Elisa Carrió anunció que la Coalición Cívica se va del bloque de diputados de Pichetto
Elisa Carrió
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, le puso más incertidumbre a la suerte que correrá la nueva versión –reducida y negociada– de la Ley Ómnibus en el debate que iniciará este mediodía en la Cámara de Diputados. “Nos vamos para mantener autonomía”, sentenció Carrió anoche para anunciar que su partido romperá el bloque de Hacemos Coalición Federal, encabezado por Miguel Pichetto, uno de los voceros de las negociaciones con la Casa Rosada. “Es una matriz de saqueo que va a terminar en corrupción”, sentenció.
Carrió anticipó que su bloque votará en contra del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y del blaqueo de capitales. Además, fue muy crítica sobre las reformas en el capítulo laboral, porque “Milei eligió a la CGT de Moyano”. La Coalición Cívica había presentado un dictamen de minoría y ya había anticipado que, por tradición, no votaría a favor de la delegación de facultades.
Entre otros puntos, la líder de la CC también advirtió sobre un supuesto acuerdo entre el presidente de la Cámara, Martín Menem, y las bancadas del PRO y la UCR –la porción que responde a Rodrigo De Loredo– para votar a mano alzada los capítulos de la norma más polémicas. “El pueblo de la Nación, a favor o en contra, tiene que saber lo que sus diputados votan”, exigió.
“Con todo el respeto y cariño que le tenemos a Pichetto, el martes no vamos del bloque”, sostuvo Carrió al anunciar que sus diputados dejarían el bloque de Hacemos Coalición Federal, que ya presentará otras disidencias al momento de votar artículo por artículo, por parte de los legisladores del socialismo y la cordobesa Natalia De la Sota.
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Carrió apuntó contra Pichetto como el mediador de las negociaciones entre la Casa Rosada y la CGT, en las que se logró eliminar varios artículos del capítulo de reforma laboral, que el Gobierno intenta incluir en la nueva Ley Ómnibus, luego de que el Poder Judicial frenara las modificaciones hechas vía DNU 70/2023. En el dictamen de mayoría solo avanzó la extensión del periodo de prueba, la derogación de multas por no y la implementación del fondo de cese laboral optativo como alternativa a las indemnizaciones.
“No hay nada de la reforma laboral que favorezca a las pymes. No sirve para nada. Tampoco le sacan el poder a los sindicatos corruptos. Milei tranzó con las mafias”, consideró.
La ex diputada y fundadora de Cambiemos fue aún más dura con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y del blaqueo de capitales. “El Presidente dijo que no le importaba de dónde venía el dinero, siempre que venga la inversión.. o sea que eso es blanqueo del narcotráfico”, sentenció sobre la política fiscal que habilitaría el ingreso, sin multas ni pena, de fondos por hasta 100 mil dólares.
Al igual que otros diputados de la UCR y de HCF, la Coalición Cívica tampoco está convencida de las “bondades” del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) de la ley Bases, y podrían votar en contra o proponer cambios en el recinto para favorecer a inversiones menores a los 200 millones de dólares que el Poder Ejecutivo puso como piso para acceder a los beneficios.
“¿Cuál es el beneficio de las inversiones que harían? Que no van a pagar el Impuesto al Cheque y no van a pagar el 25 por ciento de Ganancias. ¿Cómo miro a la cara a las pymes que dan trabajo?”, apuntó Carrió e hizo un paralelo con la situación que atravesarán las pymes en las próximas semanas: “No podrán soportar las subas de tarifas de luz y gas, y como hay menos consumo, empieza el despido de empleados”.
“Cómo va a votar el PRO y el radicalismo esta ley de inversiones cuando todas las pymes y pobres de la argentina pagan el impuesto al cheque, este es un delito moral”, sentenció sobre sus antiguos aliados de Juntos por el Cambio.
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Las declaraciones de Carrió dejan aún más claro que el Gobierno aún no cuenta con los votos para aprobar la norma en el tratamiento en particular. También hay muchas dudas respecto a los que pueda suceder con la reversión de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, cuyo mínimo no imponible el Gobierno pretende colocar en 1.800.000 pesos para trabajadores solteros y 2.200.000 pesos para casados con hijos.