a lo complicado que era. “Pero Ciro es un redurísimo, eso se ve en los medios”, señaló en otra llamada el contratista Alejandro Noreña, quien ya ha entregado varios datos sobre la forma en que delinquía esta red.
En el escrito de acusación, se indica que la medida de aseguramiento en centro carcelario se debe mantener, pues, estando en libertad, Ciro Ramírez podría influir en otros testigos. “No existe otra medida menos lesiva que garantice la finalidad pretendida, pues, estando en libertad, dispondría de un amplio margen de acción para persistir (…). Está acreditado lo efectuado en el estadio instructivo para bien entorpecer el recaudo de las pruebas, ora en orden de alterar su contenido”.
Ciro Ramírez, quien se encuentra en la cárcel La Picota desde el pasado 15 de diciembre, deberá responder en juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y celebración indebida de contratos.