El PP se querella contra el fiscal general del Estado por su "desviación de poder"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El PP ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el nombramiento «arbitrario» y «contrario al informe del Consejo Fiscal» de su predecesora en el cargo y ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo.

En el texto de la querella, los populares señalan que García Ortiz, «en base, a buen seguro, de promesas anteriormente hechas, propone a la señora Dolores Delgado, su anterior jefa, en contra del criterio del Consejo Fiscal, a la condición de fiscal de Sala así como su nombramiento como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo, convocatoria que», recuerdan, «se había gestado cuando la señora Delgado era fiscal general del Estado».

Explican también que los hechos que motivan la querella fueron enjuiciados en sede contencioso administrativa y la sentencia concluyó que «existía desviación de poder en la propuesta realizada».

El Tribunal Supremo, añaden, «podría apreciar que la proposición del señor Álvaro García Ortiz es arbitraria y contraria al informe del Consejo Fiscal» y, además, deducen de ello que «la actitud» del actual fiscal general del Estado «reviste la apariencia de un delito de prevaricación, según el artículo 404 del Código Penal». Señalan también, que el propio García Ortiz sabía, cuando propuso a Delgado, que dicho nombramiento carecía de respaldo legal y, aunque la designación fue hecha por el Consejo de Ministros, «no cabe ninguna duda que la proposición de García Ortiz tenía carácter decisivo».

El nombramiento de Dolores Delgado se hizo pues, según la querella del PP, «sin ningún esfuerzo argumentativo, sin respaldo normativo y sobre la base de unos argumentos ajenos a la jurisdicción correspondiente, basados exclusivamente en su obstinación personal».

Los populares insisten en su querella en que la proposición dirigida por Álvaro García Ortiz «es un acto susceptible de ser calificado en sí constitutivo de delito de prevaricación». Y concluyen: «La proposición tenía por objeto pagar una deuda de gratitud y propiciar que la anterior fiscal general se reincorporara a la carrera fiscal en la más elevada categoría aunque no exista previsión legal para ello».