Gobernador de Georgia promulga ley que exige que cárceles revisen estatus migratorio de reos

ARCHIVO – El gobernador de Georgia Brian Kemp habla el 26 de febrero de 2024, en Athens, Georgia, ante miembros de la Cámara de Comercio del Área de Athens sobre la muerte de la estudiante de enfermería Laken Riley. (Nell Carroll /Atlanta Journal-Constitution vía AP, Archivo)

ATLANTA (AP) — Las cárceles de Georgia ahora deberán revisar el estatus migratorio de los internos y presentar una solicitud para ayudar a aplicar la ley migratoria federal, de acuerdo con una nueva ley que adquirió impulso después de que la policía acusó a un venezolano de matar a una estudiante de enfermería en el campus de la Universidad de Georgia.

El gobernador Brian Kemp promulgó la ley el miércoles en el Centro de Entrenamiento de Seguridad Pública de Georgia en Forsyth. La mayoría de las disposiciones entran en vigor de inmediato.

El gobernador republicano aprobó una ley separada que exige fianza en efectivo para otros 30 delitos e impide que personas y fondos de fianzas de beneficencia puedan pagar la fianza de más de tres personas al año, a menos que cumplan los requisitos para convertirse en una empresa de fianzas. Esta ley entrará en vigor el 1 de julio.

Kemp dijo el miércoles que el proyecto de ley sobre inmigración, denominado HB 1105, “se convirtió en una de nuestras principales prioridades después de la muerte sin sentido de Laken Riley a manos de alguien que estaba ilegalmente en este país que ya había sido arrestado después de cruzar la frontera”.

José Ibarra fue arrestado por acusaciones de asesinato y agresión por la muerte de Riley, de 22 años. Las autoridades migratorias dijeron que Ibarra, de 26 años, entró sin autorización en Estados Unidos en 2022. No se sabe si había solicitado asilo. El asesinato de Riley desató una tormenta política cuando los conservadores usaron el caso para culpar al presidente Joe Biden de fallas migratorias.

“Si una persona entra ilegalmente en nuestro país y procede a cometer otros delitos en nuestras comunidades, no permitiremos que sus crímenes queden impunes”, dijo Kemp.

Los opositores advierten que la ley convertiría a las policías locales en una policía migratoria, haciendo que los inmigrantes estén menos dispuestos a reportar delitos y a colaborar con las autoridades. Los opositores también señalan estudios que muestran que los inmigrantes tienen menos probabilidades de cometer delitos que los estadounidenses por nacimiento.

En la ley se establecen requisitos específicos sobre la forma en que los funcionarios carcelarios deben comunicarse con el Servicio de Control de Inmigración y de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para determinar si se sabe si los presos están en el país ilegalmente. Anteriormente, la ley de Georgia únicamente alentaba a los funcionarios a hacerlo, pero según la nueva ley, será un delito no revisar el estatus migratorio “deliberada e intencionadamente”. La ley también negaría financiación estatal a los gobiernos locales que no cooperen.

La ley también estipula que las prisiones locales soliciten lo que se conoce como un acuerdo 287(g) con el ICE para que los funcionarios carcelarios locales ayuden a hacer cumplir la ley de inmigración. No está claro cuántas solicitudes serían aceptadas porque el gobierno del presidente Biden ha restado importancia al programa, el cual no autoriza a las fuerzas de seguridad locales llevar a cabo detenciones relacionadas específicamente con la inmigración fuera de la cárcel.

Los republicanos dijeron que el proyecto de ley SB 63 del Senado, que requiere una fianza en efectivo, es necesario para mantener a los delincuentes tras las rejas, a pesar de que socava los cambios que el exgobernador Nathan Deal promovió en 2018 para permitir a los jueces liberar a la mayoría de las personas acusadas de delitos menores sin necesidad de fianza.

“Demasiadas veces hemos visto que algunas de nuestras ciudades o condados han sido una puerta giratoria con delincuentes”, comentó el vicegobernador republicano Burt Jones.

Los partidarios de la medida señalaron que los jueces aún tendrán facultades discrecionales para establecer fianzas muy bajas. Una parte independiente de la reforma de 2018 que requiere que los jueces consideren la capacidad de alguien para pagar seguiría siendo ley.

Pero la medida podría dejar a los acusados pobres tras las rejas cuando estén acusados de delitos por los cuales es poco probable que vayan a prisión, y agravar con ello el hacinamiento en las cárceles condales de Georgia.