“La Fiscalía ha torpedeado investigaciones”, denuncian en caso de fiscal Paternina

Sebastián Bojacá, coordinador del área de Litigio Penal en la Comisión Colombiana de Juristas, habla sobre el ataque a mano armado que sufrió, hace unos días, la hija de la fiscal Paternina, asesinada en Sincelejo hace 22 años por investigar masacres en que, además de paramilitares, estaban involucrado políticos y militares. Señala cómo la fiscalía general en al menos dos etapas, ha obstaculizado, como decisión de política interna, el avance de procesos por crímenes contra los derechos humanos.

El abogado Sebastián Bojacá denuncia: “… existen – hace años – directrices para torpedear el avance de esos procesos (sobre graves violaciones a los derechos humanos). Esta situación se agudizó (hace poco) en la administración del fiscal Francisco Barbosa”.

Hace unos días, Ketty Martínez Paternina, hija de la directora seccional de la fiscalía en Sincelejo, Yolanda Paternina, asesinada por un sicario a quemarropa, denunció un intento de atentado en su contra. En principio, ¿se puede sospechar que el ataque a Ketty Martínez tiene relación con recientes decisiones judiciales en el proceso por el homicidio de su madre ocurrido hace casi 23 años?

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) adelanta la representación legal de los familiares de Yolanda Paternina. En esta condición, destacamos que la situación de seguridad de su hija Ketty siempre ha sido muy compleja. Tanto es así, que la oficina encargada de determinarlo, consideró que ella tenía un riesgo extraordinario y que era necesario adoptar varias medidas para su protección. La CCJ, entonces, replica lo que manifestó nuestra poderdante quien señala que un hombre llegó a la puerta de su casa, la amenazó con un arma y huyó. Sobre su pregunta, es muy probable que esas amenazas puedan estar vinculadas con los avances y las solicitudes tramitadas en el proceso por el homicidio de la fiscal. Además, Ketty Martínez sufre varias formas de persecución e intimidación: mensajes amenazantes, seguimientos, llamadas intimidantes, vigilancias ilegales a su casa y otros sucesos peligrosos.

Yolanda Paternina fue asesinada el 29 de agosto de 2001 pero solo hace 15 días (16 de abril), la fiscalía declaró ese crimen como delito de lesa humanidad ¿Cuáles fueron los argumentos para decretar esta medida especial que permite que el proceso continúe sin temor a que prescriba el caso?

Las características que rodearon el homicidio de la fiscal lo clasifican como un crimen de lesa humanidad, aunque se necesitaba la declaración judicial reconociéndolo como tal. Debe resaltarse que este asesinato fue ejecutado como parte de un macroplan criminal nacional y regional (uno de estos, en la zona de los Montes de María) fraguado por los paramilitares con aquiescencia de agentes del Estado. Hay suficientes pruebas sobre los objetivos que se trazó el paramilitarismo para ampliar su control y poder; uno de ellos consistía en la cooptación de servidores estatales de todas las áreas, incluyendo a los operadores de justicia. La orden dada era que el funcionario que se resistiera a colaborar o a someterse a esa organización criminal, fuera asesinado.

Es decir, el homicidio de la fiscal Paternina no fue aislado…

No. En la misma época y también por las investigaciones que ella adelantaba, hubo desapariciones forzadas de agentes del CTI, el homicidio de personas que desempeñaban cargos de elección popular en la misma región y, un ejemplo clave, el caso de la fiscal que investigaba, desde Bogotá, la participación de integrantes de la Infantería de Marina en la masacre de Chengue (corregimiento de Sucre en donde 60 paramilitares asesinaron a 27 habitantes, el 17 de enero de 2001); ella tuvo que exiliarse por 12 años. Este tipo de crímenes es especialmente grave porque no solo produce una afectación individual sino que intimida a los miembros de todo el aparato judicial con la consecuencia general de que se debilita la institucionalidad y se crean las condiciones para que no se adelanten las investigaciones y para que los más graves delitos queden en la impunidad.

Puntualmente, ¿cuántos asesinatos, desapariciones o exilios de funcionarios públicos hubo en esa región y en aquel tiempo alrededor de las pesquisas por las masacres (en Macayepo, El Salado y Chengue) que la fiscal Paternina investigaba en el terreno de los hechos?

