Lío de platas: comisión investigadora inicia votación de informes que buscan fijar responsabilidades políticas

La Comisión Especial Investigadora (CEI) por el caso de platas políticas de la Cámara de Diputadas y Diputados inició la tarde de este lunes la discusión para votar el informe de conclusión respecto de las presuntas irregularidades de las transferencias de dinero desde entidades públicas mediante convenios a fundaciones.

La sesión, que se inició pasadas las 16:30 horas, tiene por objetivo votar todas las conclusiones que han propuesto los 13 integrantes de la comisión. Como han adelantado desde la oposición, uno de los principales nudos es sobre qué concluirá la comisión respecto del rol del ministro de la cartera, Carlos Montes (PS).

Es que la comisión se estableció para fiscalizar los traspasos directos de recursos ligados al Programa de Asentamientos Precarios del Minvu. Esto luego de que saliera a la luz la firma de tres millonarios convenios entre la fundación Democracia Viva -ligada a RD- y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, y que derivó en una investigación del Ministerio Público por posibles delitos de corrupción, como también una serie de auditorías por parte de la Contraloría.

En total son cinco informes los que se someterán a votación para luego ser trasladados a la sala de la Cámara Baja, si logran mayoría en la comisión (con la aprobación de al menos 7 de los 13 integrantes).

La propuesta del oficialismo -redactada por Mercedes Bulnes y Ericka Ñanco del Frente Amplio, y Carolina Tello del PC- busca establecer que “no existió una estructura y operatoria montada por funcionarios del Ministerio de Vivienda ni por terceros del ámbito privado, en las 16 regiones del país con el propósito de defraudar al fisco. El origen se encuentra en la laxitud de la norma”.

En tanto, la oposición -agrupada en Chile Vamos- acordó una redacción que hablara de una “negligencia inexcusable” del ministro. Esa es la propuesta del presidente de la comisión, José Miguel Castro (RN), junto a los diputados Juan Carlos Beltrán (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Juan Manuel Fuenzalida (UDI), basándose en que la derecha ha cuestionado a Montes como líder jerárquico del ministerio, quien aseguró desconocer las irregularidades que ocurrían en su propia cartera.

La comisión investigadora de la Cámara de Diputados recopiló información sobre el caso de platas políticas iniciado por los millonarios convenios entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

La diputada Yovana Ahumada, quien representa a Antofagasta e integró la comisión fiscalizadora, presentó la propuesta de informe más severa contra Montes. “Es impresentable que el ministro fuese el único que no tuviese conocimiento de los graves actos de corrupción”, dice su borrador.

Por su lado, la diputada del Partido Republicano, Chiara Barchiesi, en un tono más suave, solo señala que el secretario de Estado tiene responsabilidad política.

El otro escrito es el planteado por los diputados Rubén Oyarzo (PDG), Raúl Soto (PPD) y Andrés Jouannet, quienes están de acuerdo en hacer un reproche al rol que tuvieron al jefe de asesores de la Presidencia de la República y exsubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi (RD); la directora de Presupuestos, Javiera Martínez (RD) y la exsubsecretaria de la misma cartera Tatiana Rojas (RD), pero discrepan de la derecha respecto del juicio crítico a Montes.

El informe de los diputados no alineados con el oficialismo centra sus cuestionamientos en Revolución Democrática. En el texto, incluso aparecen mencionados el exministro Giorgio Jackson (RD) y la diputada Catalina Pérez (RD), cuya expareja (Daniel Andrade) y su exjefe de gabinete (Carlos Contreras) suscribieron los contratos entre el Serviu de Antofagasta y la fundación Democracia Viva.

Como reconoció el presidente de la comisión en una entrevista radial la mañana de este lunes, el “nudo principal” de la votación será el ministro Montes. El titular de Vivienda es el único de los aludidos que podría ser acusado por los parlamentarios, que podrían llegar aplicarle una inhabilidad de ejercer cargos públicos por los próximos 5 años.

De hecho, las diputadas del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz y Sara Cocha, en compañía de algunas legisladoras independientes como Yovana Ahumada y Gloria Naveillán, hace dos semanas anunciaron su intención de presentar una acusación constitucional contra Montes. Según las promotoras de este libelo, el informe de la comisión será crucial para proceder a su presentación.

En caso de que ninguna propuesta de informe logre la mayoría, esta comisión culminaría su mandato sin ninguna conclusión. De ser así, la sala de la Cámara Baja ni siquiera tendría que pronunciarse y el ministro de Vivienda evitaría el reproche en su contra.