Gloria Cano: “La obligación de un congresista es preocuparse por las víctimas, no por los victimarios”

Gloria Cano: “La obligación de un congresista es preocuparse por las víctimas, no por los victimarios”

La abogada de Aprodeh Gloria Cano se pronunció sobre el proyecto de ley presentado por el congresista Jorge Montoya que plantea conceder amnistía a quienes tienen procesos judiciales en curso y a adultos mayores sentenciados por violaciones a derechos humanos. Esta propuesta beneficiaría directamente al exdictador Alberto Fujimori, a Vladimiro Montesinos y a los integrantes del grupo Colina.

— ¿Qué opina del proyecto de amnistía propuesto por el congresista Jorge Montoya?

—Es un proyecto que adolece de legalidad, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado con respecto a que el Estado peruano tiene obligaciones internacionales hacia las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos que es el de tutela jurisdiccional. Justamente, las leyes de amnistía lo que van a hacer es violar esos derechos que tiene la víctima, no solamente que sea investigado, juzgado y sancionado, sino que esas sanciones no sean efímeras. No sean simplemente una cosa por cumplir. Entonces, las leyes de amnistía violan ese tipo de compromisos internacionales de derechos de las víctimas; por lo tanto, son inaplicables.

—¿Este proyecto es viable?, ¿puede llegar a ser aplicado o los acuerdos internacionales lo impiden?

—Con respecto a si son viables, no, no son. Ya hemos tenido esos tipos de leyes de amnistía que no pueden ser ejecutables por violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También hay diversas sentencias del Tribunal Constitucional y jurisprudencia de la Corte Suprema de la República.

—El congresista hace referencia a “procesos que duran 24 años” y aún no han sido juzgados ¿Siente que hay una mayor demora en casos vinculados a crímenes contra los derechos humanos?

—Efectivamente, hay diversos casos que todavía son de los años 80 o de los años 90 y que todavía no son juzgados, principalmente porque desde el Ejecutivo no se le ha dado al Poder Judicial todas las herramientas necesarias para una investigación óptima. Ha habido ocultamiento de documentación, no se les ha permitido tener acceso a toda la documentación. Nosotros mismos (Aprodeh) hemos tenido que hacer un hábeas data para poder obtener algún tipo de información sobre esos años, también la Fiscalía

—¿Qué pasa con las víctimas y sus familiares?

—Las víctimas, efectivamente, están esperando desde hace 24, 30 años procesos judiciales para poder conocer de esas graves violaciones, qué fue de sus parientes, de los desaparecidos, por qué los ejecutaron, quién se los llevó o por qué los torturaron. Creo que más allá de hablar de las personas vinculadas a los crímenes, hay que hablar de las víctimas y creo que esa es una obligación de cualquier representante nacional, como es un congresista, preocuparse por las víctimas, no por los victimarios. No se puede, de ninguna manera, violar el derecho de las víctimas a su conocimiento a la verdad.

—¿En qué beneficia esto a Alberto Fujimori, Montesinos y los agentes del grupo Colina que ya fueron sentenciados?

—Bueno, Alberto Fujimori tiene un proceso pendiente, que es el proceso Pativilca y tiene otros procesos más todavía, como esterilizaciones forzadas, y tiene que ser juzgado. Entonces, lo que se pretende es favorecer a Alberto Fujimori. A Montesinos y al grupo Colina es perdonarles sus condenas. Yo creo que hay un compromiso; me parece que hay un compromiso de algunos legisladores hacia aquellas personas que delinquieron, como Alberto Fujimori y el destacamento Colina.

—Sobre la amnistía para presos mayores de 80, en este punto, ¿Fujimori y el exjefe del Comando Conjunto de las FF. AA. Nicolás Hermoza serían beneficiados? ¿Qué pasaría con los otros procesos?

—Ellos están proponiendo una amnistía para mayores de 80 años como si fuera un recurso más de carácter humanitario. Recordemos que ya en mayo del 2018, la Corte IDH señaló cuáles eran los requisitos para cortar las penas a aquellas personas que han sido condenadas por graves violaciones a los derechos humanos; tenía que ver con reconocer el hecho, con el pago de las reparaciones, con la conducta procesal de las personas y que hayan pasado la mayor parte de las condenas. Entonces, yo creo que se aplica a este tipo de posibilidades de legislar para personas que hayan sido condenadas por estas graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad y que hayan pasado los 80 años.

—¿Qué casos aún están en medio de un proceso judicial? ¿Qué pasa si ya se declararon culpables, como Montesinos en el caso Pativilca?

—¿Qué ocurriría con las reparaciones civiles pendientes?

—Lo que se pretende es someter a las víctimas nuevamente a realizar acciones civiles y procesos judiciales contra aquellas personas que hayan sido condenadas para poder cobrarles la reparación. Aunque, en muchos de los casos, es el Estado que ha sido declarado tercero civil responsable, pero omitiendo su deber, todavía no les han realizado el pago de esas reparaciones.

—¿Qué ocurre con los familiares de los desaparecidos que aún esperan que se informe el paradero de sus seres queridos? Por ejemplo, en el caso sótanos SIE…

—Es la violación al derecho de las víctimas de conocer la verdad a saber sobre el paradero de sus familiares.

Ley de amnistía: ¿qué dice el proyecto del congresista Montoya?

El objetivo del proyecto de ley de Jorge Montoya es otorgar amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Comités de Autodefensa y funcionarios del Estado denunciados por delitos vinculados a la violación de los derechos humanos ocurridos en la época de la violencia política.

Esta amnistía está dirigida para aquellos investigados que tienen procesos judiciales pendientes hace más de 20 años. A su vez, contempla el indulto humanitario para las personas condenadas, mayores de 80 años.

En sus fundamentos, el parlamentario cuestiona al Poder Judicial y el tiempo que se demora en resolver los procesos; además, argumenta que las personas investigadas no actuaron por voluntad propia, sino en el marco de una “lucha contra el terrorismo”.

“Debemos recordar que el 100% de los hoy procesados por lamentables hechos violatorios de los derechos fundamentales de peruanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo, no intervinieron de manera espontánea o por interés propio, sino en cumplimiento de deberes funcionales propios de sus respectivas actividades militares, castrenses, policiales o de gobierno que detentaban en aquel entonces (…)”, se lee en una parte de la propuesta legislativa.