Le hago el conteo de varios casos: amenazas, hostigamiento, desvinculación obligada de la Fiscalía en donde trabajaba, y exilio forzado de la fiscal a la que me referí en la anterior respuesta, Mónica Gaitán, que trabajaba en los mismos hechos investigativos; desaparición forzada de los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la fiscalía, Fabio Luis Coley y Jorge Luis de la Rosa quienes fueron secuestrados junto con las señoras Sadid Mendoza y Aida Cecilia Padilla; el homicidio del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, anunciado por la misma víctima en un consejo comunitario presidencial. Y el homicidio de la fiscal Yolanda Paternina, entre otros crímenes, en lo que se constituyó como un ataque generalizado y sistemático contra funcionarios civiles.

Yolanda Paternina fue asesinada el 9 de agosto de 2001. / Archivo particular

La Comisión Colombiana de Juristas había solicitado, hace tiempo, la declaratoria de delito de lesa humanidad para este atroz crimen ¿Por qué solo ahora la fiscalía da ese paso y por qué parece que, durante muchos años, no le interesó adelantar la investigación?

No se puede ignorar que casos por graves violaciones de derechos humanos han pasado por serios inconvenientes y fuertes barreras al interior de la propia fiscalía. Si bien algunos fiscales han demostrado que tienen compromiso con el desarrollo de las investigaciones, existen, desde hace varios años, directrices para torpedear y obstaculizar el avance de esos procesos. Esta situación se agudizó en la administración del entonces fiscal general Francisco Barbosa. Se llegó a tal punto, que hubo un desmonte paulatino de las funciones de la Unidad Nacional de Derechos Humanos del ente investigador sobrecargando con otras funciones a los fiscales de algunos procesos; trasladando a otros, a lugares remotos del país y a algunos más, simplemente llamándoles la atención por lograr concretar avances investigativos.

¿Se puede concluir que, en la reciente administración de Francisco Barbosa hubo una expresa intención de no investigar las violaciones graves a los derechos humanos como asesinatos de líderes sociales, desplazamientos forzados, amenazas, etc.?

Hay informaciones de personas bien enteradas en el sentido de que durante la fiscalía de Barbosa, se instruía a fiscales para que no tomaran determinaciones de fondo en graves casos de crímenes de Estado o que involucraban a agentes del Estado, así como en que no avanzaran en el esclarecimiento de esos casos.

Pero desviar la justicia o impedir sus funciones es un delito ¿Quiénes sostienen eso?

Le repito: son personas bien enteradas.

Es de esperarse que en la nueva etapa de la fiscalía general ese desprecio por investigar y buscar el castigo de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, termine, y que se vuelva a fortalecer la Unidad especializada en esos asuntos ¿Ha notado movimientos en ese sentido o todavía no se puede afirmar cuál será la orientación de la fiscal Luz Adriana Camargo?

Es muy pronto para decir cuál será el camino judicial que tomará la fiscal general. Sin embargo, la declaratoria de delito de lesa humanidad en el proceso por el asesinato de la fiscal Paternina después de un largo tiempo sin avances, podría ser índice de un mejor pronóstico. Y aunque no se puede hacer una afirmación tajante, ha habido algunos cambios en estos procesos que antes no contaban con la atención institucional.

¿Quiénes eran los jefes máximos de los grupos paramilitares de esa zona algunos de los cuales confesaron recientemente el plan de exterminio de la población que se opusiera a sus órdenes?

Salvatore Mancuso rendió versión sobre estos hechos en la JEP, en audiencias reservadas en las que señaló a los presuntos responsables, además del clan Castaño, a los cabecillas del Bloque mal llamado Héroes de los Montes de María. Adicionalmente, es importante decir que existen pruebas sobre la presunta responsabilidad de políticos del departamento de Sucre y de algunos miembros de la Brigada Primera de Infantería de Marina (BIPRIMA). Pese a que hay fuertes indicios para vincular a las investigaciones a estas personas, el avance del proceso en contra de ellas es tan escaso, que los responsables creen que están protegidos por la impunidad y la paquidermia de la justicia.

¿Por qué ha persistido esa ausencia de justicia? ¿Por el poder que los supuestos determinadores de las masacres y de los crímenes selectivos posteriores tenían en la región, por la complicidad del Estado o por ambas condiciones?

