Los republicanos elevan la presión para “capturar o matar” a los líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación

El senador republicano Tom Cotton, en el Capitolio, en Washington D.C. (EE UU), en una imagen de archivo.

Congresistas republicanos han emprendido una iniciativa legal para meter presión al Departamento de Defensa para que luche contra el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de México. La propuesta de ley fue presentada el jueves de la semana pasada por Tom Cotton, senador republicano por Arkansas. En ella se plantea “exigir reuniones informativas periódicas sobre los esfuerzos para capturar o matar a los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación”. En caso de ser aprobada, el Pentágono tendría que informar al Congreso cada 90 días sobre sus esfuerzos al respecto, aunque la norma no implicaría que el Departamento de Defensa tuviera que poner en marcha una operación para matar a los líderes del cartel.

Para ser tomada en consideración, una propuesta de ley como esta necesita el respaldo de 60 de los 100 senadores, es decir, el apoyo tanto de senadores demócratas como republicanos. La norma no se ha empezado a tramitar y parece poco probable que el Senado le dé luz verde. Los congresistas presentan con frecuencia iniciativas legislativas con las que satisfacer a sus votantes aunque no sean viables. La propuesta es un indicador del estado de ánimo en el Congreso en torno a la violencia de los carteles mexicanos y al aumento de las adicciones al fentanilo, que provoca decenas de miles de muertes cada año en Estados Unidos.

“Los carteles mexicanos de la droga siguen matando a estadounidenses a un ritmo superior al de cualquier grupo terrorista de la historia. Incluso para los estándares de los carteles de la droga, el Cartel Jalisco Nueva Generación es especialmente violento y representa una amenaza directa para la seguridad de los estadounidenses en los estados fronterizos y más allá. Ya es hora de que la administración Biden desarrolle una estrategia para que estos asesinos rindan cuentas”, dijo el senador Cotton en un comunicado al presentar la iniciativa.

El congresista republicano por Texas Morgan Luttrell, antiguo miembro de un equipo militar de operaciones especiales, está introduciendo en paralelo una propuesta similar en la Cámara de Representantes. “Nuestra frontera está siendo explotada por los carteles, ya que dirigen una de las operaciones de tráfico de personas y de drogas más extensas del mundo, sin dejar ningún rincón de nuestro país sin tocar por el peligro de la actividad de los carteles”, dijo Luttrell en un comunicado. “Esta legislación deja claro que el Cartel Jalisco no puede permanecer envalentonado en nuestra frontera y que el ejército de los Estados Unidos debe estar preparado para enfrentarse y eliminar [a ese grupo criminal], si se determina que el mejor curso de acción es utilizar las Fuerzas Armadas de nuestro gran país”, añadió.

Morgan Lutterell, en Washington D.C. (EE UU), el pasado 10 de enero.

Con frecuencia, los republicanos han mezclado en el debate político interno estadounidense el tráfico de drogas con la inmigración ilegal, dado que consideran que no se ha asegurado la frontera sur. Recientemente, sin embargo, los republicanos han bloqueado una propuesta que ellos mismos habían exigido para dotar de más fondos a las fuerzas de seguridad en la frontera y reformar la legislación para frenar la inmigración. Para ello han sido determinantes las presiones de Donald Trump, probable candidato republicano a las elecciones presidenciales de noviembre, que quiere usar la cuestión migratoria y la frontera como tema estrella de su campaña.

En EE UU ha crecido la preocupación sobre los cárteles mexicanos y la penetración de sus negocios ilícitos en el lado de su frontera. El CJNG es conocido no solo por la vastedad de sus recursos y su poderío armamentístico, sino también por su violencia y crueldad, aún más exaltada en su batalla con el Cartel de Sinaloa por el control de los mercados dentro y fuera de México. Los políticos republicanos han mostrado en varias ocasiones su inclinación a que el Gobierno de EE UU clasifique a los carteles como organizaciones terroristas. En marzo del año pasado, los congresistas republicanos ya habían endosado una iniciativa que pretendía facultar a las Fuerzas Armadas estadounidenses en el combate del tráfico de fentanilo desde México.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha sido enfático en su rechazo a esas propuestas, que considera injerencistas y que vulneran la soberanía nacional. El mandatario, del partido izquierdista Morena, tiene un enfoque distinto para el combate a los carteles, menos de confrontación armada y más tendiente a resolver lo que él denomina las causas sociales de la violencia, mediante ayudas gubernamentales para la población pobre y campañas de inculcación de valores. Esa estrategia ha sido muy criticada por la oposición mexicana, ante las elevadas cifras de homicidios y desapariciones de personas.

No significa que el Gobierno mexicano esté cruzado de brazos y no haya cooperado con las autoridades estadounidenses en esfuerzos coordinados para tender un cerco a los carteles. En los primeros años de la actual Administración, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló más de 20.000 cuentas bancarias vinculadas a organizaciones criminales. La mayor cantidad de recursos ilícitos retenidos pertenecía al CJNG.

Las autoridades han buscado para asfixiar la red de apoyo del cartel. En 2022, el Gobierno de México capturó a Antonio Oseguera, hermano del líder del Cartel Jalisco, Nemesio Oseguera, El Mencho, y lo extraditó a EE UU, bajo cargos de tráfico de cocaína y metanfetaminas. El año pasado, otro pariente de El Mencho, su cuñado Gerardo González Valencia, jefe de la organización criminal Los Cuinis —aliado del CJNG—, fue sentenciado en EE UU a cadena perpetua por traficar cocaína a través de cadáveres de tiburones. Además, el Departamento del Tesoro ha bloqueado recientemente los activos de un proveedor de armas del cartel, así como de un jefe policial del Estado de Jalisco —base de operaciones del CJNG— y de otros cinco miembros de su estructura. Hace tres meses, el Gobierno estadounidense también sancionó a 12 empresas y tres testaferros que blanqueaban dinero para el grupo criminal.

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