20 de las 32 entidades de México podrían sufrir mayores niveles de estrés hídrico en 2050, de acuerdo con un nuevo informe de la agencia de calificación de riesgo S&P Global Ratings. El análisis advierte que, en estas condiciones, cerca del 60% del territorio mexicano experimentaría un menor crecimiento económico a medida que las sequías se intensifiquen.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente explica que el estrés hídrico ocurre cuando la demanda de agua dulce es mayor a la cantidad disponible durante un periodo determinado o cuando su uso se ve restringido por su mala calidad. El indicador no solo se determina por la frecuencia de los eventos de escasez de agua. Las actividades industriales, el crecimiento demográfico y las políticas públicas adoptadas para garantizar el suministro del líquido son factores que influyen al momento de determinar el riesgo.
En México, el estrés hídrico está alcanzando niveles sin precedentes a causa de la sequía y las altas temperaturas.
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El riesgo de sequía promedio en México es medio, pero los niveles de estrés hídrico son altos o extremadamente altos para la mayoría de los estados.
El estudio de S&P Global Ratings está basado en las Trayectorias Socioeconómicas Compartidas (SSP, por sus siglas en inglés) establecidas por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Son proyecciones hipotéticas de cambios socioeconómicos que se utilizan para derivar escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, en función de diferentes políticas climáticas.
El informe presenta proyecciones para las próximas tres décadas con escenarios que consideran emisiones de gases de efecto invernadero y modificaciones de temperatura moderados. El contexto supone un aumento de 2°C en el calentamiento global promedio para 2050, con referencia a los registros del periodo preindustrial.
Los hallazgos indican que en este decenio (2020 y 2030), 11 de las entidades federativas ya enfrentan un alto estrés hídrico. Las regiones con mayor exposición son Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas y Guanajuato. Ante circunstancias climáticas con emisiones moderadas, en los próximos 30 años, los Estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo, Colima y Jalisco se sumarán a la lista.
Los territorios de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Veracruz y Tabasco conservarán un riesgo de estrés hídrico bajo, debido a las condiciones húmedas de los ecosistemas que hospedan y a una actividad industrial menor respecto al resto del país. No obstante, el reporte advierte que cambios en las estructuras sociales y económicas no considerados en la evaluación podrían incrementar la demanda de agua en los próximos años.
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El impacto económico del estrés hídrico en México
Las regiones con una estructura economía basada en actividades sensibles a la disposición de agua están más expuestas a padecer estrés hídrico y perder inversiones en consecuencia. Las industrias consideradas como susceptibles a la falta del líquido son la agricultura, la producción de alimentos y bebidas, la fabricación textil, los productos químicos, la construcción, la fabricación de automóviles, la generación de energía y el turismo. En Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas y Aguascalientes más del 40% de las actividades económicas están relacionadas con estos sectores.
“Dado que el agua es un insumo crítico para ciertos procesos de fabricación, las frecuentes interrupciones en el suministro de agua pueden afectar cada vez más las decisiones de inversión y provocar el traslado de las industrias sensibles al agua a Estados menos expuestos. Esto podría limitar y presionar las expectativas de crecimiento económico de las entidades con alta exposición al estrés hídrico”, advierte el estudio.
Los analistas de S&P Global Ratings determinan que la vulnerabilidad de la mayoría de las entidades de la República Mexicana al estrés hídrico se ve agravada por “una inversión insuficiente en infraestructura hídrica”, derivada de la fragilidad económica y presupuestal. La calificadora evaluó como débil o muy débil el desempeño presupuestario del 87% de los Estados. La economía de los gobiernos locales y regionales (GLR) también se incluyó en estas categorías en el 90% de los casos.
“Conforme aumentan las tensiones sobre los recursos hídricos, los riesgos para los GLR incluyen un deterioro del crecimiento económico y de las finanzas públicas, así como interrupciones en el suministro de agua a la población que podrían provocar disturbios sociales o emigración. Estos factores podrían presionar a los gobiernos federal y locales para que implementen medidas de emergencia costosas, lo que debilitaría su desempeño financiero”, señala el informe.
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