Por los dos motivos. En concreto, súmele la grave falta de diligencia para investigar por qué tuvo que exiliarse la fiscal Gaitán quien junto con la asesinada fiscal Paternina investigan las masacres de Macayepo, El Salado y Chengue. La funcionaria Gaitán recaudó pruebas sobre la masacre de Chengue y escuchó la declaración de un paramilitar que se entregó a la justicia y reconoció su participación en ese crimen masivo. Ese paramilitar contó el involucramiento, en tales hechos, de hombres de la Marina de varios batallones. Fue cuando la fiscalía general decidió, abiertamente, no investigar esos casos. Por eso y otros hechos la fiscal Gaitán tuvo que irse del país.

¿Cuáles uniformados de rango, gobernadores, alcaldes o congresistas de esa época fueron señalados como partícipes de esos crímenes atroces?

Producto de las labores de investigación desarrolladas por la fiscal Paternina, fue posible obtener información sobre el involucramiento de altos mandos militares pertenecientes a la Brigada Primera de Infantería de Marina, como ya dije. Con el trabajo de documentación realizado posteriormente por la Comisión Colombiana de Juristas, también se logró demostrar que, en un lapso de año y medio, los paramilitares ejecutaron más de 20 masacres en jurisdicción de la misma brigada de la Marina entonces comandada por el contralmirante Rodrigo Quiñones (destituido por la Procuraduría por su conducta en esos casos mientras su proceso penal se archivó en la fiscalía de Luis Camilo Osorio). Además, fueron mencionados políticos de la región que, años después, fueron penalizados por sus alianzas criminales con grupos paramilitares.

En estos hechos fue mencionado el exgobernador de Sucre, Salvador Arana, condenado a 40 años de prisión por su alianza con paramilitares y por el asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz ¿Por qué no ha sido investigado por el homicidio de la fiscal Paternina?

Ketty, la hija de la fiscal asesinada, ha sido enfática en señalar, después de conocer varios testimonios de miembros de los grupos paramilitares, al exgobernador sucreño Salvador Arana Sus y al exsenador de ese mismo departamento, Álvaro García Romero, condenado también a 40 años de cárcel por su participación en la masacre de Macayepo. Pese a que, en el marco de la investigación se ha obtenido información sobre la presunta responsabilidad de Arana Sus, hasta el momento no se le ha vinculado a la investigación, en la justicia ordinaria, mientras que en la justicia transicional de la JEP se espera la valoración de su responsabilidad en el macrocaso 08 (abierto por crímenes cometidos por agentes del Estado en asocio con paramilitares y terceros civiles en el conflicto armado)

Además de enfrentarse prácticamente sola y aislada, a la poderosa asociación político-militar-paramilitar, ¿es cierto que en el curso de la investigación se ha descubierto que contra la fiscal asesinada conspiraron, también, agentes del antiguo DAS y unos compañeros de ella en la propia fiscalía?

De acuerdo con declaraciones que obran en la investigación, se ha señalado la participación de un funcionario del DAS que le prestó apoyo al condenado sicario paramilitar Yairsiño Meza, alias “el gato”, quien confesó que disparó contra ella y que el crimen se ejecutó con la complicidad de un hombre del DAS y de funcionarios de la fiscalía. Ese agente del Departamento de Seguridad, según la confesión, conducía la moto en la que huyeron con Meza. Adicionalmente, se ha mencionado la participación de un servidor de la Fiscalía que trabajaba en el mismo edificio en que laboraba Yolanda Paternina. Alias “el gato” dijo que fue este compañero de Paternina quien le ayudó a identificarla para poder seguirla y matarla. No obstante, hasta el día de hoy no ha sido posible identificar la identidad de esos dos hombres.

El fiscal general de la época, Luis Camilo Osorio, ha sido señalado a lo largo de estas dos décadas, de haber sido por lo menos omisivo y poco dispuesto a perseguir penalmente a los grupos paramilitares. El desamparo de la fiscal asesinada ¿no solo fue parte de un entramado criminal contra ella sino producto del contexto nacional que se vivía en el ente investigador?

