Expropiar a discreción

El Espectador

Según expertos jurídicos nacionales y extranjeros, la desproporcionada y arbitraria intervención de varias EPS por parte del Gobierno, entre ellas Sanitas, que seguramente terminará en su liquidación, configura lo que se denomina en derecho administrativo una “desviación de poder” y una “expropiación indirecta” en el derecho internacional de inversiones. Este habilidoso procedimiento para hacerse al control de las empresas, luego de desacreditarlas y asfixiarlas financieramente, recuerda el mecanismo utilizado por el gobierno de Allende para nacionalizar decenas de entidades, el mismo que, por sus discutibles características, fue denominado como el uso de los “resquicios legales” de las normas chilenas.

Como la nacionalización de numerosas empresas era un aspecto fundamental del programa de la Unidad Popular y este no tenía una mayoría en el Congreso, el abogado Eduardo Novoa Monreal diseñó la estrategia de aprovechar ciertos “resquicios” de algunas normas antiguas para lograr ese propósito. Se trataba de utilizar el oscuro Decreto Ley 520 de 1932, expedido por un transitorio gobierno de facto, que permitía la expropiación por la vía administrativa de predios agrícolas y empresas declaradas de utilidad pública. Este procedimiento se estrenó con la toma de control de una fábrica de paños paralizada, con el argumento de que su producción debía reactivarse y ponerse al servicio de la sociedad. A partir de ese momento, el mecanismo se utilizó en decenas de entidades de todos los sectores. Fue la estrategia central para extender el control del Estado sobre la economía chilena.

En el caso colombiano, a punta de las sucesivas y arbitrarias intervenciones de las EPS por parte de la Superintendencia de Salud, el Gobierno ya maneja y administra la salud de la mayoría de los colombianos. A esto se suma la extrema debilidad financiera de las EPS que todavía no son controladas por las autoridades, la cual seguramente las obligará a entregarse dócilmente a sus dictados y condiciones.

También es semejante en el Chile de Allende y en la Colombia de hoy el rol del gobierno en la originación y propagación de las crisis que justifican la intervención y eventualmente la expropiación de las empresas. Allende nacionalizó empresas paralizadas por huelgas promovidas y apoyadas por su gobierno, con el argumento de que la sociedad necesitaba del abastecimiento de las máquinas paradas y los servicios suspendidos. En nuestro país, el Gobierno está interviniendo las EPS con la excusa de que no cumplen sus reservas técnicas y otros indicadores financieros, un hecho causado, como es de público conocimiento, por la asfixia financiera creada por las mismas autoridades y que ha desencadenado la crisis que motiva la intervención.

Al igual que en Chile, de acuerdo con la opinión de destacados juristas, las actuaciones de las autoridades de nuestro país pasan por encima de los derechos y las garantías constitucionales y legales de empresarios nacionales y extranjeros. La Constitución colombiana, el Estado de derecho y los tratados internacionales imponen límites precisos a la expropiación, los cuales al parecer han sido sobrepasados en nuestro medio. Las cortes deben estudiar las actuaciones del Gobierno y corregir los abusos que se han presentado.

Hay que evitar que estas arbitrariedades se extiendan a otros sectores de la economía.