Ley Lafkenche: con votos del Ejecutivo, comisión regional de Aysén rechaza controvertida solicitud de dos comunidades indígenas

Con votos del Ejecutivo, comisión regional rechaza solicitud de comunidades indígnes para administrar la mitad del borde costero de Aysen

Con una amplia mayoría de votos en contra, donde se incluyeron los de todos los funcionarios del gobierno central, así como los de los alcaldes y de los representantes de la pesca artesanal, este jueves la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) de Aysén rechazó las dos controvertidas solicitudes de Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios (ECMPO) presentadas por las comunidades de Pu Wapi y Antünen Rain, en 2016 y 2017, respectivamente, en el marco de la denominada Ley Lafkenche. Las peticiones fueron desestimadas con un total de 29 votos de 34, recibiendo sólo dos aprobaciones por parte de representantes de pueblos originarios, y otras dos aprobaciones con modificaciones, además de una abstención.

Las dos aprobaciones con modificaciones fueron expresadas por la gobernadora regional, Alejandra Macía Palma (PS), y por la representante del sector turístico, Andrea Rosas, presidenta de la Federación de Gremios de Turismo (Fegretur) de la región.

En una sesión que se extendió por casi cinco horas, y que comenzó con intentos por aplazar la votación de la CRUBC por parte de los mismos solicitantes, los 34 de los 36 miembros de la instancia que llegaron a emitir su pronunciamiento, dictaminaron el revés para las peticiones de ECMPO “Cisnes” e “Islas Huichas”, que buscaban administrar poco más de 621 mil hectáreas de borde costero en la región de Aysén.

El desestimiento de Aliwen y Peumayen, dos de las tres comunidades que originalmente levantaron la petición “Islas Huichas”, acusando nunca haber conocido de ellas, además de la extensión del territorio marítimo solicitado, y la falta de armonía con los diversos usos, fueron los principales argumentos esgrimidos por los delegados del gobierno, así como por los seremis y directores regionales de servicios con competencia en la materia, para rechazar ambas ECMPO.

El inicio de la sesión también estuvo marcado por el tardío envío de un informe técnico solicitado a Conaf, que alertaba la superposición de más de 140 mil hectáreas de la ECMPO “Cisnes” y más de 259 mil hectáreas en la ECMPO “Islas Huichas”.

Loreto Seguel, directora ejecutiva del Consejo del Salmón, agradeció “la prudencia y mesura que han prevalecido en la reciente definición que tuvo lugar en la región de Aysén relacionada con la Ley Lafkenche”, y expresó el “alivio” por parte de la instancia gremial por la decisión.

Seguel remarcó el compromiso por “continuar fomentando el diálogo con los habitantes de las zonas”, además de respaldar la búsqueda de mejoras a la Ley Lafkenche “que, aunque bien intencionada, presenta falencias en su aplicación”.

Tomás Monge, director territorial de SalmonChile -uno de los integrantes de la CRUCB-, aseguró que la instancia “ponderó en su mérito estas solicitudes y definió rechazarlas, tomando en consideración los argumentos presentados por los distintos actores que cohabitamos en el borde costero”.

“Hoy primó en el análisis una visión de futuro para la región de Aysén, donde todas estas actividades pueden convivir y potenciar el desarrollo regional de manera armónica”, subrayó Monge.

Según argumentó la seremi de Dessarrollo Social y Familia, Karina Acevedo, al momento de rechazar la solicitud “Islas Huichas”, “la administración de una ECMPO de tales dimensiones limita y restringe los derechos de otras comunidades y asociaciones de ejercer el mismo derecho que la Ley Lafkenche establece para todos los pueblos originarios a solicitar espacios costeros en nuestro territorio nacional. Por tanto, esta solicitud que es más de lo que necesita ejercer su derecho consuetudinario, ha generado conflicto entre comunidades y diferentes actores ligados al mar”.

Críticas cruzadas

Si bien durante la mayor parte de la sesión primó un ambiente de tranquilidad, igualmente hubo momentos de tensión. Uno de ellos lo protagonizó Daniel Caniullan, representante de los pueblos originarios. Al momento de argumentar a favor de las peticiones, pero advirtiendo el inminente rechazo de las ECMPO, el integrante de la CRUBC lanzó una clara advertencia. “Algunos creen que esto se termina y no se termina acá; vamos a defender el territorio a la buena o a la mala”, dijo, despertando murmullos, para luego ser emplazado por el alcalde de Cisnes, Francisco Roncagliolo (RN), para que explicara el tono de sus palabras.

Más tarde, Caniullan moderó sus dichos y aseguró que el rechazo de ambas solicitudes será llevado a “un tribunal, donde ahí se va a ver quién tiene la razón”.

Con todo, enfatizó que “va a haber más ECMPO, las ECMPO vinieron para quedarse. Es un derecho legítimo que tienen nuestros pueblos. (…) Es importante que los gobiernos vayan tomando esto como una lección, esto no se termina acá. Esto sigue”.

Caniullán también rebatió algunos de los argumentos expresados por quienes rechazaron las peticiones. “Hay muchas opiniones que no se ajustan al informe de uso consuetudinario; muchos dicen que se iba a prohibir la navegación, y la propia ley dice que eso no es así, que es causal de caducidad. Se dice que se va a impedir la caputa de crustáceos pelágicos y eso también es causal de caducidad, entonces es triste ver cuando después de 7 u 8 años, sacan todos estos argumentos (…) y uno ve una clara señal racista hacia los pueblos originarios, donde no ve una voluntad de dialogar”, explicó el representantes de los pueblos originarios.

Fabian Teca, el segundo de los integrantes de las comunidades con derecho a voto en la CRUBC, ahondó en las críticas y apuntó directamente a la responsabilidad del gobierno central. “Lo que me extraña es que haya empleados públicos de gobierno que sacan a relucir que existió falta de diálogo, cuando fueron los principales responsables de generar el diálogo”, aseguró.

Por su parte, la gobernadora regional, Alejandra Macías, cuestionó el funcionamiento institucional relacionado a la tramitación de las ECMPO. “Es lamentable, porque aquí el gobierno nacional ha tramitado durante siete años y más, cuando efectivamente los tiempos sí están definidos. Aquí a la única a la que se le pone plazo es esta comisión, que si no resuelve en 30 días, funciona el silencio administrativo”, señaló.

“Claramente es un despropósito, porque si un proceso se tomó siete u ocho años en llegar hasta aquí, difícilmente, entre todos los intervinientes, en 30 días se puede lograr llevar adelante un proceso”, cuestionó.

“Aquí hay un proceso que tiene que perfeccionarse, sobre todo en materia de temporalidad y además en el trabajo previo que se realiza con las comunidades. Porque efectivamente, solicitudes de ECMPO van a seguir existiendo (…) además procesos de mediación y de resolución de conflictos, que no están incorporados”, agregó Macías.

Por su parte, Roncagliolo sostuvo que “cuando algunos aquí dicen que la ECMPO recién comienzan, sólo hay que decir que la pesca artesanal de la región de Aysén y de la comuna de Cisnes están muy pendientes de lo que va a suceder de aquí en adelante. La discusión sobre cómo se están entregando y lo irresponsable que han sido algunas personas en solicitar espacios sin poder argumentarlo, es una discusión que ya se instaló”.