“Información sí, ‘lobby’ no”, pide a la Corte el exmagistrado Alejandro Linares

Entrevista al exmagistrado de la Corte Constitucional mencionado por Álvaro Uribe Vélez, hace unos días, cuando este fue llamado a juicio. Uribe lo acusó indirecta pero claramente de haber fallado una tutela en contra de sus intereses judiciales, después de unas presuntas llamadas del expresidente Santos. Linares rechaza esa versión y reafirma su posición jurídica, pero acepta que los togados hablan con expertos en los asuntos que deben resolver para poder “tomar mejores decisiones”.

“Si tuviera que volver a presentar ponencia [en la tutela interpuesta por el expresidente Uribe], lo haría en el mismo sentido, a pesar de los enemigos que me gané”, subraya el exmagistrado Alejandro Linares.

Muchos temas complicados pasaron por su despacho de la Corte Constitucional, pero el más difícil, por sus implicaciones judiciales y políticas, fue el de la tutela que interpuso el expresidente Uribe con el fin de que dirimiera si el proceso penal en su contra tenía que reiniciarse desde cero en la Fiscalía, cuando él renunció al Senado (lo cual lo favorecía), o si continuaba en el punto de indagatoria al que llegó en la Corte Suprema. ¿Cómo recuerda ese proceso?

No puedo negar que fue un caso muy difícil personal y profesionalmente. Pero las decisiones en la Corte son colegiadas y la mayoría de la sala plena aceptó la tesis jurídica de mi ponencia, tesis que fue reiterada, con posterioridad, por la Corte Suprema de Justicia. En esencia, se definía si una persona queda vinculada al proceso penal con la indagatoria, en la Ley 600 de 2000, y con la acusación, en la Ley 906 de 2004. En otras palabras, si existiendo dos sistemas de procesamiento penal en Colombia, cuando se pasa del uno al otro hay una “equivalencia funcional” entre indagatoria y acusación en cuanto al momento en el que una persona queda formalmente vinculada a un proceso penal.

Bueno, pero aunque fuera en la Corte, no se trataba solo de resolver un dilema jurídico: de por medio estaba —y está— el político más poderoso de estos 24 años del siglo XXI en Colombia. ¿Es cierto que usted y los demás magistrados del 2021 (cuando se surtió el proceso) recibieron presiones a favor y en contra del involucrado? De hecho, usted mismo lo sugirió en una respuesta a periodistas que produjo una enorme polvareda…

No. Lo dije, también en ese momento: no recibí ninguna presión ni me consta que alguno de mis colegas hubiera sido presionado. Reitero que no recibí ninguna presión ni llamada de nadie. Y es totalmente falso que el expresidente Santos me hubiera contactado para referirse a ese asunto, como se ha dicho de manera equivocada. No recibí, tampoco, ninguna presión de cualquier otra persona.

Su ponencia a favor de que el proceso de Uribe continuara en el punto en que estaba cuando salió de la Corte Suprema fue acogida por la mayoría de la sala, como lo recuerda. Esa decisión permitió que el caso avanzara y que, hoy, el exmandatario esté a las puertas de un juicio. Ya por fuera de la Corte y teniendo en cuenta que usted “se ganó” para siempre a semejante enemigo, si pudiera, ¿echaría para atrás y escribiría un concepto diferente al de su ponencia de noviembre de 2021?

Respeto al expresidente Uribe y creo que tiene todo el derecho, como cualquier colombiano, a la presunción de inocencia y a un debido proceso con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Si tuviera que volver a presentar ponencia, lo haría en el mismo sentido, a pesar de los enemigos que “me gané” y para quienes es difícil separar, emocionalmente, las tesis jurídicas de las personas.

Quiere decir que mantiene el convencimiento jurídico de que su tesis era correcta. No obstante, el expresidente nunca ha dejado de criticar la decisión que tomó la Corte con base en su ponencia, y de descalificarla por supuestamente haber sido influenciada por sus presuntos enemigos políticos. ¿Lo perturba esa “acusación” repetida muchas veces por él en su contra?

