El Congreso de Guatemala está entrampado en discusiones de última hora que retrasan la investidura como presidente del socialdemócrata Bernardo Arévalo, blanco de maniobras judiciales que buscaron durante meses invalidar la sorpresiva victoria que logró con su promesa de combatir la corrupción. Pese a que la Constitución de Guatemala establece que el Congreso debe juramentar al nuevo presidente a más tardar a las 4:00 de la tarde, al cumplirse este plazo ni siquiera estaba instalado el nuevo parlamento.
El Congreso, mayoritariamente de derecha, no logra ponerse de acuerdo en la elección de la nueva junta directiva, debido a que discute si declarar “independientes” a los diputados del partido Semilla de Arévalo, en virtud de una orden judicial de suspensión de ese movimiento político por supuestas irregularidades en su creación.
El retraso de la investidura desató malestar entre los cientos de seguidores de Arévalo, entre ellos muchos indígenas, que, entre empujones con la policía, se abrieron paso para acercarse a la sede parlamentaria. Hasta ahora la policía no ha reprimido la manifestación.
Disturbios en Guatemala
“El pueblo está observando”
El sociólogo, exdiplomático y filósofo de 65 años, Arévalo, pasó inesperadamente en junio a la segunda ronda presidencial con una candidata conservadora aliada del oficialismo, a quien venció cómodamente con un 60 % de los votos por su mensaje anticorrupción.
La embestida, basada en casos “espurios”, según Arévalo, fue condenada por la ONU, la OEA, la Unión Europea y Estados Unidos, que sancionó a cientos de fiscales, jueces y diputados por “corrupción” y “socavar la democracia”.
Como muestra del respaldo, al traspaso de mando asisten el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, delegados de Washington, el rey de España, Felipe VI, entre otros, los presidentes de Colombia, Chile, Honduras y Panamá. “El pueblo guatemalteco y la comunidad internacional están observando”, agregó Arévalo en X. Una reunión de cancilleres que asisten a la investidura fue convocada de forma urgente por Costa Rica.
Disturbios en Guatemala
Arévalo sustituirá al derechista Alejandro Giammattei, quien ha sido vinculado al llamado “pacto de corruptos” y durante cuyo gobierno se exiliaron decenas de fiscales, jueces y periodistas que denunciaron actos de corrupción.
Hijo del primer presidente democrático de Guatemala, Arévalo reconoce que afrontará enormes desafíos, pues las “élites político-criminales, al menos durante un tiempo, seguirán enquistadas” en poderes del Estado.
Arévalo le pedirá esta semana la renuncia a la fiscal general Consuelo Porras, a la cabeza de la ofensiva judicial, pero analistas no descartan que la Fiscalía continúe la persecución y solicite al Congreso retirarle la inmunidad de presidente.
“Estará bajo acoso permanente. Su mayor desafío es responder al deseo de la gente: no ser gobernada por el pacto de mafiosos. Tiene que desarticularlo para poder gobernar”, dijo a la AFP el analista Manfredo Marroquín.
Bernardo Arévalo.
“No está todo en sus manos”
La Guatemala que Arévalo hereda ocupa el puesto 30 de 180 países en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional y con 60 % de sus 17,8 millones de habitantes en la pobreza, uno de los índices más altos de América Latina. Decenas de miles emigran cada año a Estados Unidos en busca de trabajo y huyendo de la violencia de pandillas y narcos.
“No está todo en sus manos, no esperamos un cambio cien por ciento, pero que sí cumpla lo que ha dicho”, declaró Hellen Chua, universitaria de 18 años. Según Arévalo, “lo más urgente” es recuperar las instituciones “cooptadas por los corruptos”, pero “lo más importante” es trabajar por el desarrollo social.
Para ello, nombró un gabinete de 14 ministros. Pero fue criticado por algunos seguidores por incluir figuras del sector privado o vinculadas con gobiernos pasados, y solo una indígena.
Hijo de Juan José Arévalo (presidente de 1945-1951), impulsor de reformas sociales, nació en Montevideo y vivió de niño en Venezuela, México y Chile, en el exilio de su padre tras el golpe de Estado orquestado por Washington en 1954 contra el progresista Jacobo Árbenz.
*Con información de AFP.
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