Catastro del SEA detalla 64 proyectos judicializados por US$10.546 millones

La Tercera

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), órgano técnico creado en 2010 en el marco de la reforma a Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, informó un catastro de 64 proyectos se mantienen judicializados y suman US$10.546 millones.

Al 22 de febrero de 2024, los cinco sectores que acumulan el mayor número de iniciativas entrampadas en tribunales son: energía (34%); inmobiliario (17%); infraestructura (9%); minería (9%) y piscicultura (6%). El monto total es menor en comparación con la cifra que la misma entidad informó a este medio en febrero de 2023 a través de un requerimiento de Transparencia. En aquella oportunidad eran 62 las iniciativas bajo el mismo estatus y ascendían a US$11.516 millones.

De los 64 proyectos judicializados, 19 corresponden a proyectos que ingresaron al SEIA a través de un EIA y 32 a DIA. Además, existen 13 proyectos judicializados referidos a otro tipo de procedimientos administrativos dictados en virtud de la normativa ambiental actualmente vigente, tales como consultas de pertinencia, revisión de RCA favorables conforme al artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300 y por acreditar el inicio de ejecución de los proyectos.

El porcentaje de proyectos que cuentan con calificación favorable actualmente judicializados asciende a un 71,8%.

Catastro del SEA revela 62 proyectos judicializados por una inversión de US$11.516 millones

Los 10 mayores proyectos de inversión con que actualmente mantienen su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), siendo cuestionada a través de recursos de reclamación son: Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi (US$3200 millones); Los Bronces Integrado (US$3000 millones); Plan de Expansión Chile LT 2×500 kV Cardones – Polpaico (US$1000 millones); Proyecto Blanco (US$527 millones); Concesión Ruta 66 – Camino de la Fruta (US$400,5 millones); Centro Comercial Mall Vivo Santiago Etapa II (US$200 millones); Centro de Distribución El Peñón (US$180 millones); Concesión Vial Puente Industrial (US$180 millones); Terminal GNL Penco Lirquén (US$165 millones) e Hijuelas Quilín (US$150 millones).

El SEA, en su respuesta a Pulso, adjuntó un Excel detallando “en la sumatoria del monto de inversión impugnado solo aquellos proyectos que cuentan actualmente con una calificación favorable, y no aquellos que cuentan con una calificación desfavorable, o las causas que se refieren a otro tipo de procedimientos administrativos, tales como consultas de pertinencia o revisión de RCA conforme a lo establecido por el artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300″.

“Si bien todos los proyectos que se someten al SEIA y los que son objeto de una consulta de pertinencia especifican un monto de inversión, solo puede hablarse de un monto de inversión comprometido judicialmente respecto de aquellos que fueron aprobados administrativamente por una RCA que ahora es judicializada. En esos casos existe un monto de inversión que fue comprometido en sede administrativa y validado por una autorización, pero que puede verse revocado por la decisión judicial”, respondió el SEA.

Se trata de 17 proyectos, cuyos montos de inversión no fueron cuantificados dentro del catastro de proyectos judicializados. Entre ellos están: Dominga (US$2.500 millones); Proyecto Minero San Cayetano (US$20,5 millones) y Piscicultura San Joaquín (US$17,8 millones). Además de otros que no han ingresado formalmente sus declaraciones o estudios de impacto ambiental, pues sólo son consultas de pertinencia. En ese listado están: Proyecto Edificio DUO; Optimización Parque Eólico Cardonal; Proyecto Cancha de Acopio de Minerales; Altos del Mar y Mira al Mar. Estos dos últimas son obras inmobiliarias que están judicializadas debido a recursos de protección.

Recomendaciones

Consultada la institución sobre qué acciones recomienda a los titulares para evitar que sus proyectos sean judicializados, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) respondió: “La invitación es a que los titulares presenten proyectos sólidos, robustos, con respeto a la normativa ambiental, las mejores técnicas disponibles y siguiendo los documentos técnicos y guías del SEA. También que mantengan un relacionamiento transparente y temprano con las comunidades con las que se relacionarán sus proyectos y que serán sus vecinos”.

Ximena Insunza, investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, sostuvo: “El tema de la localización y la explicación de los impactos a la ciudadanía son hoy día cruciales. En el caso del primero, es relevante determinar el área de influencia y ver si existen mejores alternativas en caso que se estén produciendo demasiados impactos. En el segundo caso que está relacionado con lo mismo si bien la vinculación o relacionamiento temprano no es hoy día obligatorio, existe literatura que permite comprobar que reduce la judicializacion”.

Paulina Riquelme, abogada socia de EeLaw explicó “les recomendaría implementar una planificación del proceso de evaluación ambiental en etapas tempranas del diseño del proyecto, que considere un equipo revisor interno de toda la documentación que prepara el consultor y la implementación de las guías y documentos criterio del SEA. Asimismo, implementar un programa de relacionamiento comunitario temprano con las comunidades cercanas para informar sobre el proyecto y recoger las preocupaciones que tienen los sectores cercanos, manteniendo buena relación, especialmente con sus dirigentes. En plano de evaluación ambiental, entregar información de forma clara y sencilla para comunidad, facilitando el conocimiento del proyecto y proponiendo acciones que faciliten la comunicación con los sectores cercanos”.

Javier Naranjo, socio de Jara Del Favero Abogados sostuvo que “lo elemental, es realizar un buen trabajo ambiental, desde el punto de vista del análisis de impacto y por cierto, un relacionamiento comunitario impecable, para que la comunidades próximas conozcan completamente el Proyecto. Sin embargo, dado el aumento de judicialización, creo que los proyectos, además, deben realizar análisis de riesgos para preparar todos los escenarios futuros y, de esa manera, enfrentar la evaluación ambiental y la relación con los vecinos, es decir, contar con toda la información disponible”.