La sentencia se sostiene por sí misma. Tanto así, que cuando (los apoderados de Álvaro Uribe) solicitaron su nulidad, la Corte Constitucional, por unanimidad, decidió mantener su vigencia. En cuanto a si me perturban ciertas afirmaciones en mi contra, le puedo decir que las tomo como gajes del oficio. “Graduar” a muchos enemigos es parte inherente a las tareas de magistrado.

Le hago estas preguntas porque el expresidente, al ser llamado a juicio por la Fiscalía hace unos días, hizo un video mencionándolos a usted y al expresidente Santos. Dijo: “El magistrado Linares filtró la ponencia a un periodista amigo suyo y reconoció haber recibido llamada de Juan Manuel Santos cuando se tramitaba el caso” y añadió que, por esas circunstancias, el fallo debió ser anulado. ¿El exmandatario distorsiona los hechos?

Gracias por esa pregunta porque me permite hacer unas precisiones: primero, reitero que jamás recibí una llamada del expresidente Santos sobre el caso Uribe. Segundo, la ponencia nunca se filtró. Y tercero, como dije, la sala plena de la Corte decidió, en posición unánime, no anular la sentencia.

Con todo respeto, permítame le insisto: primero, si no fue usted, ¿quién, fuera de su despacho, podía conocer un texto escrito por usted? Segundo, el expresidente Santos sí habló, en esos momentos, con algunos magistrados aun cuando no fuera sobre el tema de la tutela de Uribe…

En cuanto a su primera pregunta: técnicamente, la ponencia nunca se filtró. Hubo unos apartes de ella que se conocieron en los medios; pero esos apartes pudieron salir de cualquier despacho porque en ese momento el texto de la ponencia ya se había repartido a todos. Sobre su segundo interrogante solo puedo decir que no me consta.

Ahora bien, de acuerdo con su experiencia en ese caso y en otros en que hay en juego grandes intereses, siempre subyace un interrogante: ¿los miembros de la Corte Constitucional reciben todas las veces, solo a veces o nunca presiones externas, en particular del Gobierno de turno o de personajes de poder, para variar el sentido de las sentencias que se estudian en ese tribunal?

La Corte Constitucional es una institución muy importante para Colombia. Sus decisiones pueden tener un impacto significativo en la política y en la sociedad, lo que a veces conduce a acusaciones de motivaciones políticas en sus fallos. La Corte toma decisiones difíciles en temas sensibles que transforman a la comunidad. Durante mis ocho años en esa corporación, tiempo en el cual gobernaron tres jefes de Estado, jamás recibí presiones de nadie. Cosa distinta es que un magistrado de alta Corte, en particular de la que tiene que defender la Constitución Política, se informe de las problemáticas y escuche opiniones distintas, antes de decidir, siempre de manera independiente.

¿Qué quiere decir “escuchar opiniones distintas antes de decidir”? ¿Los magistrados conversan con personas ajenas a esa corporación sobre los temas que estudian en sus despachos? ¿Cómo no traspasar el límite entre lo informativo y lo que puede terminar en “lobby”?

Es una línea muy delgada y eso hace que uno, en sus funciones de magistrado, se convierta en una especie de monje enclaustrado que suspende, por ejemplo, toda asistencia a reuniones sociales o a otros sitios en donde cualquier persona pueda acercarse. Pero se deben escuchar las opiniones expertas o académicas sobre un tema determinado para conocer mejor el asunto y poder tomar mejores decisiones. En resumen, información sí, lobby no.

Otro tema sin relación con el de Uribe, pero de similares complicaciones, fue el que usted tuvo que resolver sobre la legalidad del aborto que algunos pedían anular en Colombia. Pero, en ese caso, su ponencia a favor de la autonomía materna no logró mayoría. Después, cuando se volvió a presentar el mismo asunto en la Corte, tuvo que declararse impedido. ¿Por qué no pudo intervenir siendo conocedor del fondo del problema?

Una de las grandes satisfacciones que me quedaron de mi paso por la Corte fue la de que se ampliara, en 2022, la despenalización del aborto más allá de las tres causales permitidas en 2006, lo cual reivindica la autonomía de la mujer sobre su cuerpo y favorece a las gestantes más pobres y vulnerables, que no tienen acceso al sistema de salud cuando desean interrumpir voluntariamente su embarazo. Me tocó jugar en la banca, en esa importante decisión, porque fui recusado por grupos antiaborto a pesar de que ya había hecho un buen salvamento de voto, en la sentencia C-088 de 2020.

