Funcionario del Proyecto Legado ofreció “arreglar” contrato de S/22,4 millones

El presidente del comité de licitación del proyecto de construcción del comedor de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, Javier Villanueva Loyola, pidió orientar la adjudicar la obra de S/22,4 millones a una empresa postora y a cambio ofreció recompensa económica.

El caso fue revelado por los integrantes del Comité de Selección que encabezaba el mismo Javier Villanueva, funcionario del Proyecto Especial Legado, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Fuentes de Legado confirmaron que el hecho ocurrió el 8 de febrero de este año. Villanueva fue destituido y reemplazado y el Comité de Selección continuó con sus labores: pocos días, el 23 de febrero, adjudicó el contrato al Consorcio Bicentenario I, que representa la empresaria Esperanza Rojas Gutiérrez, socia política del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, amigo de la presidenta Dina Boluarte. Rojas también ha sido contratista del mismo gobierno regional durante el mandato de Oscorima.

Las fuentes de Legado evitaron identificar el nombre de la empresa a la que Javier Villanueva pidió favorecer, “para no entorpecer las investigaciones en curso”, indicaron.

Los miembros del comité precisaron que Villanueva actuaba por encargo, porque este mismo afirmó que había recibido la orden de manipular la licitación. “Javier Villanueva Loyola, presidente del Comité de Selección, dijo que quería conversar con los denunciantes (los miembros del comité), por lo que los condujo a los palcos del estadio atlético de la Videna. Estando reunidos los miembros del comité, Villanueva Loyola les indicó que había recibido el encargo de que el comité debía de ayudar a un postor. (…) Los denunciantes solicitaron que se explique mejor lo mencionado”, señala la denuncia presentada a las autoridades del Proyecto Especial Legado.

“Javier Villanueva precisó que había un contratista que había ofrecido cumplir con los plazos y lograr los objetivos, poniendo doble turno de personal. Mencionó que si ellos ayudaban al contratista, el contratista iba ayudar al comité”, indicaron los miembros del comité.

Por “ayudar al comité” se entiende un pago ilícito.

“Los denunciantes precisaron que durante la conversación Javier Villanueva señaló que había la indicación de apoyar a ese contratista y que se debía buscar la sin razón para descalificar a los otros contratistas”, según la manifestación de los servidores.

Por la gravedad del incidente, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) debió haber intervenido. Pero fuentes de la entidad afirmaron que el Proyecto Especial Legado no les comunicó el caso del intento de manipular el proceso para la adjudicación del contrato por S/22,4 millones. Y que más bien no era al OSCE al que Legado debía haber reportado el hecho sino a la Contraloría o al Ministerio Público.

“No se recibió información de Legado sobre lo consultado. En el supuesto consultado le corresponde a Legado informar al Sistema Nacional de Control y/o el Ministerio Público, a fin de que actúen conforme a sus competencias”, informó OSCE a este diario.

La reacción de OSCE frente a este caso de relevancia ocurrido en una entidad que depende directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros, es completamente diferente en comparación con el acoso que enfiló hacia el Grupo La República, al que le inició 109 procesos y sancionó 49 veces, con el falso argumento de que contrató ilegalmente con el Estado.

Ayer este periódico informó que el Primer Juzgado Constitucional de Lima ordenó al OSCE que deje sin efecto los procesos sancionadores contra el Grupo La República porque carecían de sustento legal, con lo que se le ha puesto freno al atropello.

Pese a la gravedad del caso, mantuvo a todos los integrantes del Comité de Selección, excepto a Javier Villanueva, y adjudicó el contrato a Esperanza Rojas. “Se recibió la denuncia en contra de Javier Villanueva para el proceso del comedor e inmediatamente se separó a esta persona como miembro del comité y también se le desvinculó completamente de Legado”, afirmaron las fuentes.

Pero hay un dato de importancia: los miembros del comité que revelaron el ofrecimiento ilícito de Javier Villanueva, mencionaron que quien los convocó a la reunión en la que éste les planteó orientar la licitación, fue el secretario de Administración, Angel Maldonado Mejía. Así consta en la manifestación de los integrantes del Comité de Selección. Sin embargo, Maldonado sigue en funciones. Fue designado en el cargo por la PCM, cuando ejercía Alberto Otárola.

De acuerdo con la versión de Legado, todavía no se ha determinado si existe complicidad entre Javier Villanueva y Ángel Maldonado: “Legado evalúa todas las versiones diligentemente, pero con responsabilidad. También tomamos en cuenta las denuncias que recibimos conforme al sustento con que cuentan y la disposición de la fuente a corroborarlas. Las responsabilidades son individuales y aún no encontramos indicios ni testimonios de participación por parte de un funcionario de Legado. Sin embargo, la investigación interna prosigue”, respondieron las fuentes.

OSCE ha informado que corresponde a las autoridades del Proyecto Especial Legado deslindar las presuntas irregularidades en la licitación que recayó en Esperanza Rojas. Y debe responder por sus funcionarios.

“El titular de cada entidad nombra y evalúa la permanencia de los miembros del comité de selección. Cada miembro del comité de selección tiene la obligación de actuar con probidad, honestidad, transparencia e imparcialidad y, en virtud de ello, denunciar cualquier acto de corrupción que hubiese podido identificar en el ejercicio de sus funciones”, dijeron las fuentes del OSCE consultadas por este diario.

Cuando se trata de funcionarios del gobierno de Dina Boluarte, el OSCE no parece actuar de una manera más drástica para esclarecer presuntos casos de corrupción. Pero sí lo hizo con el Grupo La República, contra el que inició procesos de sanción sin ninguna justificación y el evidente propósito de intentar silenciar un medio crítico al gobierno de Boluarte, amiga de Wilfredo Oscorima, socio político de Esperanza Rojas que ganó sospechosamente el contrato por S/22,4 millones.