El desamparo institucional que permitió al asesinato de la fiscal Paternina, tuvo como parte de su historia, la absoluta desatención de la solicitud de protección que ella elevó ante el fiscal general de la época en que ella desarrollaba las labores de investigación que demostrarían la responsabilidad, además de los paramilitares, de uniformados de la Armada y de otros agentes del Estado. Sabiendo a lo que se enfrentaba, la fiscal Paternina le solicitó a la fiscalía protección para resguardar su vida pues consideraba, con toda razón, que ante la gravedad de lo que había descubierto, su seguridad y la de su familia estaban seriamente amenazadas.

La exfiscal Gaitán que trabajaba con Yolanda Paternina y a la que usted se refirió antes, le dio una entrevista a El Espectador en que confirma el contexto adverso de la etapa de Luis Camilo Osorio, para las investigaciones por estos crímenes ¿Lo que ella relata, coincide con lo que padeció Paternina cuando fue abandonada a su suerte?

Así es. Vale la pena oír la reciente entrevista de Mónica Gaitán. Ella es pieza clave para establecer que esas situaciones hacían parte de un contexto nacional de la institución en esa época. La exfuncionaria narra que la fiscalía estaba permeada por el poderío paramilitar, y que, aunque ella exhibió pruebas de la responsabilidad de varios agentes del Estado en las masacres perpetradas en los Montes de María, la orden del fiscal general fue no tocar a los estamentos del Estado.

Las sospechas sobre la conducta permisiva del fiscal Osorio han permanecido a lo largo de estas dos décadas. Usted menciona también la actitud despreciativa u omisiva del exfiscal Barbosa con referencia a los crímenes de derechos humanos. Entre las administraciones de ellos dos, hay veinte años de distancia ¿Significa que el sistema de justicia colombiano tiende, en general, a darles la espalda a las víctimas de crímenes en que puedan estar involucrados funcionarios estatales?

Generalizar puede ser arriesgado. Sin embargo, y de acuerdo con los contextos investigativos, es posible afirmar que el Estado no ha mostrado su mejor disposición para descubrir y determinar la responsabilidad penal de sus agentes cuando estos se han involucrado en graves crímenes contra los derechos humanos.

Hace 22 años mataron a la madre. Hace una semana, atentaron contra la hija.

Recientemente la Fiscalía General de la Nación declaró crimen de lesa humanidad el asesinato cometido hace dos décadas, de la fiscal seccional de Sincelejo, Yolanda Paternina, que investigaba, abandonada por su institución y por el Estado, tres masacres (Macayepo, El Salado y Chengue) cometidas con toda sevicia y crueldad por los paramilitares de la región de Los Montes de María que acribillaron a los inermes habitantes de esas poblaciones quienes no tuvieron ningún apoyo de los batallones militares de la zona ni de las demás entidades oficiales. El caso Paternina estaba a punto de prescribir pero su clasificación de delito de lesa humanidad impide que la ausencia de justicia que ha favorecido a los determinadores de mayor poder social y político de la zona, sigan gozando de impunidad absoluta. Poco después de la medida anunciada por la fiscalía actual, la hija de la fiscal asesinada, Ketty, alertó a las autoridades sobre un intento de atentado cuando un hombre apuntó un arma contra ella, en la puerta de su casa: se trató de una repetición casi exacta, del acto que terminó con la vida de su madre.

No se investigó a quienes tuvieran poder político, militar o judicial

Por el asesinato de Yolanda Paternina la fiscal que investiga las masacres en Montes de María, ¿cuántos y cuáles delincuentes fueron condenados y pagaron su pena en prisión?

Han sido condenados 3 individuos: el 7 de junio de 2007, Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena, jefe de las AUC que operaba en Sucre, fue condenado como determinador del crimen, a 37 años de prisión; el 23 de octubre de 2009, Yairsiño Enrique Meza Mercado, alias El gato, recibió condena a 18 años en prisión como autor material del crimen; era hombre de confianza de alias Cadena. Por último, el 21 de septiembre de 2011, Edwar Cobo Téllez, alias Diego Vecino, jefe del Bloque Montes de María de las AUC, fue condenado en calidad de determinador, a 16 años en prisión.

Pero la justicia nunca alcanzó a los determinadores o autores intelectuales del Estado en esos crímenes…

Cierto. Hay otros responsables que no han sido indagados por la justicia. La fiscalía tiene una gran deuda con las víctimas puesto que han pasado más de dos décadas sin que investigue, de manera diligente, a los implicados que tenían poder político, judicial, militar o económico.