El fraude de los carburantes en España sigue imparable

El pasado 28 de marzo entró en vigor la modificación del artículo 43.1 de la Ley del Sector de Hidrocarburos -recogida en el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre-, que prohíbe el suministro entre distribuidores al por menor y de distribuidores al por menor a operadores al por mayor, con el objetivo de combatir las prácticas fraudulentas que algunas empresas vienen llevando a cabo impunemente en el sector de la distribución de carburantes en España desde mayo de 2015 -fecha en la se modificó este mismo artículo permitiendo lo que ahora se prohíbe- y que está afectando gravemente al sector.

El fraude de los carburantes en España sigue imparable

Aunque desde el sector han señalado que el periodo de tres meses transcurridos entre la aprobación del RDl 8/2023 y la entrada en vigor de la norma había generado un “efecto llamada” que habría disparado el fraude, provocando que cerca del 8% de las estaciones de servicio del país -en torno al millar de gasolineras-, esté vendiendo carburantes por debajo del precio de mercado, lo cierto es que la situación no ha mejorado.

Luis Nieves, presidente de la asociación de Operadores Independientes del Sector Energético (UPI), ha señalado a elEconomista Energía que “siguen ofertándose masivamente en el mercado precios mayoristas muy alejados de los niveles que pueden considerarse normales, contra los que es imposible competir y que solo el fraude (impago del IVA e incumplimiento de las obligaciones medioambientales) puede explicar”.

Aunque reconoce que “se han hecho cosas”, el presidente de UPI reclama a la Administración “más impulso, más voluntad política, más acción y más rapidez si quiere salvar el sector”, y pide al Ministerio que encabeza Teresa Ribera, que se ocupe de este sector “como un sector económico, con las necesidades de todo sector económico: cargas legales proporcionadas, prevención del fraude, competencia efectiva”.

El presidente de UPI considera que “la prevención sigue siendo muy insuficiente” y propone una serie de medidas (que también comparten otras asociaciones del sector) para revertir una situación que lleva mucho tiempo coleando y que, según afirma Andreu Puñet, director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), “solo beneficia a los defraudadores, perjudicando a todos los ciudadanos mediante la disminución de los ingresos públicos, afectando a consumidores y empresas que cumplen con las normativas y suponiendo un problema medioambiental que obstaculiza la transición energética”.

En líneas generales, el representante de UPI pide que “se aclare y complete el redactado de la prohibición de suministro entre distribuidores al por menor para evitar interpretaciones interesadas en contra de la voluntad del legislador y al servicio del fraude, que se implante un mecanismo eficaz contra el fraude de IVA como el modelo italiano de pago del IVA a la salida del depósito fiscal que ha funcionado en el país vecino y que se dote cada obligación medioambiental de un mecanismo de control ‘ad hoc’ que sea eficaz”.

Más vigilancia para cumplir con la legalidad

Desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) también consideran necesario “mejorar la norma”, y por eso, se suma a UPI, AOP y Aevecar, en apoyar la enmienda propuesta por algunos grupos parlamentarios de garantizar a la Administración el pago del IVA correspondiente antes de que se puedan extraer los carburantes del depósito. De este modo, tal y como ha manifestado a nuestra publicación Nacho Rabadán, director general de CEEES, “sería imposible que los defraudadores siguieran operando y protegeríamos los negocios de nuestros asociados, que son estaciones de servicio que sí cumplen con la legalidad y que, en la actualidad, se ven obligados a competir con tramposos”.

Al igual que Nieves, el representante de CEEES recuerda que la enmienda que apoya tanto el sector mayorista como el minorista, ya se implantó en Italia y consiguió acabar con el fraude en el país; “de hecho, muchos de los defraudadores que allí operaban vinieron a España”. Rabadán espera que la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley procedente del RDl 8/2023, “concluya con la aprobación de esta enmienda y logremos entre todos erradicar a una serie de compañías que no hacen otra cosa que distorsionar el mercado y poner en peligro la actividad de nuestros asociados”.

En cualquier caso, el director general de la Confederación considera “imperiosamente necesario que se revisen otras obligaciones normativas y que la Administración ejerza su labor de vigilancia e inspección, asegurándose de que todos los sujetos obligados cumplan con los requisitos normativos de incorporación de biocarburantes a los combustibles de automoción, etc., ya que de nada sirve añadir más regulación a una actividad económica si luego no se vela por su cumplimiento”.

Reforma urgente de la Ley de Hidrocarburos

Natalia Hidalgo, directora del despacho de abogados NH Asesores Legales, explica a elEconomista Energía que el cambio aprobado en la Ley del Sector de Hidrocarburos (LSH) en mayo de 2015, “fue el inicio del desastre para el sector de los hidrocarburos en España, al desdibujar todas las líneas de control y rigurosidad que había por parte de las normativas y de las administraciones en el almacenamiento y distribución de productos petrolíferos”.

Hidalgo considera que la LSH en España “está desfasada, lo que está permitiendo muchas y variadas vías de fraude, y necesita una reforma urgente”. A su juicio, la modificación del artículo 43.1 de la LSH y la limitación con él de las ventas entre distribuidores al por menor, “no va a terminar con el fraude porque solo se está mirando aguas abajo, y muchos de los incumplimientos de normativa que son el origen de los fraudes de precios en el mercado tienen causa en las obligaciones aguas arriba”. Además, añade que este cambio “va a terminar con modelos de negocio legítimos que se han consolidado durante los últimos nueve años”.

Respecto al fraude del IVA, Hidalgo considera necesaria “la colaboración de la Agencia Tributaria, ya que sin una labor de control y persecución del fraude por parte de esta entidad, los cambios en la LSH quedarán en papel mojado”.