El Gobierno de Collboni acusa a Colau dejar la vivienda en “una situación alarmante y dramática”

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la teniente de alcalde Maria Eugenia Gay, durante la comisión mixta con la Generalitat de octubre en la que las políticas de vivienda fueron protagonistas.

El gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), y el grupo municipal de los comunes, que capitanea su antecesora, Ada Colau, protagonizaron un duro e inédito enfrentamiento este martes a propósito de la gestión de la crisis de la vivienda en Barcelona. Fue durante la comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento. La teniente de alcalde del área, de la que cuelga vivienda, Maria Eugènia Gay, mostró su “absoluta perplejidad por la situación que dejaron [los comunes]: alarmante, dramática y un auténtico fracaso”, dijo. “Han expulsado a los jóvenes de Barcelona, el alquiler ha subido, la emergencia habitacional está colapsada. La vivienda no se defiende a golpe de titular”, acusó y enumeró cifras como las 682 familias en espera en la mesa de pisos de emergencia, que tarda entre dos y hasta cuatro años a adjudicar pisos, en función del tamaño de las familias. La dureza de los socialistas sorprendió a los comunes, que recordaron que en los últimos dos mandatos gobernaron juntos. Está por ver si las palabras de Gay erosionan las conversaciones que Collboni y Colau mantienen para armar un eventual gobierno de izquierdas.

Los comunes habían pedido la comparecencia de la teniente de alcalde Gay para que diera explicaciones de lo que llevan días denunciando que es “un cambio de criterio” en la gestión de desahucios, con el caso de la vecina Blanca, en el Gòtic, que acabó en la calle después de años de mediación entre el consistorio y la propiedad. Tras una larga intervención leída, la responsable de Derechos Sociales aseguró que “no ha habido ningún cambio de criterio”. Y después de las réplicas de los grupos, insistió: “Hay que repensar el modelo, fomentar planes de autonomía, impulsando la información de los vulnerables y no almacenándoles de cualquier forma”, prosiguió la integrante del gobierno, que acabó afirmando que hay que “acompañar a las personas más allá del día que salen de su domicilio”.

La concejal de los comunes Carolina Recio respondió a Gay que durante los mandatos en que gobernaron, “las políticas de vivienda estuvieron en el centro” y aseguró que tanto su partido como los movimientos sociales de la ciudad se “huelen” que sí ha habido un cambio de criterio, concretamente de “criterio político” y reprochó que “sigue sin quedar claro qué pasó en el caso de Blanca”. Y tras la intervención final de Gay, respondió: “Me sorprende el tono de su respuesta. 80.000 personas se han podido mantener en sus alquileres, nueve de cada diez desahucios se han parado, hemos preservado la función social de la vivienda… Blanca está fuera de casa, no se nos ha respondido, ha dado una respuesta técnica a una situación que requiere voluntad política. Le recuerdo que compartíamos gobierno”.

Gobierno y comunes fueron objeto de críticas también desde el resto de la oposición. Por parte de Junts, la concejal Neus Munté también reprochó cifras de desahucios o subida del precio del alquiler a los comunes, en quien vio “tacticismo político” al exigir la comparecencia de Gay. “Hemos escuchado día sí, día también que las políticas están en el centro, pero las cifras son tozudas y la situación no mejora”, dijo Munté. Solo reconoció a Colau que en sus dos mandatos el Gobierno compartió con la oposición “para actuar con responsabilidad, situaciones muy extremas” en las que estaba trabajando. Eva Baró, de ERC, exigió que en casos como el de Blanca “haya un procedimiento claro”. “El desahucio se había parado varias veces, la administración ha fracasado en los últimos seis años, desde que se salvó por primera vez”, afirmó. El PP también tachó de “fracaso” las políticas del Ayuntamiento y la Generalitat.

Incógnitas sobre el índice de precios que regulará el alquiler

Más allá del Ayuntamiento, en relación a la vivienda este martes también hubo declaraciones sobre el índice de precios del alquiler que prepara el Ministerio de Vivienda, comprometido a tenerlo listo este mes de febrero. Del índice que se acabe aprobando dependerá la aplicación de la regulación de precios en 140 municipios de Cataluña. En este sentido, el Sindicato de Inquilinos alertó de que “el PSOE propone un índice que tiene un abanico de precios, no un precio fijo, con el riesgo de que se aplique el precio más alto”, en palabras del portavoz de la organización, Enric Aragonès. “Hemos sabido que es un índice con precios muy altos, tiene consecuencias en la regulación, que debería servir para bajar precios se limitaría a congelar. No puede ser que la referencia sean precios de la burbuja más alta que ha tenido el precio del alquiler, no podemos normalizar estos precios que llevan a mucha gente a destinar la mitad de sus ingresos a pagar la vivienda”, afirmó Aragonès exigiendo “que la regulación baje precios”. Según la Ley de Vivienda, ningún nuevo contrato puede superar el precio del contrato anterior, y en el caso de grandes tenedores, el precio debe ajustarse al índice, aunque suponga una caída de precio.

La presión del Sindicato se suma a las palabras de la semana pasada de la consejera de Territorio, Ester Capella, responsable de vivienda, que en el Parlament ya alertó del “abanico de precios”. “Si el abanico es muy abierto, se puede aplicar el tramo alto y generar que los precios no caigan”. Capella explicó que están intentando demostrarlo al Ministerio “con un muestreo de 32.000 contratos, para mostrar que si el abanico es amplio, la contención de rentas nunca será una realidad”.

La Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró después del Consejo de Ministros que su ministerio se está inspirando “en el índice que tuvo Cataluña” cuando reguló los precios entre 2020 y 2022. “Deseo que el resto de comunidades donde existan zonas de mercado tensionado tengan la predisposición de aplicar la Ley para contener los precios”. Rodríguez reveló que Ayuntamientos de comunidades que no quieren aplicar la regulación o incluso la han recurrido están pidiendo a sus gobiernos autonómicos poder regular los alquileres.

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