Congreso: Magaly Ruiz también habría recortado el sueldo a la enamorada de su hijo

Un caso más se suma a la lista de extrabajadores que denuncian haber sido víctimas de recorte de sueldos por parte de la congresista Magaly Ruiz, de la bancada de Alianza para el Progreso. Aunque ha sido blindada dentro del Congreso de la República, su caso avanza a paso firme a nivel de la Fiscalía de la Nación. Ya se ha tomado testimonio a Camila Mantilla, expareja del hijo de la parlamentaria, quien también habría sido perjudicada con esta modalidad de adueñarse parte de su remuneración.

Camila Mantilla llegó al Congreso en busca de prácticas; ella era la pareja de Jeffrey Marrufo, hijo de la parlamentaria Magaly Ruiz. La joven rindió su manifestación ante los fiscales y relató cómo fue víctima de recorte salariales durante su etapa como trabajadora del despacho congresal.

“Camila es otra víctima más de esa situación. Una situación donde la congresista se aprovecha de la necesidad de prácticas de una joven de 21, 22 años, y luego de la relación sentimental que mantenía con su hijo, para proponerle ingresar al despacho e, inmediatamente después, apropiarse de parte de su sueldo”, declaró Roberto Pereira, abogado de Camila Mantilla.

Según ha declarado la joven ante Fiscalía, la congresista le manejaba la tarjeta de pagos del Congreso: “Al segundo cobro de remuneración, se le exige a Camila que saque una tarjeta nueva. Tarjeta que es entregada a su requerimiento a la congresista y ella es la que tiene el control absoluto de esa tarjeta, durante todo el tiempo que duró la relación laboral de la señorita”.

En tanto, la joven entregó al Ministerio Público el reporte bancario de la mencionada tarjeta que usado Magaly Ruiz. Con ello, la defensa busca acreditar que Camila Mantilla se convirtió en otro caso más de una trabajadora a la que se le recortó el sueldo de manera sistemática en el despacho de Magaly Ruiz.

“Es claramente una relación de aprovechamiento del contexto de presión a la que se somete a las personas para poder trabajar y que se apropien de su sueldo. Quien domina toda la escena y tiene el control de todo esto es, sin duda alguna, la congresista y los legisladores en general que han incurrido en esta práctica ilícita”, dijo el letrado.

Fiscalía presentó denuncia constitucional

En tanto, la Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó —este miércoles 24 de mayo— una denuncia constitucional contra la congresista Magaly Ruiz Rodríguez, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), por ser la presunta autora del delito de concusión, en concurso real con el delito de colusión agravada, en perjuicio del Estado, por el caso de recorte de sueldos a trabajadores del Parlamento.

“En cuanto al delito de concusión, lo hechos están referidos a la contratación —como trabajadores de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la Emergencia Sanitaria del Congreso de la República— de Carlos Augusto Marina Puscan y María Greta Deza Batallano; delito imputado en concurso real con el delito de colusión agravada, vinculado a la contratación de Camila Melissa Mantilla Heredia en el despacho congresal”, se lee el comunicado.

En tanto, el Ministerio Público informó que el último 11 de abril se iniciaron diligencias preliminares contra la parlamentaria Magaly Ruiz, Richard Rojas Gómez y Alex Rojas Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible. A Richard Rojas Gómez también se le imputa por patrocinio ilegal.

Amenazas a trabajadores que declaren a Fiscalía

En enero del 2024, dos extrabajadores del despacho de Magaly Ruiz contaron ante Fiscalía que se les recortó parte de algunos bonos y que, además, cada mes debían alimentar una suerte de caja chica para gastos de la congresista. Uno de estos extrabajadores incluso refirió que recibió amenazas para no decir la verdad en sus primeras declaraciones ante el ministerio Público.

“Estuve condicionado por la congresista a no declarar la verdad. Pues, caso contrario, perdería mi trabajo y se me cerrarían puertas laborales en el Congreso. Me dijeron que ya sabía que tenía que hacer y que estaba bajo constante evaluación”, relató el testigo protegido.