Guatemala: el gobierno pide retirar la inmunidad a la cuestionada fiscal general

ARCHIVO – La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, habla a la prensa tras una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en Ciudad de Guatemala, el 5 de septiembre de 2023. El gobierno del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, pidió el jueves 29 de febrero de 2024 al sistema de justicia que le retire la inmunidad por no haber respondido al pedido del ejecutivo para que explique la política del Ministerio Público sobre derechos humanos. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo)

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El gobierno del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, pidió a la justicia que le retire la inmunidad a la fiscal general, Consuelo Porras, por no atender una solicitud del Ejecutivo para que responda sobre la política del Ministerio Público en materia de derechos humanos.

El pedido fue presentado el jueves por el procurador general Julio Saavedra y el secretario general de la presidencia Juan Guerrero.

“Esta querella se genera ante la negativa de la fiscal general de atender la convocatoria que le hizo el presidente de la república (la cual por ley está obligada a atender) para participar en la junta de gabinete del pasado 29 de enero” para coordinar políticas de Estado sobre la lucha contra la corrupción y la garantía del respeto de los derechos humanos, dijo Saavedra a periodistas tras presentar la solicitud en los tribunales.

Agregó que “estamos aquí para defender los intereses del Estado de Guatemala, para buscar justicia y que estos funcionarios públicos y cualquier funcionario público sea sometido al Estado de derecho”.

Una de las primeras acciones de Arévalo al asumir la presidencia el pasado 14 de enero fue solicitar la renuncia de la fiscal general.

Porras mantuvo una arremetida desde junio de 2023 contra el proceso electoral en Guatemala e incluso intentó evitar que Arévalo participara como candidato al balotaje contra la ex primera dama Sandra Torres, a quién le ganó la presidencia en agosto.

Desde entonces Porras y los fiscales bajo su mando Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Morales Lazo han secuestrados actas electorales y votos, allanado la sede del partido Movimiento Semilla por el que Arévalo llegó a la presidencia y sedes electorales, solicitado órdenes de captura e incluso solicitudes de retiro de inmunidad contra magistrados electorales, Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera.

La fiscal ha sido señalada de perseguir a jueces y fiscales que tuvieron a su cargo investigaciones de casos por corrupción, a opositores del gobierno del expresidente Alejandro Giammattei —de quien es cercana— y a periodistas, muchos de estos exiliados.

Las acciones de Porras han llevado a que gobiernos como los de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea la sancionaran retirándole la visa de entrada. Las sanciones también alcanzaron a los fiscales Curruchiche, Monterroso y Morales Lazo y a los jueces Fredy Orellana y Jimi Bremer, quienes han autorizado las acciones judiciales de la fiscalía.