Irresponsabilidad del gobierno y el Congreso para abordar la crisis de las Isapres
La Tercera
Restando apenas ocho días para que se cumpla el plazo en que debe entrar a regir el fallo de la Corte Suprema sobre tabla de factores de riesgo -cuyo aspecto más complejo es determinar la forma en que las Isapres deberán restituir una deuda con los afiliados que ya supera los US$ 1.500 millones, de acuerdo con el cálculo más actualizado de la Superintendencia de Salud-, la tramitación de la llamada “ley corta” -para lograr hacer operativo dicho fallo- está en una suerte de punto muerto, considerando que la norma despachada por el Senado fue desprovista en la sala de la Cámara de Diputados del articulado considerado como el “corazón” de la propuesta. Recién el jueves se constituyó la Comisión Mixta para zanjar estas diferencias, y solo ayer se empezaron a conocer las indicaciones que presentará el Ejecutivo para reponer los aspectos que le den sustento a esta propuesta.
El cuadro en que hoy se debate la norma -y con el cual se intenta congeniar la sustentabilidad financiera del sistema de Isapres con el pago de la millonaria deuda- resulta desolador, de acuerdo con las cifras que presentó la Superintendencia en la Comisión Mixta. En ese orden de cosas, a partir de enero las Isapres ya registran del orden de 12% menos de ingresos producto de la adecuación de la prima GES, lo que solo ha logrado ser compensado en parte con el adelantamiento extraordinario del reajuste anual del precio base, el que como tope implicó un reajuste de 4%. Las proyecciones preliminares del regulador indican que a junio todas las Isapres estarán en pérdida, y de acuerdo con dichas estimaciones el próximo mes dos aseguradoras -Cruz Blanca y Banmédica- ya empezarían a incumplir con indicadores financieros, esperando que el resto lo vaya haciendo gradualmente. Si bien esto no implica la quiebra per se, adelanta que la situación financiera de las Isapres se tornará cada vez más crítica.
La Superintendencia informó, además, que la deuda que las aseguradoras mantienen con prestadores individuales e institucionales alcanza a los $ 215 mil millones, pero las clínicas y otras asociaciones han dicho que el monto adeudado es a lo menos tres veces superior, lo que permite visualizar el enorme efecto sistémico que tendría un colapso de las aseguradoras.
Actualmente son 2,1 millones de personas -entre cotizantes y beneficiarios- los que forman parte del sistema Isapres, quienes están ahora en la total incertidumbre respecto de si el sistema podrá seguir existiendo. No es de extrañar que varios de los parlamentarios de la Comisión Mixta interrogaran a las autoridades de salud acerca de cuál sería el plan de contingencia en caso de que empiecen a colapsar las Isapres, siendo claro que dicho plan no existe. Toda la confianza de la autoridad parece estar en que Fonasa podrá absorber súbitamente a muchos afiliados provenientes del sistema privado, pero diversas voces expertas han hecho ver que inevitablemente el sistema público se verá muy resentido.
Es ciertamente una enorme irresponsabilidad haber llegado hasta este punto y con los plazos a punto de cumplirse. La “ley corta” lleva un año tramitándose en el Congreso, considerando que la Corte Suprema concedió dos prórrogas para que el gobierno y el Parlamento tuvieran tiempo para consensuar una norma. En el camino el Ejecutivo desechó la única propuesta que aseguraba una viabilidad del sistema, la mutualización de la deuda -surgida de un grupo transversal de expertos convocado a instancias de la propia Comisión de Salud del Senado-, y tampoco se consideraron otras iniciativas, como la surgida de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, por lo que la propuesta buscaba considerar que las Isapres propongan un plan de pago dentro de un horizonte de diez años, pero incluso esa norma se cayó en el trámite en la Cámara Baja.
Hay por lo tanto una responsabilidad compartida de los legisladores y el gobierno en no haber logrado hasta el momento una solución, pero ciertamente es sobre el Ejecutivo en quien recae la mayor responsabilidad, pues siendo materias de su iniciativa exclusiva, era su rol no solo asegurar una propuesta sustentable, sino también alinear a sus propios parlamentarios.
Insólitamente el Ejecutivo ha lanzado una suerte de amenaza velada al Congreso, al señalar que las circulares se dictarán con o sin ley, lo que además de resultar insólito, pues el propio gobierno señaló que necesitaba de una norma para habilitar a la Superintendencia para hacer operativo el fallo, denota una preocupante falta de comprensión por lo que está en juego.
En esto es importante tener presente que tan negativo como no tener una ley es terminar con una mala ley, que no se haga cargo del problema de fondo. En las indicaciones que el Ejecutivo presentará se busca reincorporar, entre otros aspectos, la posibilidad de aplicar una prima extraordinaria como forma de ayudar a estabilizar financieramente a las Isapres. Esto último parece insuficiente frente a la magnitud del problema, pero cuando menos sería un avance respecto de la incertidumbre en que hoy nos encontramos. Es importante que se mantenga que no haya planes con aportes inferiores al 7%, porque eso ayudaría a bajar el monto de la deuda, a poco más de US$ 1.200 millones. A estas alturas ya resulta imposible pensar en soluciones óptimas -ni siquiera una eventual prórroga parece suficiente para abordar con la debida calma el sinnúmero de aspectos en juego-, pero el Congreso y el Ejecutivo tienen la responsabilidad en los días que restan de evitar un colapso del sistema.