Cayó el presunto asesino de parapentista en Tuluá. Lo habrían matado por repartir publicidad en favor de candidato contrario a la banda La Oficina

Otro de los presuntos responsables del asesinato del parapentista Jorge Iván González, el 30 de septiembre de 2023, en Tuluá (Valle del Cauca), fue judicializado. Un homicidio que pone sobre la mesa la complicadísima situación de seguridad que enfrenta esta ciudad, y que deja claro, como lo ha venido demostrando la Fiscalía, que quienes gobernaban eran los criminales.

John Jairo Gómez, exalcalde de Tuluá, es investigado por sus alianzas con grupos criminales como la Inmaculada.

González fue asesinado cuando distribuía publicidad electoral mientras sobrevolaba varios sectores de la ciudad. Debido a las condiciones meteorológicas que empezaban a empeorar, descendió en la zona conocida como Brisas del Valle, en el barrio San Francisco.

“Tan pronto el parapentista aterrizó, Rodríguez Rengel y otros hombres armados lo habrían interceptado, increpado por la actividad que realizaba y disparado indiscriminadamente causándole la muerte. Posteriormente, los señalados agresores arrastraron el cuerpo y lo arrojaron al río Tuluá”, informaron desde la Fiscalía.

Este asesinato dejó claro para el país una realidad que hoy está sobre la mesa, en Tuluá era imposible hacer campaña sin terminar muerto, por eso, el candidato ganador, Gustavo Adolfo Vélez, no encontró más remedio que volantear desde el aire y ni así lo logró, terminó asesinado el parapentista.

Por todo lo anterior, un fiscal del grupo de homicidios colectivos de la Dirección de Apoyo Territorial imputó a alias Chamo los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El investigado no aceptó los cargos y recibió una nueva medida de aseguramiento en centro carcelario. Actualmente, permanece privado de la libertad por otro proceso que se sigue en su contra por tráfico de estupefacientes.

El gobierno criminal

La Fiscalía tiene tras las rejas al exalcade de Tuluá, John Jairo Gómez, quien estaba al servicio de bandas criminales y buscaba su reelección en cuerpo ajeno a través del coronel en retiro Jorge Alexánder Gallego, también detenido, al lado de otros dos exsecretarios de su gobierno.

Lo que sucedía en esta ciudad era escandaloso, según las pruebas recolectadas. “La colaboración para los señores de las botas altas”, así, sin reparos, ni temores, una mujer que trabajaba en la campaña de quien se supone sería el sucesor del entonces alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, hablaba con su jefe sobre la “colaboración” que tenían pendiente con un grupo de criminales que la mujer no tiene problema en reconocer que se trata de la “guerrilla”.

“Los señores de las botas, la guerrilla pues, ya es la segunda vez y está toda rara, toda rancia, entonces le pide uno un favor y no es capaz de hacerlo, el alcalde debe saber que los secretarios no están haciendo el mínimo favor”, se escucha en la conversación en la que advierten que los secretarios de despacho en Tuluá no “colaboraban” con la campaña.

En los audios se habla de una alianza con la Inmaculada, de “parar” las extorsiones como un favor al coronel Gallego antes de convertirse en alcalde. Las conversaciones anticiparon una relación corrupta con un propósito electoral. Los delincuentes advierten la diferencia entre una extorsión y un “apriete”, una forma de presión a las víctimas.

Asesinan a parapentista en el Valle del Cauca

Informante: El hombre me dijo que le colaboráramos en una vueltica, si podíamos desabrochar una cosa, yo le dije que voy a hablar con ellos, pero no creo. Que si le podemos colaborar que aflojen un poquito la extorsión y todo eso.

Óscar: No es extorsión, son aprietes, y ellos saben cuál es el apriete, sino lo que yo le digo de la extorsión hay que parar, nosotros vamos a hablar eso, una cosa es la extorsión y otra los aprietes.

Como si se tratara de una organización delictiva y no de funcionarios públicos, las conversaciones que logró interceptar la Fiscalía advierten una manguala creada con el único objetivo de apropiarse de recursos públicos y destinarlos a una campaña política; también para financiar las fiestas de grupos criminales como la Inmaculada y la “guerrilla”, aunque no aclaran si es el ELN o las disidencias de las Farc.

“Hay que hacer que este huevón muestre su ventaja como experto en seguridad, ¿sí me entendés?, su experiencia en la dirección nacional, en la dirección de la Policía de Bogotá; yo no sé, devolvamos lo que ellos tienen para hacer en contra de nosotros, volvámoslo a nuestro beneficio, ¿sí me entendés?”, se escucha en la voz del entonces alcalde John Jairo Gómez.

Los funcionarios comprometidos y capturados por la Fiscalía eran conscientes de la ilegalidad de sus actuaciones, incluso anticiparon su llegada a la cárcel. Lo decían en las conversaciones, lo revelaron los testigos. Los contratos eran irregulares y los responsables se inmolaron por la campaña del coronel Gallego y bajo las órdenes del alcalde Gómez, quien, más que mandatario, se comportaba como cabeza de una organización criminal.