El PP y Vox impiden a los inmigrantes irregulares acceder a los descuentos de los buses de la EMT de València

El PP y Vox impiden a los inmigrantes irregulares acceder a los descuentos de los buses de la EMT de València

La asociación València Acull ha denunciado que el Ayuntamiento de València va a continuar “discriminando a parte de la población de la ciudad impidiéndole acceder a los descuentos en el uso de los autobuses urbanos”. Así lo han afirmado tras conocer la respuesta del concejal de Movilidad del PP, Jesús Carbonell, remita a la organización el pasado 12 de marzo en la que afirma que “la nueva corporación municipal” no va a eliminar el requisito del permiso de residencia legal a la hora atender los casos de solicitudes de bonos de transporte de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Esta decisión supone el rechazo de la propuesta del Síndic de Greuges y de la anterior dirección de la EMT a favor de la universalización de los bonos, así como del informe del Servicio de Movilidad Sostenible que avalan la eliminación del requisito de residencia legal en sendos informes emitidos el pasado 27 de julio y 1 de agosto a los que se refiere la mencionada resolución del Síndic. La consecuencia es que miles de vecinos y vecinas de València, que son personas migrantes en situación administrativa irregular, no pueden disfrutar de un servicio municipal en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía ya que deben pagar más por viajar en autobús.

A comienzos de 2023, València Acull se dirigió a la EMT para solicitarle que tomara medidas para acabar con esta discriminación. Ante la falta de respuestas concretas, presentaron una queja al Síndic de Greuges en junio: “Le planteamos que no creemos que exista ninguna dificultad administrativa para universalizar el acceso a todos los bonos de transporte mediante la eliminación del requisito de residencia legal, algo que no se establece por ejemplo para el abono Jove y o el Mascota. Y solicitamos su intervención para que se garantice el derecho a estos bonos a todas las personas que vivan en València sin tener en cuenta su situación administrativa”.

Ante esta queja, el defensor del pueblo valenciano inició una investigación al considerar que “la actuación del Ayuntamiento de València podría afectar al derecho de igualdad” y le requirió para que emitiera un informe sobre la “posibilidad de universalizar los bonos de transporte, de manera que se pueda acceder a los mismos sin limitaciones”.

En la contestación del pasado mes de julio, remitida por el Ayuntamiento al Síndic, la EMT contesta “de manera afirmativa” a la propuesta de universalización de los bonos planteada por el Síndic. Tras esta respuesta de la EMT, el servicio de Movilidad Sostenible remitió el 1 de agosto al Síndic el informe en el que se anunciaba que “se dará traslado de la solicitud de suprimir el requisito de la residencia legal en España en los abonos de transporte de competencia municipal a la nueva corporación municipal para que tome la decisión más adecuada en la aprobación de las condiciones de dichos abonos para el año 2024”.

A la vista de estos informes, el Síndic consideró que “se desprende la intención de suprimir el requisito que impide el acceso universal a todos los bonos transporte” por lo que acordó el cierre de la queja. Sin embargo, al comprobar que el criterio de residencia legal no había cambiado, València Acull registró en diciembre un escrito dirigido al concejal de Movilidad del PP, Jesús Carbonell, solicitándole que informara de la fecha prevista para “realizar los cambios necesarios para universalizar los bonos de la EMT”.

El 12 de marzo, el concejal Carbonell contestó que “la nueva corporación municipal ha valorado que el título Refugi ya cubre a las personas solicitantes de asilo por tener expectativas de su obtención y mientras se mantenga la situación de asilo, sin que resulte procedente atender casos en los que al margen de esa circunstancia concreta no se disponga de residencia legal en España”.

Aunque en el escrito de València Acull se indicaba que el criterio de exigir la residencia legal “va en contra del principio de igualdad de trato y discrimina a un colectivo especialmente vulnerable”, Carbonell no explica en su respuesta por qué no resulta “procedente” cambiarlo. Se limita a mencionar que ya existe el título Refugi -creado por la anterior corporación-, cuando este bono solo beneficia a quienes han solicitado asilo, por lo que siguen excluidas todas las personas en situación irregular. Por todo ello, València Acull ha vuelto a presentar una nueva queja ante el Síndic de Greuges.