Prisión preventiva para tres policías todo servicio

El fiscal Franco Carbone llevó adelante la investigación.

Tres policías fueron imputados ayer por encubrir a los autores de seis balaceras con amenazas al gobernador, Maximiliano Pullaro, y “plantar” tres armas utilizadas en esos hechos al chofer del jefe de una banda narco antagónica que fue asesinado el martes. Si bien eran cinco los oficiales que habían sido detenidos el pasado domingo, solo llegaron a esta instancia los uniformados Damián Ruiz y Lisandro Vera, ambos del Comando Radioeléctrico, junto con Marcos Molina, quien se desempeñaba en el Centro de Juticia Penal. Los otros dos, Joaquín Luciano Dure y Yael Ulises Fernández, recuperaron la libertad el lunes, pero quedaron vinculados a la investigación por haber prestado consentimiento en la falsificación del acta del procedimiento ilegal. Los tres acusados fueron retirados del Centro de Justicia Penal con prisión preventiva por dos años. Se sospecha que los policías habrían actuado a cambio de dinero. “Se habla de 5 millones, otros dicen 3 millones”, señaló el fiscal del caso, Franco Carbone..

“La gravedad institucional que estamos viendo es inusitada, porque están encubriendo seis hechos de balaceras que tienen mensajes amenazantes contra el gobernador y contra las Tropas de Operaciones Especiales (TOE)”, dijo tras la audiencia Carbone.

De acuerdo a la acusación presentaba hoy por el fiscal, los policías Molina; Ruiz y Vera pergeñaron el encubrimiento de los verdaderos autores de las balaceras a edificios públicos y particulares, con el objetivo de acusar falsamente a miembros de otra banda narco identificada como “el clan Tripi”.

Los ataques armados que los policías encubrieron fueron el del cajero de una sucursal del banco Macro (12 de diciembre pasado); el Hospital de Emergencias local (13 de diciembre); la seccional 19° (el 27 del mismo mes); la sede de las TOE (ocurrida el 20 de enero); la balacera a un domicilio particular (22 enero) y a una estación de servicios, registrada el 23 del mes pasado.

Según la acusación de Carbone, las tres armas utilizadas en esas seis balaceras –en cinco de las cuales los autores dejaron carteles amenazantes dirigidos al gobernador santafesino y a la policía- aparecieron en manos de un hombre llamado Alexis Chávez Mansilla el 31 de enero pasado, durante un procedimiento policial.

Chávez Mansilla, pariente de Claudio “Morocho” Mansilla, un hombre condenado por homicidios y tráfico de drogas, fue imputado por el Carbone y estuvo siete días detenido, hasta que el fiscal advirtió que se trataba de una trama montada por los policías imputados y ahora presos.

El fiscal le atribuyó a Marcos Molina haber sido quien recibió las tres armas usadas en los atentados, de manos de los propios autores: una pistola Tauro calibre .40; una Bersa semiautomática calibre .380 y una 9mm marca Taurus.

Según la investigación, el 30 de enero último Molina le entregó las armas junto con la tapa de una caja de zapatillas que tenía inscripta amenazas, a sus colegas Ruiz y Vera, quienes al día siguiente simularon un procedimiento en el que detuvieron con las pistolas a Chávez Mansilla.

Carbone explicó que “parte de los delitos son los encubrimientos. Luego de receptar las armas de los verdaderos autores de los delitos, las fueron plantando, insertándolas irregularmente en una persona vinculada a esta facción. Entonces, ¿qué tenemos acá y qué presentamos? Hay uno de los policías que trabajaba en el Centro de Justicia Penal, que previamente trabajó en el Comando Tadioeléctrico durante mucho tiempo. Él es el que hace el nexo con la banda rival que fue allanada. Este miércoles allanamos una serie de 12 domicilios vinculados a esta persona. Entonces, conocen a los autores, reciben las armas, encubren a estos autores y quieren inculpar, falazmente, a la facción rival”, añadió.

“Con el objeto de que éstos simulen un procedimiento de identificación, requisa y secuestro falsos, imputando falsamente la comisión de los mismos a un tercero ajeno a los hechos, desviando de esta forma mendaz y maliciosamente el accionar de la justicia”, sostuvo el fiscal durante la audiencia.

En la misma línea, agregó que “la conducta desplegada tuvo la clara finalidad de infundir temor y conmoción pública”, no solo por los medios empleados sino “también en creación de un procedimiento policial mentiroso con el secuestro de tres armas de guerra y una nota dirigida a la TOE, con mención al gobernador de la provincia, a sabiendas de que ello generaría una mayor visibilidad y difusión en los medios masivos de comunicación”.

“Lo terrible de todo esto es que una persona estuvo ilegítimamente presa, digamos, ilegítimamente privada de su libertad, e hicieron incurrir en error a distintos funcionarios judiciales”, comentó.

Según voceros de la investigación, la persona escogida para “plantarle” las armas no fue al azar, atento a que es familiar de Mansilla y chofer de uno de los miembros del clan Tripi, Leonel Ariel, quien fue asesinado de tres disparos en Cerrito al 5500 de Rosario, la zona que según fuentes judiciales administra la familia desde hace años para la venta de drogas al menudeo. “La persona seleccionada por estos policías para plantar las armas específicamente fue buscada en ese momento en particular. Tenemos los teléfonos que fueron a buscarlo a él para ponerle las armas”.

Por último, al ser indagado respecto a si el homicidio del último martes tiene vinculación con estas detenciones, señaló: “No, eso no lo puedo decir. Estuve en contacto con el fiscal Cicerchia, que estuvo primero en esa investigación, después Pairola. No puedo decir eso. Obviamente, será una hipótesis que maneje la doctora Pairola. Quiero ser respetuoso de esa investigación. La verdad que no sé los pormenores, pero sí puedo afirmar que la persona fallecida está en este procedimiento de entrada, porque estaba incluso en el momento de la aprehensión de Chávez Mansilla”.