Precisamente, los grupos antiaborto fueron los que lo recusaron para sacarlo del debate y eliminar su voto, porque conocían su posición. ¿Tenían razón o más bien usted se apartó para no invalidar el fallo posterior que terminó siendo más amplio, en garantías para las mujeres, que el que usted propuso?

Creo, firmemente, que quienes me recusaron no tenían razón pero me sometí por transparencia, a la decisión de la sala plena, que resolvió aceptar mi impedimento con base en el concepto un conjuez.

Sin embargo, ese conjuez, solvente en materias jurídicas, también era conocido por sus posiciones ultrarreligiosas y por su ideología de corte muy conservador (Hernando Yepes Arcila, q. e. p. d.).

Es correcto. Sin embargo, acaté, respetuosamente, la decisión de la sala plena.

Las nominaciones de los magistrados de la Corte Constitucional provienen, como se sabe, de ternas del presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, y su elección final depende del Senado. ¿Esa fórmula determina cierta orientación política de las sentencias a pesar de que contengan sustento jurídico legítimo?

Aunque nada es perfecto, la arquitectura constitucional está bien diseñada para la integración de la Corte Constitucional. Dos tercios de los magistrados tienen origen en la rama Judicial con las ternas de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Tan solo un tercio proviene del presidente de la República. Y para darles legitimidad política, todos los miembros de la Corte son elegidos por el Senado. Además, las sentencias son decisiones colegiadas y con fundamentos jurídicos; y también reflejan las diversas especialidades del derecho, las creencias, experiencias y visiones particulares de cada uno de los nueve magistrados. La objetividad pura no existe, pues somos seres humanos. Lo importante es que sus decisiones se fundamenten en la Constitución y en la ley, independientemente de sus inclinaciones políticas o personales.

La polarización política que Colombia padece hoy, más aguda que en el pasado, también parece haber afectado a la Corte Constitucional actual. En su experiencia, ¿es posible o descarta que las decisiones de esa corporación —varias de las cuales han sido adversas al Gobierno— hayan sido orientadas por quienes sienten antipatía por el actual mandatario?

Respeto al presidente Petro y no creo que haya antipatía hacia él o hacia su gobierno. Todas las Cortes Constitucionales, en el mundo, están hechas para ser un freno y un contrapeso al poder Ejecutivo. Y todos los presidentes de Colombia, sin excepción, han sufrido con el control de constitucionalidad, aun antes de 1991.

La relación del presidente con la rama Judicial, particularmente con las Cortes, no parece ser armónica, aunque nunca ha llegado al extremo de tensión de los gobiernos de Uribe. ¿Cómo analiza el plantón de manifestantes petristas frente al Palacio de Justicia hace unas semanas (Corte Suprema) para presionar el nombramiento de fiscal general, que los magistrados calificaron de riesgoso para sus vidas? ¿Fue realmente peligroso o los togados reaccionaron de forma exagerada?

La Corte Suprema tiene 23 magistrados y no era fácil, para cualquiera de las excelentes candidatas de la terna, conseguir, de manera rápida, 16 votos (el mínimo exigido). Como lo dijo el exministro Yesid Reyes, en una columna en El Espectador, el mecanismo de selección del fiscal general fue diseñado para ser complejo. Ese grado de dificultad se explica porque, tratándose de un funcionario que tiene un enorme poder, se busca que el proceso garantice una buena elección mediante varias etapas y filtros; por eso se exigió el voto positivo de las dos terceras partes de los miembros de la Suprema. Al final del día, se evidenció que tanto el presidente como la Corte Suprema cumplieron con sus funciones y colaboraron armónicamente para la realización de los fines del Estado.

Pero, debido a la presión popular, en la más fuerte de las marchas antes de la elección de Luz Adriana Camargo, ¿la vida de los magistrados sí estuvo en peligro o ellos reaccionaron con un poco de histeria dejándose llevar por la tensión política?

