Cae familia delictual que se hacía pasar por trabajadoras sexuales para engañar a clientes: los amenazaban con “funarlos”
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Una familia completa fue detenida en las últimas horas, luego de que se descubriera que engañaban a clientes haciéndose pasar por trabajadoras sexuales, amenazándolos después de “funarlos” en redes sociales.
Fue Gastón Vásquez, (31 años), Paulina Covalán (41), la hija de ella, Danae Muñoz (22 años) y su hermana Alejandra Vásquez, los que extorsionaron a más de 15 personas, distribuidas entre la ciudad de La Serena, en la región de Coquimbo, hasta la ciudad de Puerto Montt, capital regional de Los Lagos.
El fiscal Enrique Vásquez, citado por 24 horas, describió el hecho: “Me ha tocado investigar extorsiones por ocupaciones de predios y robo de madera, pero nunca relacionados con un servicio sexual. La extorsión es un delito grave. En este caso operaba un clan familiar y tenemos 15 víctimas confesas desde La Serena a Puerto Montt. Creemos que puede haber más por los montos de dinero que ellos manejaban. Seguramente no hicieron la denuncia por vergüenza”.
La metodología del engaño era la siguiente: las víctimas (todos hombres adultos) entraban a una página web en la que se ofrecían los servicios sexuales. Una vez allí, elegían a alguna prostituta, lo que los redirigía a un chat de WhatsApp. Ahí entonces la mujer pedía $40 mil como reserva. Al reclamar por la reserva, eran chantajeados.
El fiscal Vásquez explicó: “La principal amenaza era la difamación pública en redes sociales. Lo que se conoce porpularmente como funa. Con la misma foto de perfil de las víctimas, la supuesta escort creaba una publicación donde salía su nombre con las palabras ‘pervertido’, ‘degenerado’ y decía que lo iba a compartir en Facebook. También afirmaban que llegarían con prostituras y travestis hasta su domicilio para que su familia se enterara. En un caso hubo hasta una amenaza de muerte”.
En algunos casos, las víctimas llegaron a pagar hasta $900 mil para evitar ser “funados”.
Los movimientos bancarios de la banca, a los que tuvo acceso la entidad persecutora, eran de al menos $70 millones.