“Hasta las 3 AM y con Delivery”: Contralora (s) cuestiona a los municipios por permisos para barberías

Agencia Uno | Contralora (s) Dorothy Pérez en comisión de cultura del Senado

Durante el Encuentro Anual de Alcaldes y Alcaldesas organizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), la contralora subrogante, Dorothy Pérez, levantó una importante alerta sobre la responsabilidad que tienen los municipios en la revisión de las patentes comerciales, enfocándose particularmente en la proliferación de barberías. Pérez destacó la inusual cantidad de estos establecimientos, algunos de los cuales operan hasta las tres de la madrugada y ofrecen servicios de entrega a domicilio.

“Cómo puede suceder que tengamos cinco barberías por cuadra en nuestro país. Algo pasa ahí. Y esas barberías están atendiendo hasta la 3 a.m. y con delivery, y nadie corta el pelo a través del delivery”, expresó Pérez, insinuando que estos negocios podrían estar sirviendo como fachadas para actividades ilegales.

Además, la contralora subrogante sugirió que estos locales podrían estar implicados en la ocultación de ingresos ilícitos, comparando la situación con el caso de la banda de origen dominicano, Los Trinitarios. Según el fiscal Marcos Pastén, encargado de investigar a dicha banda, utilizaban empresas de fachada, incluyendo barberías, para lavar activos y manejar dinero obtenido de actividades delictivas.

Pérez también cuestionó la diligencia de los alcaldes en la emisión de patentes comerciales, incluso cuando los establecimientos cumplen aparentemente con todos los requisitos legales. “Perfecto, pero ¿le vieron la declaración de capital propio? ¿Y si tenía un capital propio gigantesco, gente que no se sabe de dónde sacó ese capital, no será lavado de activos, no tendré que reportarlo, no tendré que coordinarme con (Servicio) Impuestos Internos?”, interrogó Pérez a los alcaldes y alcaldesas presentes.

Este llamado a la vigilancia subraya la necesidad de una mayor supervisión y cooperación entre las autoridades municipales y nacionales para prevenir el uso de negocios legítimos como coberturas para actividades criminales.