La austeridad pega al combate a la corrupción, advierte estudio del Senado

CIUDAD DE MÉXICO, 14DICIEMBRE2022.- Aspectos de la que sería la última sesión ordinaria en el pleno del Senado de la República en donde se discutirá el paquete de leyes secundarias en materia electoral. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Aunque la corrupción ha sido señalada como uno de los principales problemas del país, el número de auditorías internas realizadas por el gobierno al gasto federal ha caído 50% desde 2020; las denuncias por irregularidades detectadas externamente se han reducido drásticamente y en lo que va del sexenio se han mantenido descabezadas instituciones responsables de combatir conductas irregulares de los servidores públicos, advierte el estudio ¿Cómo se castiga la corrupción en México? Los resultados del combate a la corrupción a la luz de las sanciones administrativas y penales aplicadas a los servidores públicos 2013-2021. La falta de integración de órganos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la austeridad aplicada a las instituciones responsables de revisar el ejercicio del gasto, destaca el estudio, explican en parte la reducción de auditorías, denuncias y personas acusadas o sancionadas por manejo irregular de recursos públicos.

Órganos de justicia “mochos” Instancias fiscalizadoras austeras y a medias La transparencia en riesgo

El análisis realizado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, señala que las deficiencias en la integración y trabajos realizados por el SNA se arrastran desde 2015, sin embargo se mantienen igual o se ha agudizado en 2023. “Hay que decir que la falta de nombramientos no es un fenómeno exclusivo de este gobierno, como es el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), creado por la reforma anticorrupción de 2015. Este tribunal ha estado incompleto desde entonces hasta la fecha”, indica. El SNA creado en ese año –recuerda el investigador– estableció la creación de una Tercera Sección del TFJA como la instancia responsable de fincar a los servidores públicos y particulares responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales. Sin embargo, hasta 2019 empezó el proceso designación de magistrados y sólo se ratificó a dos de tres magistrados, en 2021, por lo que una parte sigue pendiente. Y no se han integrado las cinco salas que establece la ley, pues el presidente López Obrador envió una iniciativa para reducir el aparato del TFJA, pues ha señalado una proliferación de organismos e instituciones anticorrupción. “Desde luego que todas las instituciones antes mencionadas cuentan con una estructura y procedimientos que les permiten seguir funcionando aún sin personas titulares que las encabecen, sin embargo, resulta innegable que la ausencia de responsables en la punta de la pirámide impacta en el desempeño institucional y dificulta la rendición de cuentas al diluir las responsabilidades”, establece la investigación. El análisis refiere que las instituciones fiscalizadoras han sufrido recortes presupuestales y “un hecho que podría explicar la disminución de las auditorías realizadas a nivel federal y, por tanto, de la identificación y sanción de actos de corrupción. es el recorte presupuestal que ha sufrido la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el marco de las medidas de austeridad implementadas durante la presente administración”. En este sexenio, la SFP ha ejercido presupuestos por montos de entre 1,400 y 1,600 millones de pesos, “en términos reales, (descontando la inflación acumulada durante el periodo 2013-2022), el presupuesto destinado para la SFP en 2023 es 40% menor al que ejerció la dependencia diez años atrás, en el 2013”. Desde 2020, por razones de austeridad, se anunció la cancelación de la plaza de la persona titular de la Subsecretaría de Responsabilidades y Combate a la Impunidad, “en apego a las medidas de austeridad republicana decretadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador”. En junio de 2021 el entonces Subsecretario de Fiscalización y Combate a la Impunidad, Roberto Salcedo, fue nombrado como titular de la SFP, en relevo a Irma Eréndira Sandoval. Desde entonces, hasta la fecha no se ha nombrado a un sustituto en esta subsecretaría, a pesar de que, de acuerdo al Reglamento Interno, tiene la atribución de fortalecer el sistema de control interno, la evaluación y mejora de la gestión gubernamental, la fiscalización en la Administración Pública Federal y la Ciudadanización en el combate a la corrupción. “A las limitaciones y recortes presupuestales se han sumado problemas de subejercicio. Durante sus tres primeros años de funcionamiento, el presupuesto de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la FGR (FECC) ha tenido diferencias importantes entre lo que se aprueba en la Cámara de Diputados y lo que la fiscalía efectivamente ejerce en la práctica”, expone el estudioso. Para el 2023, el presupuesto de la FECC asignado en el PEF ha sido el mayor en toda su historia, con 223.3 millones de pesos, pero “es muy probable que se presenten recortes o subejercicios como en los años anteriores”, lo que en realidad reduce el gasto ejercido. Respecto al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el documento del IBD recuerda que desde el 1 de abril de 2022 el Senado mantuvo pendiente el nombramiento de dos comisionados que concluyeron su encargo. “Esta omisión, de acuerdo con algunos observatorios ciudadanos como Designaciones Públicas, incluso llegó a poner en riesgo la existencia del INAI y el derecho a la información de las personas”, abunda.