Creo que, dados los antecedentes históricos de la toma del Palacio de Justicia, en 1985, había una alta sensibilidad no solo en los magistrados de la Corte Suprema sino también en los miembros de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y del Consejo de la Judicatura que trabajan en el mismo edificio. Los magistrados no están acostumbrados a ese tipo de manifestaciones. Todo esto explica su reacción.

El presidente insiste en que hay, en curso, un “golpe blando” para interrumpir su cuatrienio. Y ha empezado a agitar la posibilidad de que la crisis se resuelva por el que él llama “el poder constituyente” ¿Qué opina usted de esa vía?

Estoy seguro de que Petro dejará el poder el 7 de agosto de 2026. Recuerdo que Uribe hablaba del “Estado de opinión”. Ahora, Petro, con lo que él llama “el poder constituyente”, revolcó en su tumba al sociólogo italiano Toni Negri, que estuvo en la cárcel por su participación en dos atentados. También creo que cada presidente tiene el derecho de crear y utilizar su propia narrativa, su discurso político, siempre que respete las formas constitucionales. Una Asamblea Constituyente en Colombia requiere, para su convocatoria, de una ley aprobada por el Congreso que el pueblo, en votación popular, aprueba o no con un mínimo de la tercera parte del censo electoral que también determina la competencia, el período y la composición de la Asamblea que la misma ley determine. Además, sus miembros deberán ser elegidos por el voto directo de los ciudadanos. Y eso sin hablar del rol de la Corte Constitucional en ese complejo proceso.

Por curiosidad, ¿si viviera aquí, habría salido a marchar el domingo pasado con los manifestantes antipetristas o se habría abstenido?

Habría salido a marchar, no en contra de, sino en defensa del Estado de derecho.

A su regreso al país, ¿retomará su ejercicio del derecho o se decidiría por el activismo político?

Aunque me gusta mucho la academia, creo que retornaré al ejercicio profesional del derecho. Estoy muy agradecido con esta carrera, que me ha dado el privilegio de trabajar en el sector público, el sector privado y la rama Judicial.

Un año sabático pero con reflexiones

Usted terminó, en diciembre pasado, su magistratura en la Corte Constitucional ¿A qué se dedica ahora?

Estoy aprovechando un año sabático después de mis ocho años en la Corte Constitucional. Estos primeros tres meses fui investigador visitante en la Universidad de Stanford, en California, y ahora estoy en Heidelberg, Alemania, invitado por el Instituto Max Planck como estudiante investigador en Derecho Público Comparado y Derecho Internacional. Permaneceré aquí hasta mediados de este año 2024.

Dejar de ser responsable de una actividad de tanta intensidad y carga de ética pública, debe ser un fuerte golpe emocional por cuanto se concluye uno de los máximos honores profesionales y porque, además, se incide en sentencias de máxima instancia y se pierde un enorme poder ¿Cómo ha sorteado la nostalgia?

Precisamente por eso me propuse disfrutar un año sabático. De ese modo, me alejo de la cotidianidad, puedo ejercitar la introspección y reflexionar sobre el rol que desempeñamos los magistrados de la Corte Constitucional.

“Los demócratas sufrimos los extremos polarizados”

Desde la distancia profesional y geográfica en que se encuentra, ¿cómo analiza el difícil panorama político de Colombia? Hay quienes dicen que la de ahora, es una de las peores crisis institucionales del país ¿Está de acuerdo?

Desde esta distancia, percibo una gran polarización política estimulada por las redes sociales, proceso que afecta no solo a Colombia sino al mundo. Mire el caso de Trump en los Estados Unidos, y, más cerca de nosotros, los de Ortega, Maduro, Milei y Bukele. En las crisis y confrontaciones de los extremos polarizados, los que sufrimos somos los demócratas, los del centro del espectro político. Administrar el Estado no es nada fácil y eso se percibe en este gobierno. Parte de la crisis institucional consiste en que, en el sector público no es la narrativa sino el presupuesto el que determina las acciones que se pueden implementar. Para hacer inversión pública hay que saber de CDP, PAC, vigencias futuras, contratación estatal, licitación pública, etc. Y las normas presupuestales están hechas para no dejar gastar.