La Justicia aplicó la nueva "ley de derribo"

Fiscal Marisol Fabro.

Siete inmuebles allanados la semana pasada, en el marco de la causa por los crímenes de trabajadores del servicio público y el playero de una estación de servicios, serán derribados a pedido de un grupo de fiscales. Es que las propiedades funcionaban como búnkeres de la banda de “Chucky Monedita” que, según los pesquisas, ordenó varios de los crímenes de alto impacto del último mes de marzo. Franco Carbone, Patricio Saldutti, Marisol Fabbro y Adrián Spelta así lo solicitaron ayer en una audiencia en el marco de la ley de microtráfico. La autorización fue otorgada por la jueza Paula Álvarez. Los inmuebles están ubicados en Lamadrid al 1600, dos propiedades en Anchorena al 1500, dos casas en Alem al 4000 y otras dos en Ayacucho al 4000.

La jueza Álvarez, que presidió la audiencia, autorizó la medida en la que se podrá usar “la fuerza pública mínima indispensable“. En caso de que haya bienes muebles quedarán secuestrados bajo la órbita de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) sin perjuicio del eventual reclamo de terceros, contó una fuente fiscal.

Ante la jueza los fiscales mostraron videos de los allanamientos realizados la semana pasada en varios puntos de la zona sur de la ciudad, en los barrios Tiro Suizo, Fuerte Apache, Cordón Ayacucho y Villa Flammarión. En esas construcciones -en algunos casos pasillos llenos de familias- de acuerdo a la investigación del MPA hubo desde 2020 una fuerte guerra narco entre la banda liderada desde la cárcel por “Chuky Monedita” con la de “Los Gorditos”, con otro preso como líder: Brandon Bay. En este marco, se produjeron varias balaceras y homicidios, con muy pocas cuadras de diferencia un hecho del otro. El dato no pasó desapercibido para los investigadores desde la noche del 5 de marzo pasado, cuando se supo que habían matado en la zona de Flammarión y Lamadrid a Héctor Figueroa, el primero de los dos taxistas ejecutados. La sospecha es que “Chuky Monedita” encargó los hechos para forzar al gobierno provincial a que desista de ubicarlo en el pabellón de presos de alto perfil en la cárcel de Piñero.

En diálogo con LT8, el fiscal Carbone defendió la medida en que “existe un contexto altamente lesivo y que la lógica de la venta de estupefacientes al menudeo afecta la tranquilidad pública en los barrios, así como a los domicilios en particular que nada tienen que ver con el mundo delictivo y tienen que soportar la actividad del narco en sus narices”, dijo el funcionario.

La geografía más atacada será “la manzana de Alem, Centeno, Ayacucho y Dr. Rivas, donde históricamente se ha vendido drogas y ahora tenemos una herramienta legal, a partir de la adhesión a la ley de microtráfico podemos intervenir solicitando el cese del estado antijurídico donde pedimos el derribo de estas instalaciones”, agregó el mismo fiscal.

Carbone contó que el martes pasado tuvieron una audiencia por los crímenes de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, el colectivero Marcos Daloia, el playero de la estación de servicios, la balacera a la Comisaría 15 y la balacera al colectivo de la línea 122 donde cinco personas fueron imputadas como autores materiales e intelectuales. “Tuvimos la audiencia el martes pasado por la autoría intelectual y material de los homicidios, el miércoles solicitamos la intervención del equipo de microtráfico de la Fiscalía General y el jueves hicimos medidas de allanamiento y constatación”. Al mismo tiempo remarcó que “tenemos un fuerte acompañamiento del Estado provincial. La secretaria de Protección Civil y Gestión de Riesgo estuvo presente, también la Secretaría de Niñez y el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni”, dijo el funcionario.

El fiscal de Balaceras Marisol Fabro remarcó que “los procedimientos nos permitieron constatar cómo se vive en esos lugares en particular y que efectivamente no son viviendas. Están destinados a la venta de estupefacientes al menudeo y aguantaderos. Pedimos el derribo y así lo dispuso la jueza Paula Álvarez” según explicó.

En cuanto a la instigación de los crímenes de trabajadores del transporte público y de la estación de servicios dijo que Alejandro “Chucky Monedita” Núñez fue imputado como instigador y que en relación a la posibilidad de que haya otra pata intelectual en cabeza de Claudio “Morocho” Mansilla o Esteban Lindor Alvarado dijo que es una hipótesis sobre la que se está trabajando y es parte de la plataforma fáctica que se imputó la semana pasada. “Son un grupo de personas ligadas a Alvarado y Mansilla”, aseguró el fiscal.

Cabe destacar que en Anchorena al 1500, cerca de donde mataron al primer taxista, hubo veinte balaceras en los últimos cuatro años. En Ayacucho al 4000, hubo cincuenta balaceras y tres homicidios en los últimos tres años. En Alem al 4000 hay otros dos inmuebles que serán demolidos y que están relacionados con el entorno de la novia del gatillero de 15 años que mató a tres de los cuatro trabajadores en marzo. La noche en la que ejecutó al segundo taxista, según el propio chico declararía luego ante la Justicia de Menores, cenó con su pareja y sus suegros después de concretar el homicidio. Para el fiscal Carbone, aunque no están detenidos en el marco de la investigación por los crímenes, ese núcleo familiar también está vinculado a la venta de drogas.

La última de las direcciones mencionadas hoy fue la de Flammarión y Lamadrid. Ahí también se repitieron las balaceras y los allanamientos desde 2019 al menos. En agosto de 2021, por el cruce violento entre las bandas ya mencionadas, hubo un doble crimen con dos jóvenes como víctimas. En cuatro años, en esa esquina, se contaron 86 incidencias policiales. A metros de ese lugar, murió el primero de los taxistas en marzo.