Esas vacantes en el INAI se mantienen hoy, pues el pasado 15 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó los nombramientos de Yadira Alarcón y Rafael Luna Alviso como comisionados. El INAI es el coordinador del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), parte integrante del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y el 31 de marzo podría tener tres vacantes y quedar con sólo cuatro integrantes de siete en total, pues concluye el cargo del comisionado Javier Acuña. Esa situación lo pondría en riesgo de no poder sesionar por falta de quórum y no poder emitir resoluciones. El gasto que ejercen los gobiernos federal y estatales es revisado por los órganos Internos de Control (OIC), de los cuales hay uno en cada dependencia pública. Además de esos mecanismos, hay auditorías que se realizan externamente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Auditorías Superiores de cada entidad, órganos que dependen de las Cámaras de Diputados federal y estatales y cuya función es vigilar el ejercicio del gasto público que autorizan. De acuerdo al documento del IBD, ambos tipos de revisiones, internas y externas, así como sus alcances, han disminuido en los últimos años y alguna de las consecuencias de ello sería la reducción en las detecciones de irregularidades, de observaciones al ejercicio del gasto, reducción de recomendaciones, de promoción de responsabilidades administrativas, de recuperaciones de recursos públicos y también de denuncias contra servidores públicos. El análisis indica que en 2021, el tercer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cayó en 92% el número de servidores públicos sancionados por faltas graves. Una de las causas podría ser que desde 2020 cayó en 50% el número de auditorías aplicadas por las contralorías internas (OIC) para revisar el ejercicio de gasto federal, estima. Además se aprecia “debilitamiento y pérdida de efectividad de las acciones fiscalizadoras” de la ASF. Las auditorías realizadas por la ASF “ha mostrado un comportamiento más o menos estable, incluso alcanzando su máximo en el año 2021, con 2,050 auditorías”, pero el alcance de ellas es mucho menor. Ahora se revisa entre 8,000 y 13,000 millones de pesos menos. “Entre 2013 y 2019 –destaca el estudio– el universo fiscalizado en la revisión de la Cuenta Pública se ubicó en un rango de entre 10,000 y 15,000 millones de pesos. En las últimas dos revisiones de la ASF, esta cifra apenas ha superado los 2,000 millones de pesos”. “El tercer fenómeno asociado al debilitamiento de la función fiscalizadora es una menor cantidad de recuperaciones operadas por la ASF, es decir, de los recursos públicos que son reintegrados por los entes públicos, “entre 2009 y 2018, se recuperaron 137 mil 464 millones de pesos, mientras que entre 2019 y 2022 sólo se han recuperado 6 mil 702 millones de pesos”, apunta este estudio. En el análisis se establece también que los castigos son marginales y van a la baja, sobre todo a nivel federal. A nivel administrativo, ante irregularidades en el manejo del gasto, son posibles amonestaciones, destituciones, inhabilitaciones para ejercer cargos públicos. “Entre 2016 y 2020, el número de destituciones de servidores públicos federales registró una disminución equivalente al 71%, mientras que las inhabilitaciones cayeron 68% en el mismo lustro” y en las entidades ese tipo de sanciones es mayor pero “sigue siendo una herramienta subutilizada que muestra un comportamiento errático, y muy probablemente sujeta a los cambios políticos”.