La ley de la selva
La ley de la selva
El nivel de conflictividad provocado por el gobierno alcanzará otro hito esta semana con el plan de lucha de los trabajadores del transporte, el lunes, el paro general del jueves convocado por la CGT. Y el baile recién empieza, porque el Senado se meterá de cabeza con el paquete de leyes que dinamitan el esquema social que permite aspirar a los argentinos a una democracia de iguales. En ese debate estará en juego la estabilidad laboral, las indemnizaciones por despidos, el derecho a huelga, se restablece el impuesto a las ganancias para cientos de miles de trabajadores, al mismo tiempo que lanza una ola de privatizaciones, favorece el blanqueo de narcos y lavadores y facilita el aterrizaje de fondos especulativos asi como la entrega de las riquezas naturales.
El vocero Manuel Adorni dijo que no entendía el motivo del paro. “Dicen que es en defensa de derechos laborales —se burló—, pero hay que ver si realmente son derechos. El 40 por ciento de los trabajadores no los tienen”.
Ese 40 por ciento que dijo Adorni corresponde, seguramente, a los trabajadores informales. Resulta llamativo cómo esta gente invierte el sentido del progreso. En vez de inferir la necesidad de incluir a ese 40 por ciento huérfano de derechos, este gobierno decidió lo contrario: se propuso excluir al 60 por ciento restante. Si hay dos fuera, en vez de hacerlos entrar, hay que echar a los diez que están dentro.
La convocatoria del miércoles, promovida por la CGT, a la que se sumaron los movimientos sociales y las dos CTA, fue muy masiva. Es la quinta gran movilización en cuatro meses. La del miércoles fue esencialmente de trabajadores, la mayoría encolumnados con sus gremios y pocos manifestantes sin encuadramiento. La gran manifestación en defensa de la educación pública fue en su mayoría de jóvenes y muchos manifestantes por la propia. En las del 8M, por lo general, la mayoría de las asistentes no llega encolumnada. La del 24 de marzo fue una mezcla, con muchas organizaciones y gran cantidad de personas que marcharon con amigos o con la familia. Las cuatro tuvieron su correlato en las ciudades más pobladas de todas las provincias. La primera convocatoria de la CGT, el 24 de enero, fue cuando apenas Milei había pasado poco más de un mes en el gobierno y logró potenciar el rechazo inicial a las dos normas.
Hay un país movilizado. Para que un ciudadano decida participar en estas protestas tiene que estar motivado. No solamente se trata de expresar una opinión, sino también respaldarla con la acción y con el cuerpo. La masividad y la característica particular de cada convocatoria excedió el marco de los militantes y se convirtió en representativa de un amplio sector de la sociedad, haya participado o no en las marchas. En esta última de la CGT, y también en la que se realizó en defensa de la educación pública participó gran cantidad de arrepentidos, tanto del peronismo, como del radicalismo, que votaron a Milei.
Que el gobierno trate de ignorar el clima extendido de bronca es un error, pero se entiende porque está comprometido con un modelo que expulsa a la mayoría. Pero que haga lo mismo el opoficialismo —peronista, radical o provincialista— puede llevarlo a su extinción al aprobar una legislación que, al no dejar matices, polariza y achica el centro del espectro político. Las medidas del gobierno achican a la clase media, que rápidamente está cayendo bajo la línea de pobreza.
En su estrategia de alianzas y negociaciones para lograr la aprobación de la ley ómnibus recortada, el gobierno se lanzó a negociar primero con los gobernadores, porque consideró que los diputados opoficialistas de la línea de Miguel Angel Pichetto, ya los tenía adentro. Varios gobernadores, como el catamarqueño Raúl Jalil, salieron prestamente a anunciar su respaldo. Otros se lo dieron en silencio. Después de hacer una engañosa alabanza de la ley ómnibus, el radical Alfredo Cornejo no tuvo empacho en informar que el gobierno había liberado mil millones de dólares para Mendoza. A otros los sedujo prometiendo estímulos a las mineras y a producciones regionales.
En esos puntos, Milei no tiene problemas para hacer concesiones. Es difícil que pueda ofrecer mucho a las provincias patagónicas. En el caso de Santa Cruz, paralizó las dos grandes represas lo que produjo el retiro airado de la constructora china cuando las obras ya estaban avanzadas. Y los senadores sin gobernador tienen mucho para perder y poco para ganar. En todo caso, el impacto destructor sobre la clase media y el aumento vertiginoso de la pobreza se verifica en todas las provincias. La negociación de los gobernadores por mil millones, o por el litio, es pan para hoy y hambre para mañana.
Como contracara de Milei y de la actitud subordinada de algunos gobernadores, se destacó la figura del gobernador bonaerense. El primero de mayo, Axel Kicillof se solidarizó con la CGT. Y estuvo en la marcha en defensa de la educación pública. El macrismo y los libertarios no encuentran argumentos para golpearlo. A lo sumo agitan el fantasma de la corrupción con Martin Insaurralde, pero no consiguen hacerle mella. El sendero por donde se desplaza es angosto, entre una interna desgastante de la que viene zafando, y la asfixia económica a que lo somete Milei. En las redes circula un chiste. Dice que Milei está envidioso porque Kicillof tiene lo que él quisiera: es petiso pero no acomplejado, es judío de verdad, es recibido en la UBA de verdad, tiene un doctorado de verdad y no trucho, es profesor en la UBA y tiene un libro que se ha publicado en varios idiomas sin necesidad de copiar párrafos enteros de otros autores como si fueran propios.
La negociación con los gobernadores y el opoficialismo le consiguió la aprobación de la ley ómnibus en Diputados. El cuadro de situación es diferente en el Senado y cualquier cambio al proyecto de ley deberá regresar a Diputados para su aprobación. Si no tiene ninguna deserción, el interbloque de Unión por la Patria tiene 33 de los 37 que se necesita para la mayoría. Como lo demuestran los mil millones de dólares que le soltó a Mendoza, la presión del gobierno sobre los legisladores es muy fuerte.
Cuando aprobaron la ley ómnibus en Diputados, el ministro del Interior, Guillermo Francos exclamó satisfecho: “Menos trolls y más política”. Es simpático que haya dicho “menos trolls” y no “fuera trolls”. El oficialismo y la oposición han naturalizado los linchamientos, la persecución y la violencia mediática a las que es afín el Presidente de la República. Uno de los senadores provinciales aclaró: “voy a votar a consciencia, y los trolls que me la fumen”. Tener esa banda de patoteros mediáticos con altos sueldos en la Casa Rosada tendría que ser motivo, al menos, de la comparecencia de Milei en el Congreso.
El gobierno decidió negociar con los gobernadores y hacerles algunas concesiones. Tuvo margen para hacerlo. Sin embargo ni siquiera intentó quebrar el frente sindical tan heterogéneo con concesiones mínimas para algunos de los gremios más conciliadores. Si no lo hizo, es porque no tiene margen. Todo el capítulo sobre legislación laboral fue redactado por los estudios de abogados de las grandes corporaciones, que son los que mandan.