El oscurantismo en los servicios de inteligencia colombianos se perpetúa en la era Petro

Carlos Ramón González afuera del Palacio de Justicia, el 8 de febrero de 2024.

Casi nadie sabe, a ciencia cierta, cuál es el faro misional de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en Colombia. Carlos Ramón González, viejo aliado del presidente Gustavo Petro desde los días en la insurgencia en el M-19, asumió el 23 de febrero el liderazgo del organismo creado por el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) para coordinar y ejercer control sobre las distintas agencias de seguridad del Ejército, la Fuerza Aérea o la Policía. Desde entonces, poco o nada se ha avanzado en la tarea de delinear con claridad las funciones de uno de los grandes agujeros negros del sistema democrático colombiano, de acuerdo con las seis fuentes consultadas para este reportaje.

González, que venía de dirigir el Departamento Administrativo de la Presidencia, recibe el testigo de otro conocido de los días en la clandestinidad: el filósofo Alberto Casanova. Los dos funcionarios comparten varios rasgos en común, como el gusto por desarrollar su trabajo con tanto sigilo como determinación. Casanova, de hecho, estuvo al frente de la seguridad del presidente y fue responsable de las operaciones especiales de la guerrilla urbana del M-19. Su llegada a la DNI en agosto de 2022 vino con una remoción importante de personal experimentado, mandos medios, así como la adquisición de sofisticados y costosos equipos de interceptación.

Su pasado insurgente, sumado a un perfil etiquetado de huraño y escurridizo, truncó durante más de año y medio la comunicación con los encargados de inteligencia en cada una de las otras ramas de las fuerzas de seguridad colombianas. En junio del año pasado, el presidente Petro publicó en su cuenta de X: “Creen que un filósofo estudiado en Alemania puede interceptar teléfonos”, en referencia a señalamientos de la prensa. Y hace unos días durante la posesión de Carlos Ramón González ordenó al nuevo director abstenerse de utilizar la agencia para “vigilar” a reporteros, jueces y “mucho menos a congresistas”.

Una orden que sentó más dudas que alivio en un país inmerso en uno de sus picos más agudos de polarización política. En sectores de la derecha se habló de una red de escuchas electrónicas sin ningún sustento. El académico Mauricio Jaramillo Jassir explica que para el oficialismo ha resultado muy incómodo encontrar el camino para orientar la inteligencia, una actividad que históricamente tuvo en la mira a la oposición de izquierda: “No tienen a civiles preparados para cumplir estas tareas. Están en un sector que desconocen, desde la cabeza del Ministerio de Defensa”.

Jaramillo asegura que el petrismo, en teoría, ha buscado “cambiar el sentido y visión de la inteligencia” en Colombia desde una visión clásica a “una nueva doctrina de seguridad humana, centrada en la protección de los ciudadanos, o seguridad integral” y así romper con la vieja neurosis contrainsurgente de la Escuela de las Américas. Para Armando Borrero, veterano experto en temas de seguridad, nada de esto se ha cumplido y, por el contrario, se presiente una gran desorganización interna: “Es una agencia muy opaca, que no ha tenido ninguna publicidad, y donde a duras penas se conoce a quién nombran de director y nada más”.

Algunos analistas sostienen, por ejemplo, que el desmonte de una parte del personal en el área estratégica de la agencia ejecutado por Casanova hace más de un año y medio fue muy problemática, porque rompió con el hilo conductor labrado a lo largo de los años por especialistas tácticos o estratégicos que ya tenían el ‘saber hacer’ incorporado. Descabezar esas unidades, reiteran, es muy grave porque los reemplazos en el organigrama toman tiempo y no son tan usuales en casi ningún país del mundo. Pero el debate en un país atribulado por la violencia como Colombia tiene tanto de ancho como de largo.

Jaramillo Jassir, historiador y analista, recuerda: “Sacar a un funcionario con 20 años de experiencia no es práctico en casi ningún ministerio porque se trata de gente que conoce muy bien el terreno”. Precisa, sin embargo, que basta con una revisión somera al perfil de algunos de los miembros de la agencia para percatarse de que más de uno ha estado vinculado al asesinato extrajudicial de civiles inocentes, los mal llamados “falsos positivos”, o en otros casos arrastran con historiales brumosos desde su paso por las peores épocas del ya desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que fue desmantelado por Santos y en cuyo reemplazo se creó la DNI.

“Ahora nadie recuerda la operación Andrómeda, cuando un grupo de oficiales interceptó y grabó de forma ilegal el proceso de paz con las FARC. Ahí salió toda la cúpula de inteligencia. Mayores generales, brigadieres generales, coroneles con una hoja de vida brillante”, añade Jaramillo. Y remata: “Yo creo que lo de ahora es una remoción más entendible. Pero lo que sí veo es a un aparato de inteligencia desbordado. De poco sirve aspirar a una inteligencia más civil, más pacifista, más respetuosa de los derechos humanos, en un país que sigue sometido a un escenario de plomo y más plomo”.

Una fuente que pidió respetar su anonimato dada su cercanía con los militares se refiere incluso a una “caja negra” cuando habla de la DNI, al que conoce por dentro. Argumenta que allí hay un alto nivel de ideologización que la convierte en una incubadora de la derecha más radical dentro de las fuerzas de seguridad del Estado. Una sumatoria de problemas notables en este cuatrienio para agentes reacios a abordar cualquier enfoque novedoso, que se aleje de la desconfianza cerril hacia todo lo que se asocie con la izquierda o el socialismo.

Andrés Preciado, experto en seguridad de la Fundación Ideas para la Paz, anota que la llegada de Carlos Ramón González le dará mayor visibilidad política al sigiloso DNI, pero lamenta que no tenga la “experiencia temática. Hay que reconocerlo”. Apunta que su misión será tratar de coordinar, finalmente, las instancias de inteligencia del país, acompañado por una nueva Fiscalía. “Es decir, lograr un sistema que sea eficiente, que sea efectivo, en especial para los planes de la paz total, que aún requiere mucho trabajo en la caracterización de los grupos armados con los que se está negociando”, remata.

Sobre los proyectos políticos para cambiar el enfoque del sistema se muestra cauto y advierte de que son planes que deben ser sometidos antes a “mucha discusión pública y temática”. Más aún en un contexto en el que la violencia no cesa, especialmente en zonas rurales de frontera, y en el que la amenaza del crimen internacional, con la sombra de carteles mexicanos, hondureños y albaneses planea sobre otras zonas del país.

Todos los analistas coinciden en que el antiguo DAS, que fue desarticulado tras vulnerar todo tipo de derechos a través de chantajes siniestros, alianzas con mercenarios o interceptaciones ilegales, era, al menos, una agencia identificable para la sociedad civil: “Usted en el aeropuerto se encontraba en migración con detectives del DAS que le tomaban el pasaporte. O la gente tenía que ir a sacar su pasado judicial a la sede del centro”, afirma Jaramillo Jassir. Con el DNI, concluye, las cosas son a otro precio: “Nadie sabe en qué están. Nadie ejerce control político. Parte del oscurantismo nace del hecho de que no ha habido un derrotero claro en una política de inteligencia fragmentada e ineficiente”.

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