El 50% ya está construido: Cámara aprueba informe que propone declarar la Falla de San Ramón como zona no edificable

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La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un informe elaborado por una Comisión Especial Investigadora, con el objetivo de reunir antecedentes sobre diversas entidades gubernamentales y sus actuaciones en relación con la mitigación de riesgos asociados a la existencia de infraestructura y edificaciones cerca de la Falla San Ramón.

El informe se centra en la prevención y mitigación de riesgos potenciales que esta falla geológica representa para las zonas habitadas cercanas. Según se alertó, los antecedentes de densidad habitacional indican que, hacia 2012, más del 50% de la falla de San Ramón ya se encontraba urbanizada.

El escrito señala deficiencias y áreas de mejora en la gestión de la falla y sus riesgos asociados. En ese contexto, entrega las siguientes críticas:

Falta de Regulación y Normativa Específica: Se observa que no existe una regulación vinculante específica que norme la existencia y características de la Falla de San Ramón en los Instrumentos de Ordenamiento del Territorio de la Región Metropolitana. Aunque hay esfuerzos comunales para incluir la falla en los planes respectivos, la falta de un marco regulatorio regional ha entorpecido la implementación de medidas preventivas y de mitigación efectivas.

Actuación no Sostenida en el Tiempo: Se menciona que los organismos del Estado encargados de gestionar el riesgo no han mantenido una actuación sostenida ni han incluido de manera vinculante la participación de gobiernos locales en sus planes y acciones para manejar desastres asociados a la actividad sísmica de la falla. Esto sugiere una necesidad de más compromiso y continuidad en las políticas de gestión de riesgos.

Necesidad de Coordinación Intersectorial: El informe destaca la necesidad de que el Estado coordine esfuerzos de manera intersectorial para limitar la construcción sobre la falla y alrededores y para desarrollar una planificación urbana sostenible. Esto implica una crítica a la falta de acción conjunta y efectiva entre diferentes entidades gubernamentales y niveles de gobierno.

Demora y Burocracia en la Acción Gubernamental: Se alude a la inoperancia y a la necesidad de dejar de lado la burocracia para establecer normativas y políticas efectivas que mejoren, prevengan y ayuden a la sociedad frente a los riesgos de la falla. Se critica la lentitud en la respuesta gubernamental y la falta de medidas proactivas a pesar de contar con información y estudios sobre los riesgos de la falla desde hace más de una década.

El informe se centra en la prevención y mitigación de riesgos potenciales que esta falla geológica representa para las zonas habitadas cercanas. Aquí se detallan las principales áreas y recomendaciones del informe:

• Descripción de la Falla de San Ramón: Se identifica como una falla activa, extendiéndose aproximadamente 25 km y afectando a varias comunas de la Región Metropolitana de Santiago, incluyendo Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto. Se señalan dos tipos de peligros asociados a la falla: la ocurrencia de sismos que afectarían la región y un proceso físico de ruptura a lo largo de la traza de la falla.
• Impacto Potencial: Se estima que alrededor de tres millones de personas podrían verse afectadas por los movimientos y alteraciones generadas por la falla, lo que requiere una atención especial y medidas de mitigación adecuadas.

• Recomendaciones de Política Pública: La Universidad de Chile, a través de estudios geológicos y sismológicos, ha presentado una serie de recomendaciones para abordar la amenaza que representa la Falla de San Ramón. Estas incluyen:

  Definir la Falla San Ramón como una falla activa.

  Restringir la construcción de infraestructura en una franja de 300 m a lo largo de la traza de la falla.

  Modificar ordenanzas y planes reguladores para incorporar la consideración de fallas activas.

  Realizar estudios adicionales en zonas susceptibles a movimientos y remociones en masa provocados por la falla.

  Proporcionar información precisa y pertinente a la ciudadanía sobre la ubicación, amenaza y riesgo sísmico de la falla.

  Establecer una franja de restricción como zona de protección ambiental y conservación natural.

  Implementar una gobernanza para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de la planificación urbana sostenible, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la política nacional e internacional en materia de reducción del riesgo de desastres.