Revisión del cannabis por el FA: un modelo innovador sin registro y con puntos de venta modernizados

Revisión del cannabis por el FA: un modelo innovador sin registro y con puntos de venta modernizados

Diego Olivera, exjefe de la Secretaría Nacional de Drogas, arroja luz sobre el mercado legal de cannabis, que tras más de una década de existencia, muestra signos de estancamiento. Según el exfuncionario del Frente Amplio, diversas barreras de acceso excluyen a casi la mitad de los usuarios adultos que podrían beneficiarse del mismo. Además, la oferta de sustancias legales resulta insuficiente para alcanzar el objetivo original de la regulación, que era desplazar al mercado ilegal.

Estas reflexiones surgieron en el marco de su tesis de posgrado en Políticas Públicas presentada ante la Universidad Católica del Uruguay (UCU). En ella, propone una serie de cambios cruciales al modelo actual, buscando concretar las bases programáticas del Frente Amplio en el ámbito de la seguridad pública, área en la que Olivera fue uno de los coordinadores.

Según el estudio, la última encuesta sobre el consumo de drogas en Uruguay, realizada en 2019, reveló que apenas el 31% de los consumidores habituales adultos indicaron estar registrados en alguno de los tres mecanismos de acceso previstos por la ley. Olivera identifica problemas como la escasa oferta de cannabis psicoactivo para satisfacer la demanda, la limitada variedad de productos disponibles, las irregularidades en la distribución y la baja cobertura territorial de los puntos de venta.

Hasta el momento, el Estado ha concedido un total de cinco licencias para la producción de cannabis, sin embargo, únicamente tres empresas se encuentran actualmente operativas, con una capacidad conjunta de producir hasta seis toneladas anuales. Según señaló Olivera, estas empresas están restringidas a cultivar y producir únicamente las tres variedades establecidas por la regulación.

Se proyecta que en el segundo semestre de este año se añada una cuarta variedad al mercado. Durante el período comprendido entre 2018 y 2022, las farmacias vendieron en promedio alrededor de 1,5 toneladas anuales, lo que representa el 37% de la producción autorizada a los titulares de las licencias.

Olivera planteó que la exclusividad de las farmacias como punto de venta al público implica una limitación importante para el desarrollo del mercado, debido a restricciones territoriales y a la falta de adecuación del producto a las preferencias de los consumidores. Según datos oficiales citados por Olivera, el número de usuarios registrados en esta modalidad aumentó un 144% entre 2018 y 2023, pasando de 35.246 a 86.207. Sin embargo, las cifras administrativas sobre las ventas muestran que en 2021 solo el 53% de los registrados realizó al menos una compra, mientras que en 2022 fue el 40% y en 2023 aumentó al 58%.

La oferta por usuario en las farmacias actualmente es de 49 gramos anuales, lo que representa aproximadamente 10 veces menos de lo que establece la propia ley. Por otro lado, el precio del cannabis en estos establecimientos aumentó un 135% desde 2017, en comparación con el incremento del 48% en el índice de precios al consumo en el mismo período.

Mientras tanto, el número de miembros en los clubes de membresía ha experimentado un aumento del 348% desde 2017, superando los 10 mil suscriptores, y entregando en 2023 alrededor de 2.683 kilos de cannabis a sus miembros. Esto representa un incremento del 20% con respecto a 2022 y del 76% en comparación con 2021.

Asimismo, Olivera señaló que la legislación actual impide la posibilidad de una movilidad fluida entre diferentes modalidades de acceso. En este sentido, los usuarios registrados en farmacias no pueden realizar compras en clubes de membresía, lo que limita las opciones dentro del sistema legal.

Según los datos obtenidos de la última Encuesta Nacional de Drogas, Olivera calculó que el narcotráfico sigue siendo la principal vía de acceso para el 19% de los usuarios registrados y para el 32% de los consumidores habituales.

Además, el 77% de los usuarios ocasionales y el 45% de los consumidores habituales no registrados expresaron su falta de disposición para realizar compras.

Una encuesta preliminar realizada por la Latin American Marijuana Research (Lamri) reveló que el “miedo a que la inscripción se haga pública” es la principal razón para abstenerse de registrarse, con un 32% de las respuestas. Otro 31% consideró que el registro es “inútil”. Teniendo en cuenta los valores actuales, Olivera estimó que el mercado de cannabis podría tener un valor anual situado entre los US$ 25 millones y US$ 50 millones.

Un enfoque “híbrido” para un nuevo esquema de venta sin registro y con puntos de venta renovados

En su investigación, Olivera propuso avanzar hacia un modelo “híbrido” en comparación con el actual sistema, una propuesta que guarda ciertas semejanzas con un proyecto de ley presentado por el actual jefe de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío, para la consideración del gobierno. Este modelo conserva la regulación sobre un producto que se considera riesgoso para la salud, pero abandona el registro previo de los compradores, optando en su lugar por un control exclusivo sobre las cantidades vendidas en cada transacción.

Bajo este esquema, las empresas podrían proponer al regulador los tipos de productos a comercializar y sus respectivos precios. Se plantea también la posibilidad de otorgar más licencias y la creación de una nueva categoría de puntos de venta, similar a los “dispensarios” presentes en otros países.

Las bases ideológicas del Frente Amplio, donde Olivera desempeñó un papel destacado, plantean la necesidad de revisar las políticas en torno a las drogas, con un enfoque particular en el cannabis, con el objetivo de reducir el impacto del tráfico ilícito. Se está considerando la implementación de una nueva estrategia de regulación de los mercados, la cual se basaría en lecciones aprendidas de las “experiencias fallidas” de la “guerra contra las drogas” observadas en diferentes partes del mundo.

El documento presentado públicamente por la oposición también aborda esta cuestión, proponiendo la aplicación de penas que sean “racionales y proporcionales”, con el fin de evitar que la “criminalización y la dureza punitiva” recaigan injustamente sobre los casos de microtráfico, los cuales afectan especialmente a personas pertenecientes a grupos socioeconómicos vulnerables.