Embajador Viera-Gallo: Apablaza no es un perseguido político
Embajador Viera-Gallo: Apablaza no es un perseguido político
El embajador en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, negó que Galvarino Apablaza, acusado en Chile por su participación en el asesinato en 1991 de Jaime Guzmán, sea un “perseguido político” como dijo el senador Daniel Núñez (Partido Comunista).
“Veo más una persecución política hacia Galvarino Apablaza que elementos reales que lo vinculen”, señaló el viernes el parlamentario en diálogo con 24 Horas, luego de que la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciase que el Gobierno de Javier Milei está gestionando la extradición del exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), de 73 años.
La expresidenta trasandina Cristina Fernández (2007-2015) resolvió entregarle al exfrentista la calidad de refugiado político. En 2017, su sucesor, Mauricio Macri (2015-2019), le revocó esta condición; sin embargo, no pudo ser extraditado ya que apeló ante la Justicia.
En una entrevista publicada este lunes por El Mercurio, Viera-Gallo afirmó que “los delitos graves que se le imputan tuvieron un móvil político. Es requerido por la justicia chilena. No es un perseguido político. La justicia argentina los calificó de delitos comunes”.
En ese sentido, aseguró que están dadas las garantías para juzgarlo en Chile: “Por muchos traumas que haya recibido injustamente Galvarino Apablaza (en dictadura), eso no le impediría comparecer ante la justicia chilena. Y el ministro instructor que hay actualmente declaró muy bien en la prensa que lo que hay es que él va a poder ser juzgado con todas las garantías propias de un proceso penal en Chile si se llegara a cumplir la extradición”, señaló.
Consultado si no tendrían sentido, entonces, las aprensiones del PC, Viera-Gallo contestó que “cada uno puede tener la opinión que quiera sobre el asunto, pero la que tiene que resolver es la justicia, y para eso en Chile hay plenas garantías; el Poder Judicial es independiente y aquí hay una sentencia de la Corte Suprema en que el Estado de Chile, cualquiera sea su Gobierno, tiene que intentar que se pueda cumplir, en este caso, en Argentina”.