La ONU advierte que la Ley de Concordia de Castilla y León podría vulnerar la legislación de derechos humanos
La ONU advierte que la Ley de Concordia de Castilla y León podría vulnerar la legislación de derechos humanos
Un informe de Naciones Unidas afirma que la norma vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, suscritos por España
3 de mayo 08:52 3 de mayo 10:29 Óscar Estaire Cabañas
El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, en un pleno de las Cortes.
Política
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Duro varapalo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la Ley de Concordia de Castilla y León. Un informe elaborado de forma conjunta por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el relator especial de la ONU sobre Verdad, Justicia y Reparación y el relator de Ejecuciones Extrajudiciales, ha concluído este viernes que la proposición de Ley de Concordia de Castilla y León, impulsada por PP y Vox, que busca derogar el Decreto de Memoria Histórica de 2018, vulneraría diferentes preceptos de tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por España.
En concreto, el informe afirma que la norma vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, y advierte que la Ley de Concordia de la Comunidad va en contra de las recomendaciones realizadas para la creación de mecanismos en materia de memoria histórica y violaciones de los derechos humanos. Además, se advierte que podría “obstaculizar” el derecho a la libertad de asociación y “el derecho a conocer la verdad”.
Este informe de la ONU, que hace referencia no solo a la Ley de Concordia de Castilla y León, sino también a las de Aragón y la Comunidad Valenciana, ha señalado, además, que “la violación de los derechos humanos” que se ha detectado podría llegar a generar “responsabilidad internacional” del Estado español y si no actúa para revertirlas. El documento hace hincapié también en que la norma no hace referencia “a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista” y que “se refiere a las atrocidades cometidas por un bando durante la guerra civil, mientras que sí menciona la violencia política ejercida durante la llamada Segunda República que le antecedió”.
Además, advierte que la Ley de Concordia podría conducir a “asimilar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil a un grupo heterogéneo de crímenes y/o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España, quitándole el reconocimiento y la atención necesarios a los derechos de las centenas de miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura franquista”.
El informe de la ONU señala que estas normas “podrían transgredir la obligación del Estado español, incluyendo sus tres poderes y sus entidades nacionales y locales, de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos, toda vez que ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia”.
También afirma que “pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, obstaculizan o suprimen la subvención de proyectos de memoria histórica ofrecidas actualmente a entidades de sociedad civil, pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, y/o omiten nombrar o condenar dicho régimen”.
Por todo ello, el documento apunta que si el Gobierno no revisa la Ley de Concordia de Castilla y León estaría contraviniendo “su obligación de proteger los derechos humanos” y recuerda “la obligación del Estado español en su conjunto de garantizar la preservación de la memoria colectiva relativa a las violaciones manifiestas de los derechos humanos, tales como las cometidas en periodo de dictadura franquista y guerra civil, en tanto elemento esencial de la reparación debida a las víctimas, de las garantías de no repetición de la violencia pasada y del derecho a participar en la vida cultural”. Además, señala que “esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas”.
Respuesta a la solicitud de amparo del Gobierno
El Gobierno anunció a principios del mes de abril un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes de Concordia impulsadas en Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana, que previsiblemente acabará en el Tribunal Constitucional, y advirtió que acudiría a las instancias internacionales, como la ONU y la Unión Europea, al entender que se estaban vulnerando principios fundamentales de los derechos humanos.
El Ejecutivo central llevó ante el Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y al de Ejecuciones Extrajudiciales la proposición de ley impulsada por PP y Vox para que evaluase “la conformidad de estas medidas con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de derechos humanos”. El informe que se ha conocido este viernes, y que muestra su preocupación con esta normativa impulsada en las comunidades con gobiernos de PP y Vox, es la respuesta a esta solicitud de amparo de Sánchez.
Hace solo un mes, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, defendía el articulado de la Ley de Concordia asegurando que reconocía “los derechos de todas las víctimas” y que acababa “con el frentismo”. Además, aseguraba que la norma respetaría “la Constitución” y rechazaba lecciones del PSOE por haber impulsado una Ley de Memoria Democrática, supuestamente “inspirada por Bildu”.
También Mañueco defendió con entusiasmo la nueva normativa en las Cortes señalando que era “más actual” que el Decreto de Memoria Histórica y que sigue “las recomendaciones de la Unión Europea”. Ahora, la Junta tendrá que dar respuesta a un informe de la ONU que ha supuesto un duro varapalo para una de las medidas estrella de Vox desde que accedió al Gobierno en la Comunidad, aceptada e impulsada por el PP tras casi dos años de demora.
La ARMH celebra que la ONU exija a las instituciones “sus obligaciones hacia las víctimas del franquismo”
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha celebrado que tres relatores de Naciones Unidas se dirijan a sus instituciones españolas “para recordarles sus obligaciones con respecto a las víctimas de la represión franquista; la amenaza para las víctimas que suponen las leyes de concordia y las obligaciones que todavía no cumple el Estado de garantizar a las víctimas de la dictadura franquista su acceso a la justicia, a una indemnización y a las garantías de no repetición”.
La ARMH señala que el informe que analiza tres leyes de Concordia aprobadas por gobiernos de PP y Vox en Castilla y León, Valencia y Aragón hace hincapié en “las amenazas que pueden suponer esas legislaciones autonómicas para el acceso de las víctimas al conocimiento de la verdad y el deterioro democrático y en materia de derechos humanos el blanqueamiento de la dictadura”.
Con respecto a la Ley de Concordia de Castilla y León apunta que el informe señala que “el proyecto de ley no facilitaría la participación ni otorgaría un rol consultivo a organizaciones de víctimas e instituciones de sociedad civil”. Para el presidente de la ARMH, Emilio Silva, nieto del primer desaparecido del franquismo en España identificado por una prueba genética, “la mejor forma de combatir las leyes de falsa concordia es abrir las puertas de las juzgados para que cumplan sus deberes con violaciones de derechos humanos tan graves porque la justicia es la mejor política de memoria”.
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