Ministro de Hacienda: la chequera del Estado tiene reglas

Existen normas de contratación estatal que dan seguridad para evitar abusos. La Casa de Nariño no lo puede olvidar.

Suele hablarse de la chequera para referirse a la labor que ejerce el Ministerio de Hacienda con los recursos públicos, pero hay riesgos para tomarse en serio la metáfora. Sí, es cierto que el ministro de Hacienda, bajo la dirección del presidente de la República, es ordenador del gasto y tira línea sobre la prioridad del dinero que se invierte en Colombia, pero en esa actividad no está solo ni puede actuar de manera caprichosa. Es por eso que el Presupuesto General de la Nación es una ley que pasa por un riguroso análisis de los congresistas y que ata a todos los gobiernos a su estricto cumplimiento. Por la misma razón existen normas de contratación estatal que dan seguridad jurídica a todos los involucrados en las obras públicas en el país. La chequera está fuertemente reglamentada y vigilada para evitar abusos. La Casa de Nariño no lo puede olvidar.

Retomamos la metáfora de la chequera porque declaraciones recientes del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en medio de un escándalo por fallas técnicas en un decreto de liquidación del presupuesto para 2024, prendieron las alarmas. El jefe de la cartera que debería ser la más técnica dijo que “hay que examinar si lo que está previsto para entregarse este año sea menor debido a los retrasos de la obra”. Estaba justificando que el Gobierno no hubiera desagregado los recursos para 108 obras de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), como denunció hace poco Portafolio. Solo hay un problema: el Gobierno Nacional no puede alterar el Presupuesto General de la Nación aprobado a su antojo e imponer cargas no pactadas en los contratos de obra pública.

Hablando con El Espectador, Miguel Castro, profesor de la cátedra de contratos públicos de la Universidad Javeriana, explicó la incongruencia de lo dicho por el ministro. “El objetivo de los recursos no es pagar al concesionario, sino servir de fuente para que el proyecto siempre cuente con financiación”, señaló. “Solo a medida que se va cumpliendo, se le va pagando al concesionario, pero eso no quiere decir que el Estado se pueda desprender de su obligación de poner la plata que tiene que girar anualmente por contrato y por ley”. En otras palabras, y en un gesto que ya se está volviendo característico del gobierno de Gustavo Petro, una manifestación pública que busca mostrarse como la lucha contra la corrupción y los incumplimientos se hace sin fundamento técnico y causando efectos colaterales preocupantes.

Toda esta discusión ocurre en medio de un grave embrollo técnico. A finales del año pasado, el Gobierno expidió de manera inadecuada el decreto de liquidación del Presupuesto General. Entre los problemas está que no reprodujo lo aprobado por el Congreso (lo que genera un choque de trenes) y que no se desagregaron las inversiones de $13 billones en infraestructura, lo que generó rechazo en el sector. Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, aseguró que hay riesgo de parálisis en obras a lo largo y ancho del país por la falta de seguridad jurídica.

Si hay interés por cambiar las reglas de contratación estatal y de garantizar cumplimientos en las obras, se deben modificar las reglas a través del Congreso de la República. En el proceso no se puede abandonar el cumplimiento de los requisitos técnicos que pide el presupuesto nacional. No descuidemos la chequera.

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